Referentes del Derecho Penal, autoridades judiciales y funcionarias nacionales y provinciales se reunieron en el Colegio de Abogados de Córdoba para debatir sobre femicidio, desigualdad y políticas institucionales con perspectiva de género.
Sociedad06/11/2025
Redacción Regionalisimo
Con una convocatoria federal y un eje común – la urgencia de una justicia comprometida frente a la violencia de género- , el XIV Encuentro Nacional de Mujeres Penalistas se desarrolló en el Colegio de Abogados de Córdoba, organizado junto a la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), la Sala de Derecho Penal del Colegio y la Comisión de Articulación de Mujeres Abogadas hacia la equidad de Género del Colegio de abogados de Córdoba.
Durante la jornada, magistradas, funcionarias y abogadas de distintos puntos del país abordaron el fenómeno del femicidio como una expresión extrema de la violencia estructural que atraviesa a las mujeres, y reflexionaron sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial para garantizar respuestas efectivas y con perspectiva de género.
La Fiscal General adjunta del Ministerio Público Fiscal, Dra. Bettina Croppi, fue una de las voces más firmes del encuentro. Expuso el trabajo que lleva adelante el MPF en la construcción de un protocolo de investigación de femicidios, y sostuvo que “el desafío es profesionalizarnos en la investigación y militar la visibilización de este fenómeno en tiempos tan adversos, donde el discurso anti género intenta borrar años de lucha y una realidad incontrastable: la cantidad de femicidios y de hechos de violencia de género que se investigan cada día”.
Croppi advirtió que “no hace falta que tengamos mujeres muertas para entender la dimensión del problema” y planteó que “la justicia debe dejar de ser neutral ante la desigualdad y asumir la enorme responsabilidad que le toca frente a ella”. Para la funcionaria, el compromiso debe ser institucional y sostenido: “La perspectiva de género tiene que ser transversal a toda la Justicia, no sólo en las fiscalías especializadas o los juzgados de familia. Debe atravesar todas las áreas, porque la desigualdad atraviesa toda la vida”.
Desde AMPA, su presidenta, Dra. Mariana Barbitta -abogada especialista en Derecho Penal y Administrativo- llamó a sostener un litigio penal igualitario como condición democrática. “Es fundamental seguir construyendo una democracia y un litigio penal igualitario, y enviar un mensaje muy claro: basta de femicidios, basta de que nos maten en contextos de violencia”, dijo.
Barbitta destacó, además, la importancia de la formación profesional continua: “Necesitamos comprometernos en una capacitación real, que nos permita reconocer y entender la desigualdad estructural entre varones y mujeres”.
Por su parte, la Vocal del Tribunal Superior de Justicia y Presidenta de la Sala Penal del Alto Cuerpo Judicial, Dra. Aída Tarditti, analizó el rol del Poder Judicial ante los femicidios, aportando datos que permiten planificar estrategias de acción institucional basadas en evidencias. La magistrada subrayó la necesidad de una mirada judicial integral, que combine perspectiva de género con planificación y medición de resultados.
El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Dr. Eduardo Bittar, planteó que los femicidios deben ocupar un lugar central en la agenda pública y de derechos humanos, y advirtió sobre la distancia entre la magnitud del fenómeno y su prioridad social.
“Cuando una persona va a votar en las elecciones nacionales, temas como la diversidad, el rol de la mujer y -ni hablar- la violencia contra las mujeres no suelen figurar entre las principales preocupaciones del electorado”, señaló. “Los femicidios, que son la forma más extrema y degradada de esa violencia, parecen ocupar un lugar número cuarenta en la agenda social. Esa distancia revela que seguimos tratando la violencia de género como un tema lateral, cuando debería ser una cuestión central del debate público y de la democracia misma”.
Bittar destacó que “no hay margen para la indiferencia” y que el abordaje debe ser sostenido y transversal: “Las instituciones profesionales, el Poder Judicial, los gobiernos provinciales y municipales tenemos la obligación de intervenir y revisar nuestros mecanismos”.
El titular del Colegio recordó las políticas que la institución viene impulsando en materia de género, entre ellas, la creación de un protocolo de acompañamiento para abogadas víctimas de violencia, tanto en su vida personal como en el ámbito profesional. “No se trata solo de brindar contención -remarcó- , sino de reconocer que la violencia también atraviesa las estructuras jurídicas”.
El presidente también amplió el debate hacia un eje poco explorado: la necesidad de aplicar la perspectiva de género a las nuevas tecnologías. “Debemos transformar las instituciones y acompañar el desarrollo tecnológico del Estado y del Poder Judicial con una mirada de género”, afirmó. “No basta con exigir esa perspectiva en las personas: hay que incorporarla en los algoritmos, en los sistemas de datos, en las herramientas que moldean decisiones, porque la tecnología sin perspectiva de género también puede reproducir desigualdades.”
En ese marco, anunció el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial orientada al ejercicio profesional: “Esperamos presentarla el año próximo. Si todas las instituciones logramos construir tecnologías capaces de detectar sesgos o indicadores de riesgo, estaremos contribuyendo de manera concreta y preventiva a evitar nuevos femicidios.”
Bittar cerró su intervención con una analogía que puso en perspectiva la dimensión de la tragedia:
“Argentina aún carga con una herida abierta: los más de seiscientos muertos de Malvinas, una pérdida que nunca dejará de doler. Pero en apenas dos o tres años, esa misma cantidad de mujeres es asesinada en nuestro país por razones de género. Esa realidad debe ocupar el centro de la agenda pública y de los derechos humanos. No puede ser un tema lateral.”
El encuentro contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, académicas y judiciales, entre ellas Claudia Martínez (Secretaria de la Mujer del Gobierno de Córdoba), Julia Reartes (SENAF), Dra. Miriam Londero (Subsecretaria de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidades de la Municipalidad de Córdoba), magistradas y funcionarios judiciales provinciales y federales, representantes de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Córdoba, legisladores, concejalas, autoridades académicas de la Facultad de Derecho de la UNC, y miembros del Directorio, las delegaciones del interior y el Cuerpo de Acción Gremial del Colegio.
En el panel de cierre disertaron las Dras. Rita Fonzalida, Valeria Trotti, Eugenia D’Antona y Romina Zurchmitten, quienes abordaron los desafíos contemporáneos del Derecho Penal desde una mirada académica y de gestión judicial.
El XIV Encuentro Nacional de Mujeres Penalistas reafirmó el compromiso del Colegio de Abogados de Córdoba con una justicia más sensible, igualitaria y comprometida con la transformación social.
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