Miguel Peiretti
La Justicia federal investiga un presunto caso de explotación sexual en entornos digitales que tiene como principal acusado a un joven de 30 años de apellido Núñez, que fue detenido la semana pasada en Rosario (Santa Fe), en el marco de una causa que busca determinar el alcance de las maniobras y el número total de jóvenes damnificadas. Por esta causa hay víctimas oriundas de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Según la investigación, Núñez habría captado a mujeres jóvenes a través de redes sociales, especialmente Instagram, donde operaba mediante perfiles como "ArgentinaCasting" y "GianCasting".
A través de estas cuentas, ofrecía dinero a cambio de la grabación de contenido sexual, bajo una serie de condiciones que resultaban determinantes para lograr el consentimiento de las víctimas. Entre las promesas realizadas, aseguraba que el material sería monetizado, que su difusión estaría limitada al exterior y que no tendría circulación en la Argentina.
Sin embargo, la pesquisa judicial sostiene que, tras concretar los encuentros, el acusado publicaba los videos en plataformas abiertas y sin restricciones geográficas, lo que facilitaba su rápida viralización, incluso en los entornos cercanos de las mujeres involucradas. De acuerdo con la causa, los encuentros se llevaban a cabo en hoteles o departamentos alquilados en distintas provincias del país. En esos lugares, Núñez filmaba el material y hacía firmar a las jóvenes contratos mediante los cuales cedían los derechos de imagen de forma irrevocable. El caso está en manos de la Justicia federal de Rosario, Santa Fe, que ya imputó formalmente al acusado por presunta explotación sexual digital y dispuso su prisión preventiva.
Las últimas cinco víctimas, cuyos hechos permitieron la ampliación de la imputación del sospechoso, contaron en Cámara Gesell que habían sido engañadas para acceder a grabar las imágenes que no solo se veían en el extranjero, sino que también se viralizaron en diversas plataformas y aplicaciones, con alcance incluso en sus entornos familiares y afectivos, lo que les generó situaciones de angustia y afectaciones en su salud psicológica.
Al momento de formalizar la investigación, la fiscalía sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de un dispositivo organizado, sostenido en el tiempo y con alcance geográfico extendido, en el que el imputado captaba a las víctimas, producía el contenido y lo monetizaba de manera continua.
Según se destacó, el modelo implicaba un pago único a las jóvenes, frente a una explotación económica prolongada mediante la difusión indefinida de los videos, lo que configura —de acuerdo con la acusación— una modalidad de trata de personas adaptada a entornos digitales.
El delito conlleva una pena de entre 8 y 12 años de prisión.
