Miguel Peiretti
A la fecha, el Tribunal Oral Federal N.° 1 de Córdoba aún no ha fijado el día y la hora exacta para el inicio de las audiencias de debate en la sala de juicio en el marco de la megacausa por la estafa de la Asociación Mutual de Altos de Chipión. Tras haber quedado firme la resolución del juez Julián Falcucci que elevó formalmente el expediente, el proceso ingresó en una fase técnica decisiva que determinará la estructura final del debate oral y público.
Actualmente, el caso transita por la etapa de instrucción suplementaria y ofrecimiento de pruebas. En este período clave, tanto la fiscalía federal como las defensas técnicas de los nueve imputados —entre los que se destacan el ex gerente Lucas Priotti y los integrantes de la familia Gorgerino— se encuentran presentando los testigos, peritajes contables y documentos oficiales que se expondrán ante el estrado. Una vez que el tribunal analice, apruebe o rechace estos elementos, los jueces estarán en condiciones de dictar el decreto que fije el calendario definitivo de las audiencias.
Fuentes judiciales estiman que el cronograma podría conocerse de cara a la última parte del año, dada la complejidad del volumen pericial y la existencia de más de 500 damnificados en la región.
Millonarios embargos vigentes
Mientras se aguarda la fecha del juicio, la Justicia Federal mantiene estrictas medidas cautelares sobre los procesados para asegurar fondos ante eventuales resarcimientos por el perjuicio global, estimado en unos 3 millones de dólares. Los acusados llegan a esta instancia en condición de libertad ambulatoria bajo fianza, pero con un severo bloqueo de activos en la que el ex gerente Lucas Priotti, el presidente, secretario y tesorero respectivamente Fabio González, Carlos Tomatis, Oscar Larivey, además el contador Rodrigo Vincenti y los empresarios, Delcar, Julio, Adrián y César Gorgerino afrontan congelamientos patrimoniales por distintos montos
Un expediente "limpio" para el debate
El Tribunal Federal logró destrabar los plazos del proceso gracias a una decisión estratégica: separar las denuncias por estafas comunes entre particulares devolviéndolas a la órbita de la justicia ordinaria provincial. De esta manera, el expediente principal quedó libre de apelaciones cruzadas o recursos burocráticos.
En las futuras audiencias en la ciudad de Córdoba, el tribunal se concentrará única y exclusivamente en juzgar el funcionamiento de lo que se denominó una "cueva financiera" que operaba captando ahorros de forma masiva sin autorización del Banco Central, bajo las graves tipificaciones penales de asociación ilícita e intermediación financiera agravada, delitos que contemplan penas de hasta 10 años de prisión.
