La tragedia ocurrida en San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante de 15 años ingresó armado a su escuela y mató a tiros a un compañero de 13 años e hirió a otros dos, no es un hecho aislado: es el resultado de una política irresponsable en torno a las armas de fuego.
Es el primer caso letal de violencia armada en una escuela desde la masacre de Carmen de Patagones, en 2004. Aquella tragedia dio lugar a una política sostenida durante dos décadas por gobiernos de distinto signo, orientada a reducir la circulación de armas y prevenir la violencia armada. Ese consenso hoy se está desmantelando por impulso oficial.
El Gobierno nacional impulsa una visión binaria, simplista y peligrosa: las armas serían un problema solo cuando las usan “delincuentes”, pero una solución cuando están en manos de “personas de bien”. Esa idea desconoce la evidencia y la realidad.
Todas las armas matan. Y la mayoría de las muertes no ocurre en robos ni en legítima defensa, sino en conflictos interpersonales, violencia de género, suicidios o accidentes. La disponibilidad de un arma convierte cualquier situación de crisis en un hecho potencialmente letal.
Sin embargo, en lugar de advertir sobre estos riesgos, el Gobierno decidió facilitar el acceso: bajó la edad mínima de 21 a 18 años, habilitó fusiles semiautomáticos de alto poder de daño, flexibilizó controles, promovió mecanismos de acceso “express”, desarticuló la agencia de control y abandonó el plan de desarme voluntario.
Estas decisiones no son abstractas. Tienen consecuencias.
Argentina mantiene hoy una de las tasas de homicidio más bajas de la región. Eso no es casual: es el resultado, entre otros factores, de políticas activas de control de armas. Desmantelarlas implica asumir un riesgo evidente.
Lo ocurrido en Santa Fe no puede leerse al margen de este contexto. Cuando se facilita el acceso a armas y se naturaliza la violencia desde el discurso público, el riesgo se multiplica. La combinación es conocida: más armas y mayor legitimación equivale a más muertes.
Frente a esta tragedia, no alcanza con la conmoción. Hace falta responsabilidad política.
La inmediata reactivación y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permitió retirar de circulación más de 200.000 armas.
Dejar sin efecto la habilitación de fusiles semiautomáticos.
Revertir la reducción de la edad mínima de acceso.
Reconstruir una política estatal activa de control y prevención de la violencia armada.
Retomar campañas de concientización sobre los riesgos de la proliferación de armas, especialmente dirigidas a jóvenes.
Cesar en los discursos que promueven o legitiman la violencia.
La sociedad argentina ya tomó una decisión hace años: no quiere vivir en una sociedad armada. Y mucho menos en una donde los jóvenes tengan miedo de morir a tiros en una escuela.
