Mientras Gaza sigue bajo bombardeo incesante, con miles de niñas y niños asesinados, familias enteras sepultadas bajo los escombros, hospitales destruidos, ayuda humanitaria bloqueada y el hambre convertido en un arma deliberada de guerra, el Estado de Israel demuestra que la maquinaria de exterminio y colonización no se detiene. Desde octubre de 2023, más de 59.821 palestinos han sido asesinados –casi 17.921 de ellos niños–, más de 144.851 resultaron heridos, más de 762.500 personas fueron desplazadas recientemente y el 100% de la población enfrenta inseguridad alimentaria severa. Aun así, el despojo avanza.
En medio de esta fase extrema del genocidio en Gaza, la Knéset votó el 23 de julio una resolución no vinculante para declarar “parte inseparable” de Israel a Cisjordania, otro territorio palestino ocupado desde 1967. La votación –71 votos a favor y 13 en contra– refleja el rumbo político dominante en Israel: redoblar la colonización, avanzar sobre la otra mitad de Palestina y apropiarse de más tierras mientras el mundo observa.
Cisjordania no es un territorio “en disputa”, como pretende el discurso oficial israelí, sino parte fundamental de Palestina. Allí viven millones de palestinos sometidos a un régimen de ocupación militar y civil, fragmentados en enclaves rodeados de asentamientos ilegales, muros, checkpoints y carreteras exclusivas para colonos. Desde la guerra de 1967, Israel ha ido despojando tierras con la protección de su ejército y la cobertura de leyes internas que legalizan lo ilegítimo. Hoy, ese despojo se institucionaliza y se convierte en mandato político.
La Corte Penal Internacional ya emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad: uso del hambre como método de guerra, asesinatos, persecución y ataques sistemáticos contra civiles. La ONU, a través de su relatora Francesca Albanese, documentó “fundados indicios de intencionalidad genocida” y un “plan sistemático para destruir física y simbólicamente” al pueblo palestino. Más de 45 resoluciones de Naciones Unidas que exigen el fin de la ocupación y el desmantelamiento de asentamientos han sido ignoradas por Israel durante décadas, consolidando un patrón de impunidad.
La comunidad internacional empieza, aunque tarde, a dar señales de reacción. Las sanciones, bloqueos diplomáticos y embargos de armas aplicados en distintos países se dirigen principalmente contra el Estado de Israel y algunos de sus funcionarios, en respuesta a la ocupación y a los crímenes en Gaza. Paralelamente, se multiplican las iniciativas judiciales y los pedidos de boicot a empresas cómplices de la colonización y el genocidio. Aun así, la “respuesta global” sigue siendo insuficiente frente a un régimen que viola el derecho internacional sin costo real y que ahora pretende legalizar el despojo total de Palestina.
Por eso, diferentes organizaciones, personalidades de la cultura, del mundo académico, de los derechos humanos y ciudadanía en general impulsan una petición para declarar persona no grata a Netanyahu y exigir que no sea recibido en la Argentina. No se trata solo de impedir una visita diplomática, sino de afirmar que la humanidad no puede convivir con la impunidad ni aceptar como normal el exterminio de un pueblo. Por una Palestina libre y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, levantamos nuestra voz desde el sur del mundo.
Cada injusticia cometida contra un pueblo nos recuerda que cuando se perpetra en cualquier rincón del mundo, la humanidad entera queda herida.
