La incógnita: cómo harán los adjudicatarios para ocupar un espacio que ya tiene a dos empresas oportunamente contratadas y que se encuentran en litigio con la Nación. La reciente norma de Vialidad Nacional no libera plenamente el potencial problema.
Provinciales17/03/2025 Por Alfredo Flury
(Comercio y Justicia) Son tres llamados por un total de $167 mil millones. La apertura de sobres se concretará el 5 de mayo y el proceso está bajo la órbita de Caminos de las Sierras. La intención oficial es que la obra se financie con un crédito del BID aunque en una primera instancia se cubrirá con recursos propios.
El Gobierno de Córdoba a través de la empresa Caminos de las Sierras lanzó los tres llamados a licitación para completar la autopista entre Córdoba y San Francisco, obra que demandará una inversión de 167.017 millones de pesos y que tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.
De acuerdo al texto de los llamados a concurso, la apertura de sobres se concretará en todos los casos el 5 de mayo próximo.
Las convocatorias -a las que tuvo acceso Comercio y Justicia– figuran en el Boletín Oficial aunque el detalle de los pliegos puede visualizarse sólo a través de la página de Caminos de las Sierras.
En ese marco, todos los llamados incluyen la misma aclaración: “La Solicitud de Ofertas se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 y está abierta a Oferentes provenientes de todos los países que se especifican en dichas políticas”.
En paralelo, “se informa que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene previsto solicitar un Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o de otra entidad u organismo multilateral de crédito, para financiar parcialmente el costo del proyecto “AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº19” y que se propone utilizar parte de los fondos del Préstamo para efectuar los pagos estipulados en el Contrato”.
El dato no es menor, toda vez que -si bien el inicio de los trabajos se solventará con recursos propios de la Provincia-, la idea es que sea un organismo de crédito que podría ser el BID o alguna otra entidad similar la que termine fondeando la inversión.
Con todo, uno de los puntos incluidos en los pliegos, concretamente en la página 42 aclara sobre ese aspecto.
“Nombre del Prestatario: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, quien solicitará al Banco el financiamiento parcial para la obra. El Gobierno de la Provincia de Córdoba cubrirá los gastos necesarios para la ejecución de la obra no cubiertos por el Contrato de Préstamo. En caso de no obtenerse el financiamiento de la obra por parte del Banco, Caminos de las Sierras S.A. podrá optar por dejar sin efecto la presente licitación sin que ello dé derecho a reclamo alguno por parte de cualquier interesado en la ejecución de la obra u oferente en la presente licitación, o bien continuar adelante el proceso y la ejecución de la obra con otra/s fuente/s de financiamiento”, señala el texto. La referencia es al BID.
En rigor, el crédito original de ese banco para ejecutar la obra ya fue consumido en su totalidad. No obstante, la administración de Martín Llaryora pretende que el propio banco active otra línea de financiamiento con alguna de las operatorias vigentes con Argentina y que no se terminaron de ejecutar producto del parate de la obra pública ordenado por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, más allá de la decisión política de Llaryora de terminar la obra y del acuerdo que firmó oportunamente con el Gobierno nacional para asumir el control de la vía, hay un punto que aún no está plenamente despejado y que podría eventualmente ser un escollo para avanzar en tiempo y forma con los trabajos.
El problema, que es harto conocido, está relacionado precisamente con la causa de la falta de finalización de la obra en tiempo y forma.
Sucede que, si bien se avanzó a buen ritmo con los otros segmentos, hubo dos tramos en los que -por diferencias con las contratistas- los trabajos quedaron paralizados hace ya más de cinco años.
Son esos dos segmentos los que precisamente ahora Llaryora pretende concluir con tres llamados a licitación.
Según fuentes del Ejecutivo provincial, la falta de resolución de esas diferencias entre las adjudicatarias y el Gobierno nacional no deberían representar un escollo para iniciar los trabajos.
