Redacción Regionalisimo
La Provincia de Córdoba avanza hacia un modelo inédito de profesionalización de las fuerzas de seguridad.
A partir de un convenio entre la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y el Ministerio Público Fiscal (MPF), se creó la Licenciatura en Seguridad Pública y Abordaje del Narcotráfico, la primera del país que formará a los futuros integrantes de una fuerza policial dentro del ámbito universitario.
La nueva propuesta académica, que incluye una titulación intermedia de Técnico en Seguridad Pública y Abordaje del Narcomenudeo, está dirigida inicialmente a civiles seleccionados para integrar la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes comenzarán su formación universitaria en 2026.
El convenio fue suscripto por la rectora Julia Oliva Cúneo, el fiscal General Juan Manuel Delgado y el fiscal General Adjunto Héctor René David, en continuidad con el trabajo conjunto iniciado este año a través del Trayecto Formativo en Abordaje del Narcotráfico, que culminó el 10 de agosto con la entrega de certificados a 79 agentes de distintas fuerzas de seguridad.
La segunda cohorte de esa experiencia se encuentra actualmente en desarrollo y finalizará el 10 de diciembre.
“Es la primera vez que una fuerza de seguridad se forma dentro de una universidad. Las fuerzas policiales y militares tradicionalmente se preparan en sus propias escuelas, pero este modelo marca un cambio de paradigma: los futuros agentes estudiarán junto a otros ciudadanos, en aulas universitarias, combinando formación teórica con prácticas específicas en la base de la FPA”, destacó la rectora Julia Oliva Cúneo.
La funcionaria explicó que la tecnicatura tendrá un enfoque en narcomenudeo, mientras que la licenciatura profundizará en narcotráfico, “una orientación que no existe en ninguna otra carrera del país”.
Además, confirmó que en 2026 la cohorte será exclusiva para la FPA, pero que “dada la expectativa que genera, se evalúa abrir en el futuro una versión para otros perfiles civiles vinculados a la gestión pública o al campo de la seguridad ciudadana”.
“Acompañamos el fortalecimiento de las herramientas del Estado para atender problemáticas sociales. Por eso asumimos el compromiso de formar a las fuerzas de seguridad de la democracia con capacidad crítica, ética y con respeto a los derechos humanos”, agregó Oliva Cúneo.
Por su parte, el fiscal General Juan Manuel Delgado señaló que “la ocupación territorial del narcotráfico es inversamente proporcional a la paz social” y valoró la “armonía institucional” que permitió concretar el proyecto.
“Para nosotros esto es un salto de calidad. Este acuerdo no solo formaliza una voluntad, sino que consolida un nuevo modelo de formación pública”, agregó.
También participaron el jefe de la FPA, Camilo Lassaga; el secretario de Justicia, Leandro Goria; y autoridades de la UPC: el secretario Académico y de Posgrado, Jorge Jaimez; el coordinador del Programa UPC Federa, Juan Jiménez Grella; el secretario de Bienestar Estudiantil y Graduados, Enzo Valzacchi; y la secretaria General del IGTP, Liliana Nicolino.
Formación profesional, ética y científica
La licenciatura será implementada por el Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP) de la UPC, en articulación con la Escuela de Formación y Capacitación de la FPA.
Se conformará además una Comisión de Seguimiento y Evaluación, integrada por representantes de ambas instituciones, para garantizar la calidad académica y curricular del proceso.
El convenio establece que la carrera deberá regirse por los más altos estándares de formación profesional, ética y científica, en línea con la Ley de Educación Superior, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las políticas provinciales de seguridad pública.
La iniciativa busca superar los modelos tradicionales de instrucción policial, promoviendo una formación crítica, integral y democrática, que contemple las dimensiones sociales, territoriales y culturales del narcotráfico.
Con esta nueva carrera, la Universidad Provincial de Córdoba reafirma su compromiso de formar profesionales con pensamiento crítico y responsabilidad social, capaces de intervenir en los desafíos contemporáneos de la seguridad pública desde una perspectiva ciudadana y de derechos humanos.
