Miguel Peiretti
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza en la confección de un nuevo proyecto de ley de amplio alcance que pretende profundizar la liberalización de múltiples sectores de la economía. El borrador de la iniciativa, que consta de 144 páginas y emula el espíritu de la "Ley Hojarasca", propone la derogación de 13 leyes y la modificación de otras 50. A pesar del impacto de las reformas, desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclararon que el texto "no es oficial", todavía no superó los filtros de la Casa Rosada y no se encuentra en la agenda parlamentaria inmediata.
El proyecto apunta a introducir cambios sustanciales en el ejercicio profesional, el comercio minorista y sectores productivos clave:
Mercado Inmobiliario: Flexibiliza las condiciones para ejercer el corretaje, eliminando la obligatoriedad del título universitario de Martillero y Corredor Público (bastará con el secundario completo y la mayoría de edad). Asimismo, prohíbe establecer aranceles o comisiones sugeridas, dejando los honorarios sujetos a la libre negociación, y avala la creación de plataformas digitales para legalizar la actividad.
Medicamentos y Farmacias: El texto restablece la habilitación para comercializar fármacos de venta libre por fuera de las farmacias, autoriza canales de venta digital y valida el servicio de envío a domicilio bajo condiciones específicas.
Actividad Librera: Promueve la derogación de la Ley N.º 25.542, suprimiendo el precio uniforme de venta al público de los libros. Esto habilitaría a las grandes cadenas y supermercados a aplicar descuentos agresivos, modificando las condiciones de competencia para las librerías independientes.
Gas Licuado de Petróleo (GLP): Deroga la Ley N.º 26.020, quitándole el estatus de "servicio público" al gas en garrafas y cilindros. El Estado perdería la facultad de fijar precios de referencia, regular cupos y subsidiar la garrafa social, limitándose exclusivamente a controles de seguridad.
Agro y Vitivinicultura: Propone reformas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), volviendo optativos los controles de origen, año y variedad. En el sector ganadero, estipula que a partir del 1 de octubre de 2027 el SENASA y la Secretaría de Agricultura dejen de recaudar los aportes obligatorios que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), transformándolos en contribuciones voluntarias.
Otras áreas afectadas: Suprime el régimen legal de Zonas Francas (Ley N.º 24.331), modifica normativas de navegación comercial y reduce los casos de obligatoriedad para la intervención de traductores públicos en la Administración Pública.
