Negocios y masacres

(APe).- Rosario, Argentina…
-Esto fue una masacre… que no le vuelva a pasar nunca más a nadie – dijo una de las familiares de las víctimas del fentanilo contaminado en el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario el lunes 3 de noviembre de 2025.
Allí se reunió la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación que intenta aclarar qué intereses y personas se movieron por detrás de la muerte de 124 personas.
En la causa judicial que lleva adelante el juzgado federal número 3 de La Plata, a cargo del doctor Ernesto Kreplak, hay 17 personas imputadas que hasta el momento están vinculadas a la fabricación de las ampollas del medicamento.
La investigación apunta a la producción, distribución de medicamentos adulterados y un posible desvío y tráfico ilegal de estupefacientes por el manejo y desvío no autorizado de fentanilo y la falsificación y manipulación de documentación sanitaria y de procesos de fabricación, con el objetivo de encubrir las irregularidades en la producción, control de calidad, distribución y trazabilidad de los lotes adulterados.
También se investigan desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo SA y comercializados por HLB Pharma que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia.
Las personas fallecidas, 124 casos por ahora, fueron 59 en la provincia de Santa Fe (49 en Rosario); 54 en la provincia de Buenos Aires; 7 en Córdoba; 3 en Formosa y uno en la ciudad de Buenos Aires.
En el norte, desde el año 2010 en adelante, un laboratorio logró la autorización de parte del estado nacional de los Estados Unidos para vender fentanilo en gran escala y de manera legal. Hoy es la principal causa de muerte en el imperio. Una droga instalada desde una empresa en asociación con el estado y que luego desata una adicción fenomenal y letal. La masacre denunciada por las familias estragadas por el dolor en el concejo municipal rosarino no parece estar alejada a esa práctica.
En Brasil, mientras tanto…
-La orden judicial era para arrestos, no para una masacre – sostuvo el presidente de Brasil, Luis Ignacio “Lula” Da Silva el martes 4 de noviembre de 2025 la denominada “Operación Contención” desatada contra las favelas de Penha y Alemao, en Río de Janeiro, el 28 de octubre y que dejó 121 muertos.
“Algunos pueden considerarla un éxito. Pero, desde el punto de vista de la actuación del Estado, creo que fue desastrosa”, subrayó Lula.
Pese a las críticas, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió el operativo y aseguró que las “únicas víctimas reales fueron los policías muertos”, mientras que “todos los demás fallecidos eran delincuentes”.
Mientras las autoridades hablan de un “duro golpe al narcotráfico”, organismos internacionales denuncian una masacre con rasgos de ejecución.
La operación, bautizada “Contención”, fue organizada por el gobierno del estado de Río, conducido por Cláudio Castro, y se desarrolló sin intervención del Ejecutivo nacional.
Según la versión oficial, el objetivo era “neutralizar” a líderes del Comando Vermelho y recuperar el control de zonas donde el narcotráfico actúa con armamento pesado.
Narcotráfico es la excusa para militarizar los barrios populares, mientras por arriba, por los eslabones superiores que siempre encuentran nichos colonizados de los estados nacionales, provinciales y municipales, los negocios del sistema crecen en los bancos con absoluta tranquilidad más allá de las masacres, sean del fentanilo adulterado o las decisiones políticas de dirigentes que solamente buscan en la muerte una mayor cantidad de votos.
Las masacres son partes esenciales de los negocios.
Fuentes: Diario “La Capital”, martes 4 de noviembre de 2025; “Ambito Financiero”, martes 4 de noviembre de 2025.