Cobardía y rendición ante el final del Inta Brinkmann

La desaparición de esta oficina clave expone una alarmante radiografía del noreste cordobés: la de una comunidad adormecida, domesticada que prefirió entregar casi seis décadas de capital científico antes que asumir el más mínimo costo político de defenderlo.
La asfixia presupuestaria dictada desde los escritorios porteños fue el argumento para su ejecución material. Sin embargo, el acta de defunción, la firmaron por omisión y comodidad, quienes en los últimos años dejaron que solo sea una venta de cursos y ante la falta de recursos para dar continuidad dejan vacío al edificio para que sea desmantelado.
Desde estas páginas adelantamos lo que termina ocurriendo, pero nadie levantó el teléfono para articular una acción, sino que quedaron en la comodidad de la obediencia y el sálvese quien pueda.
Esta parálisis colectiva constituye una abierta traición al pasado y al esfuerzo de los verdaderos constructores del entramado rural. El Inta no llegó a Brinkmann por inercia burocrática en 1968. Fue el logro de visionarios que batallaron para aportar al desarrollo y crecimiento productivo, de técnicos que caminaban pisando barro y bosta de vaca junto a dirigentes que ponían el cuerpo y no cedían ante un proyecto comunitario, en cambio en estos tiempos se rifa el futuro por falta de coraje.
Sin embargo, el análisis periodístico quedaría incompleto si se pasa por alto la dinámica interna de la propia agencia. La salida de la ingeniera agrónoma Marcela Leiva, quien optó por la renuncia junto al  personal, abre un interrogante incómodo sobre la naturaleza de la última conducción local. Quienes conocen la historia del cooperativismo regional recuerdan que el Inta sobrevivió a sucesivas crisis e hiperinflaciones gracias a que sus referentes históricos no se limitaban a esperar las partidas de Buenos Aires; salían a la tranquera, se embarraban junto al productor y forzaban el cofinanciamiento de las actividades si el Estado central fallaba.
En contraste, la actual gestión pareció replegarse sobre la frialdad del presupuesto oficial. Ante el recorte, la respuesta institucional no fue convocar a una asamblea abierta con las bases tamberas, ni golpear las puertas de las intendencias vecinas con carpetas técnicas para exigir un salvataje conjunto. Faltó esa mística de extensión que históricamente caracterizó al organismo. Al elegir una retirada silenciosa firmada en un papel de renuncia de escritorio en lugar de la movilización comunitaria con las bases, la conducción puertas adentro le facilitó el trabajo a los liquidadores nacionales. El cierre se procesó como un simple trámite burocrático de ventanilla porque se prefirió entregar la llave antes que dar la pelea.
Las consecuencias de esta agachada histórica y esta claudicación administrativa se pagará caro, cuando el pequeño y mediano productor entienda que quedará a merced de los intereses de grandes grupos económicos. El silencio y retirada no es neutralidad, es complicidad explícita con el desmantelamiento productivo de la región.