Para eso se apoyan en una nota firmada por el administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, fechada el pasado día 6 y titulada “Situación Presupuestaria-Restricciones, Limitaciones Plan de Red Federal de Concesiones-Adecuación de Contratos”.
Ese escrito dirigido al cuerpo gerencial y a los jefes de distrito, ordena dar de baja
todos los contratos de obras que Vialidad Nacional tiene en curso en el país sin importar el grado de avance en que se encuentren.
La Administración justificó la decisión de suprimir las obras y trabajos de mantenimiento que venían ejecutando las contratistas privadas en las “restricciones presupuestarias significativas” que tendrá que afrontar la repartición durante este año.
La orden impartida por Campoy puntualiza que resulta necesario “arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión, ya sea que se encuentren en las rutas a privatizar, como así también aquellos que hayan sido celebrados para obras fuera de la Red Vial Concesionada”.
“Ante la situación económica financiera actual, se hace necesaria la finalización y cierre de las obras en las cuales se torna inviable su ejecución”, sostiene.
La nota oficial destaca que, “a los efectos de hacer más efectivo y eficiente el sistema de obras públicas y evitar litigios administrativos y judiciales, se deberán impulsar las distintas tramitaciones por terminación de obra, limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo, autorizándose por la presente el ‘encuadre de ajuste en recepción provisoria’ de acuerdo al estado de ejecución de cada obra”.
El punto es que ese texto no tiene el suficiente peso legal como para sustentar la estrategia de Llaryora de comenzar las obras en los tramos que aún hoy tienen a sus contratistas originales.
“Una cosa es que la intención sea discontinuar los trabajos y cerrar los contratos pendientes y otra diferente es que esa situación esté concluida y la traza liberada para que en este caso la Provincia de Córdoba avance en una nueva licitación”, explicó una fuente a Comercio y Justicia.
En definitiva, hasta que Milei no logre cerrar los litigios con las adjudicatarias, en teoría no se podría avanzar con la licitación y reactivar los trabajos.
“Es obvio que las contratistas originales no van a abandonar el lugar para dejar que una nueva empresa se haga cargo de los trabajos porque iría en contra de sostener las pretensiones legales que mantienen con el Estado”, resumió un informante.
En los hechos, si bien Llaryora podría quedar cubierto ante una posible acción legal contra la Provincia de esas contratistas, siempre y cuando el Gobierno nacional active alguna norma más contundente para rescindir los contratos vigentes, en los hechos se encontrará con parte de los tramos a intervenir ocupados por infraestructura, obradores y tal vez maquinaria de las constructoras originales, una de las cuales es una empresa que pertenece a Cristobal López.
La Provincia asegura que el tema ya fue evaluado y que no debería haber problemas para avanzar con las obras. Sin embargo, sobre ese punto hay posiciones encontradas según otras fuentes consultadas por Comercio y Justicia.
Por lo demás, los llamados a licitación publicados ayer incluyen el tramo Arroyito-Santiago Temple con un presupuesto oficial de 68.490,1 millones de pesos.
En paralelo, el tramo San Francisco-Cañada Jeanmarie sección 1: San Francisco-Devoto, con una inversión de 54.141,9 millones de pesos y, finalmente, el tramo San Francisco-Cañada Jeanmarie Sección 2: Devoto-Cañada Jeanmarie, presupuestado en 44.385,4 millones de pesos.
En todos los casos, el plazo de obra es de 18 meses por lo que la autopista debería estar completada a fines de 2026.
Más de 290 gobiernos locales ya adhirieron a la nueva ley de Seguridad Pública y Ciudadana. El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto donde 10 nuevas localidades presentaron su seguridad local. 1.400 agentes ya recibieron sus diplomas luego de capacitarse para integrar la fuerza.
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El Gobierno de Córdoba anunció el llamado a licitación para la ejecución de los dos tramos restantes en la traza. “Es un día histórico, será una obra estratégica para Córdoba, el país, la Región Centro y el Mercosur”, destacó Llaryora.
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