Córdoba tiene "Ley Antibúnker": la Legislatura aprobó el uso de bienes del narcotráfico para seguridad y adicciones

El propio gobernador Martín Llaryora había encabezado la presentación del proyecto horas antes del debate legislativo. En dicho acto estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de Justicia y Trabajo, Julián López, junto al legislador Facundo Torres. Desde el Gobierno provincial enfatizaron que esta normativa constituye "una herramienta central" para profundizar la lucha contra el narcotráfico y reafirmaron que "Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico".

¿En qué consiste el nuevo régimen preventivo?

La ley crea un marco administrativo y judicial específico que habilita a actuar con rapidez sobre búnkeres de venta de estupefacientes, aguantaderos, guaridas o edificios abandonados y deteriorados que favorezcan el delito y afecten la convivencia vecinal.

Respetando siempre las competencias judiciales y el debido proceso, las autoridades podrán realizar inspecciones e informes técnicos para ejecutar de inmediato las siguientes medidas preventivas:

·         Cerramientos y bloqueos de accesos.

·         Clausuras provisorias y tapiados de las estructuras.

·         Custodia o aseguramiento de los inmuebles.

El fin supremo de estas acciones es impedir que las propiedades utilizadas para fines ilícitos vuelvan a transformarse de forma reiterada en focos delictivos para los barrios. Para coordinar estas tareas, se creará la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, permitiendo articular el trabajo entre los ministerios, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los intendentes de los gobiernos locales.

Destino del dinero y bienes decomisados

Otro de los pilares centrales de la flamante ley establece un esquema claro y transparente para la administración de todos los recursos económicos y bienes que sean decomisados en causas judiciales vinculadas al narcotráfico:

·         60 por ciento: se destinará al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

·         40 por ciento: financiará los programas de prevención y abordaje integral de las adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.