El jefe de la Caminera lideraba una banda policial de abogados

La medida alcanza también a varios efectivos policiales y civiles, en el marco de una megacausa que investiga una presunta red delictiva por asociación ilícita, coacción, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia, entre otros graves cargos.

Entre los detenidos figuran el civil Gabriel Bukhar; el comisario Leonardo Javier Torres, responsable de la Dirección de Asesoría Letrada de la Policía; Martín Darío Heredia, integrante de la Caminera; Jorge Gutiérrez, de la división Protección de Testigos; y Dante Gabriel Villalba, encargado de transportes y traslados en la Jefatura. También fue detenido Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano del jefe de la Caminera.

 Según fuentes judiciales, en la investigación también se encuentran involucrados varios abogados y civiles que habrían accedido a información confidencial de la base de datos policial para negociar en causas que se tramitan en la Justicia cordobesa.

Durante las últimas horas se realizaron 11 allanamientos en distintas localidades del interior provincial, como La Calera y Cosquín, con resultados positivos para la causa.

“Era el líder de la organización”, dijo el fiscal sobre el jefe de la Caminera detenido

“El jefe de la Caminera era el jefe de la banda”, afirmó este viernes el fiscal Guillermo González en una conferencia de prensa que marcó el inicio de un nuevo escándalo en la Policía de Córdoba. El funcionario judicial confirmó que Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, titular de la Policía Caminera, fue detenido por presuntamente liderar una organización ilícita integrada por policías y civiles.

Según explicó González, la operatoria investigada no está vinculada con la función específica de Ochoa en la Caminera, ni con el manejo de multas, sino con el uso de información privilegiada para obtener beneficios personales y profesionales, en su rol paralelo como abogado. Uno de los ejes principales de la investigación está relacionado con maniobras vinculadas a la ocupación ilegal de terrenos en el interior de la provincia.

“Los ilícitos no están directamente vinculados con su función como jefe de la Caminera. Esto es otro tema: el uso de información confidencial para su beneficio”, remarcó el fiscal.
También reveló que el patrimonio de Ochoa creció de manera injustificada respecto a sus ingresos como funcionario policial. Este elemento sustenta la acusación por enriquecimiento ilícito, uno de los delitos incluidos en la causa junto a asociación ilícita, coacción, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia.

Durante la misma conferencia, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, respaldó la investigación judicial y confirmó que todos los implicados “serán separados de la Fuerza”.

“He sido claro en todo sentido. Son todos abogados, actuaban como tales y se beneficiaban de sus funciones en la Policía para provecho propio”, aseguró.
“Nosotros no encubrimos, no ocultamos”, agregó el funcionario.
Una estructura con acceso ilegal a datos oficiales
De acuerdo con la fiscalía, los implicados —varios de ellos policías con título de abogado— habrían conformado una red que extraía información reservada de bases de datos oficiales para utilizarla en el ámbito privado. Esa información era utilizada para negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, defensa penal de imputados y fijación de honorarios, aprovechando antecedentes obtenidos de forma ilegítima.