Miguel Peiretti
La organización, que en el ámbito policial y vecinal fue bautizada bajo el alias de Las Patronas del Este, está señalada por coordinar una aceitada logística de distribución de estupefacientes que conectaba las ciudades de San Francisco y Morteros.
Las imputadas afrontan cargos graves por la presunta comercialización de estupefacientes, un delito bajo la Ley Nacional 23.737 que estipula escalas penales que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión. Con el inicio de las audiencias, el tribunal cordobés buscará determinar el grado de responsabilidad de cada una de las involucradas en la estructura delictiva.
Una logística de delivery interlocalidad
La causa penal se originó a partir de una investigación de cuatro meses llevada adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la cual culminó con una serie de allanamientos masivos en diciembre de 2024. Según el expediente de la acusación, la banda funcionaba de manera piramidal. Una de las mujeres, radicada en San Francisco, actuaba como la proveedora principal del material ilegal, mientras que las cinco restantes se encargaban del fraccionamiento, resguardo y venta al menudeo en distintos barrios de Morteros utilizando la modalidad de delivery.
Al momento de ser desarticulada, la banda presentaba una llamativa diversidad de edades entre sus componentes, registrándose detenidas de 18, 19, 23, 40, 43 y 52 años. Además, los registros judiciales sumaron un agravante al proceso, ya que tres de las mujeres procesadas ya contaban con antecedentes penales previos por violar la misma ley de drogas, lo que podría complicar su situación ante un eventual pedido de condena por reincidencia.
El botín secuestrado en el operativo
Durante los cinco allanamientos simultáneos que hicieron caer a la organización, cuatro de ellos localizados en Morteros y uno en San Francisco, las fuerzas tácticas de seguridad secuestraron elementos contundentes que hoy forman parte de la prueba central del debate. Los agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico incautaron 112 dosis de cocaína listas para su comercialización, varias dosis de marihuana y comprimidos de psicofármacos.
En las mismas propiedades se logró el secuestro de más de 832.000 pesos en efectivo, dinero que presuntamente fue recaudado por la actividad ilícita de venta de sustancias. A este botín se le sumó un revólver calibre .32 corto y tres vehículos particulares que habrían sido utilizados por las imputadas para el traslado y la distribución diaria de los estupefacientes.
El avance del debate en Tribunales
A casi dos años de aquellos operativos, el proceso penal que se desarrolla en los tribunales cabecera del departamento San Justo entra en su etapa de definiciones. El hermetismo judicial respecto a las identidades de las acusadas se mantiene estricto, pero se espera que la lectura de los alegatos y el posterior veredicto arrojen luz sobre una de las causas de drogas más resonantes de la región en el último tiempo.
