Redacción Regionalisimo
Mientras el Gobierno insiste en hablar de “libertad económica”, la realidad cotidiana muestra otra cara: nuevos aumentos que golpean el bolsillo de los trabajadores y las familias
Las consultoras privadas proyectan para noviembre una inflación cercana al 2,5%, por encima del 2,1% que registró el INDEC en septiembre. Sin embargo, las medidas oficiales siguen orientadas a la desregulación y la transferencia de costos al consumidor.
Los incrementos, nuevamente, superan el ritmo de actualización salarial y afectan tanto a trabajadores que deben desplazarse diariamente como a transportistas y repartidores.
Sin regulación efectiva desde la asunción de Javier Milei, las empresas de medicina prepaga siguen aumentando libremente sus cuotas. Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las subas de noviembre serán de entre 2,1% y 2,9%, y también alcanzarán los copagos.
El Gobierno también ajustó los impuestos a los combustibles, con un impacto de entre el 1 y 1,5 por ciento en la nafta y el gasoil a partir del 1° de noviembre. Estos tributos siguen desactualizados en relación con la normativa y el Estado pierde mensualmente recaudación, que debería destinar al mantenimiento de rutas. Sobre el aumento en la nafta, YPF dejó de informar públicamente el dato en agosto.
Las empresas de telecomunicaciones informaron subas de hasta 3 por ciento desde los primeros días del mes, en línea con los incrementos anteriores, en los servicios de internet, telefonía celular y cable.
Los alquileres que se rigen por la norma derogada tendrán un aumento en noviembre de entre 38% y 42,2%, según la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL).
Aun cuando la suba es algo menor que la de meses anteriores, los inquilinos siguen soportando la inestabilidad generada por la desregulación total del mercado y la falta de políticas de vivienda.
De acuerdo con los nuevos cuadros tarifarios, el impacto en las facturas de los usuarios de gas natural será en promedio del 3,8 por ciento desde el 1 de noviembre.
Con salarios congelados, inflación persistente y servicios cada vez más caros, noviembre llega cargado de aumentos que profundizan la desigualdad. Mientras el Gobierno insiste en su programa de “ajuste y libertad de precios”, los hogares vuelven a ser quienes pagan los costos de una política que favorece a las empresas y deja de lado a los trabajadores, a las clases medias y populares.
