El contenido del discurso podría sintetizarse en una frase que Pullaro no pronunció explícitamente, pero que dejó entrever en reiteradas ocasiones: “No vamos a detenernos con las reformas, a pesar de las oposiciones”.
Para despejar cualquier duda, aprovechó el inicio de su alocución para referirse a la crisis policial de la semana pasada. Repitió los argumentos que derivaron en los aumentos otorgados al personal policial, pero remarcó que, detrás de esos reclamos atendidos, existió un intento de socavar las políticas públicas.
El gobernador está convencido —y fue explícito en ese sentido— de que algunas acciones de la oposición política, gremial e institucional están asociadas al intento de interrumpir las políticas en marcha: primero en materia de seguridad, un ámbito en el que los resultados son inobjetables, y luego en la reforma del Estado, un terreno donde el humor social, especialmente ligado a las políticas salariales, ha generado una sensación de malestar general que se evidenció con la protesta policial.
A Pullaro nadie lo aparta de los objetivos que se planteó desde el primer día. La seguridad fue una prioridad, pero también lo fue la aplicación de cambios drásticos en educación, la reactivación de la obra pública abandonada, la búsqueda de soluciones para los sectores productivos y el avance sobre reformas del Estado largamente postergadas.
Su gobierno —y él lo repite casi a diario— cumple con el plan de ruta establecido, aunque no sin costos sociales y políticos. Ante cada avance surgieron opositores, y las respuestas se manifestaron de las más diversas maneras: en discursos, en algunas sentencias judiciales, en operaciones mediáticas nacionales y, especialmente, en reclamos salariales.
La reforma de la Caja de Jubilaciones ha sido, sin dudas, la decisión que mayores costos le generó al gobierno. La generalización del aporte solidario para activos y pasivos que superaran ingresos equivalentes a tres salarios mínimos provocó malestar y, en palabras del propio Pullaro, “algunas injusticias”.
Por ello, el dato más relevante en materia de anuncios fue la decisión de no prorrogar dicho aporte para todos los jubilados —no se mencionaron topes ni exclusiones— y la reducción del plazo de aplicación de los aumentos a los pasivos, que pasó de 60 a 30 días.
Salvo en ese punto —que no es menor—, el resto del discurso fue una reivindicación de las políticas iniciadas hace dos años y una reiteración de la idea fuerza de que la provincia debe ser el motor productivo del país. También se sostuvo que los esfuerzos del Estado deben acompañar a quienes se esfuerzan, en una apelación al reconocimiento del mérito, junto con la reivindicación de algunas políticas sociales que lo diferencian de la gestión nacional: el anuncio de la creación de una Agencia para la Niñez y la Adolescencia, la decisión de hacerse cargo de las políticas de medicamentos abandonadas por la Nación y la insistencia en la obra pública como principal aporte estatal a la reactivación económica.
No hubo una mención explícita a posibles aumentos salariales, aunque sí un reconocimiento de las dificultades que afrontan los trabajadores asalariados. Esa referencia, en el contexto del aumento otorgado a los policías, permite inferir que la cuestión no será abordada con la misma rigidez que en años anteriores, aunque —según palabras de un ministro— “tampoco vamos a discutir irracionalidades”, en clara alusión a algunos planteos de la dirigencia gremial docente.
El discurso anticipa una semana breve pero intensa en términos de acción política. Pullaro parece decidido a mantener la iniciativa protagónica, en el marco de lo que interpreta como un contexto en el que algunos sectores, con intenciones maliciosas y desde distintos frentes, procuran utilizar las dificultades de la coyuntura para debilitar su gestión.
El gobernador dejó en claro que algunas cosas de su gestión podrán recalibrarse, pero otras- incluso aquellas que le ocasionan costos- no admiten ningún retroceso.
