Los derechos pueden ser leídos como un costo o un beneficio, como un valor no fungible o fungible, como un medio para cubrir ciertas necesidades o para financiar una vida. Dentro de esa discusión, la salud es una de esas categorías que está siendo revaluada y puesta en tensión ¿Es la salud un derecho o un negocio?
Parte de la campaña presidencial de Javier Milei fue proponer vouchers para educación y salud como parte de su sistema de des-financiación. Luego desmintió la posibilidad de privatizar el sistema público. No es necesario hacerlo cuando tiene el Poder Ejecutivo a su merced. De igual manera, es fundamental conocer que no hay como tal un sistema privado en su totalidad, como tampoco hay uno público, es más bien, desproveer el acceso al sistema de salud a la mayor cantidad de personas al pretender ponerle un valor de mercado.
Despidos, desfinanciación y desmantelamiento fueron las “3 D” desde la asunción del presidente y la reorganización del sistema gubernamental. A mayor caída de salarios, más obligadas están las personas de trabajar, lo que puede producir problemas de salud mental y física como fatiga crónica o depresión. La incertidumbre ante lo incierto produce acumulación de estrés y sumado a la imposibilidad del ocio porque se vive para trabajar, puede acarrear a la pérdida de registro del cuidado de los demás. Así la salud se vuelve un determinante social fundamental para comprender la realidad concreta.
La medicación es necesaria pero no indispensable para el bienestar de una población. El trabajo, los vínculos y un techo si. Ahora esto parece importar cada vez menos a laboratorios como Bayer (alemana), Roemmers o Gador (argentinas) que, mientras sus ventas cayeron en más de 9 millones de unidades, lo que equivale a casi 10 millones de tratamientos caídos, su patrimonio anual incrementó un 332,9% entre agosto de 2023 y agosto de 2024, alcanzando los 3.080 millones de dólares. Este aumento se divide entre la producción nacional (298,7% de crecimiento) y la reventa de importados (398,3% de crecimiento).
Un aumento de tal magnitud no sería posible sin una Ley Bases y un DNU 70/23 que habilite la desregulación de precios, más cuando el Ministro de Salud, Mario Lugones, cerró, en un lapso de 48h, 15 direcciones encargadas, entre otras cosas, de la coordinación con efectores municipales, infraestructura, asistencia epidemiológica, asistencia a personas que padecen enfermedades poco frecuentes y de alta complejidad o cuyo tratamiento es muy oneroso.
“La falta de dirección en epidemiología y en investigación puede tener graves consecuencias. Uno se pregunta qué sucederá si hay una pandemia, pero también hay epidemias anuales, como la del dengue o la tuberculosis” comentó el médico e investigador, Nicolás Kreplak en Radio 10.
Es la pregunta que impregnó las redes el primer semestre del 2024 tanto de manera irónica por parte de opositores como quienes votaron a Milei en los 3 periodos lectivos durante el segundo semestre del 2023, pero ¿para quienes salió bien? Para todos aquellos que forman parte del 1 por ciento; el resto trata de sustentar la salud física y mental en cuotas.
En el caso de los jubilados, que de los 7 millones, 5 cobran entre 360 a 380 mil pesos, fueron afectados por las decisiones del ministro Lugones al limitar la entrega de medicamentos del PAMI y de recortar la cobertura del 100% en salud. Al mismo tiempo, los medicamento subieron en promedio un 240%, mientras el costo de vida avanzó 193%, según la entidad de Defensa del Consumidor (DEUCO).
En definitiva lo que parece planear el ministro, es limitar al mínimo las posibilidades de acceso a través de la burocratización de la salud. Quienes puedan pagar lo harán y quienes no, ¿deberán esperar hasta llegar al nivel de indigencia para que se les reconozcan sus años de aportes?
Por otra parte, quienes están trabajando, aportando y pagando deudas, como los médicos del Garrahan, el Bonaparte o el Misericordia -que estuvieron bajo amenaza de cierre-, reclaman por mejores condiciones edilicias, de equipamiento y de salarios.
“Un sistema de salud es mucho más que una guardia de un hospital: un sistema de salud tiene que investigar, juntar información, de datos clínicos, de internaciones, definir si hay que aplicar vacunas, crear centros de salud, dónde poner universidades”, expresó Kreplak.
Uno de los objetivos dentro de la reestructuración y reforma del Estado Nacional es el desmantelamiento institucional. Bajo la consigna de que la función pública es una “fábrica de ñoquis” los despidos masivos y el no envío de recursos a las provincias hicieron mella en el sistema de salud.
De está manera, el privado fue allanando el camino para comenzar a implementar medidas de pagos por atención. Los justificativos fueron similares tanto en Jujuy, Carlos Paz, Santa Cruz, como en Mendoza, que ante el recorte de presupuesto decidieron comenzar cobrar la consulta común entre 5 a 8 mil pesos y la unidad de terapia intensiva $60.000 por día.
"El que quiere tener obra social, son 50 mil pesos", sostuvo el presidente del bloque del PJ jujeño y también empresario de la salud, Rubén Rivarola. Por su parte, funcionarios del intendente Esteban Avilés, argumentaron que no corresponde responder por la salud de la región, ya que “más del 70% del gasto no es competencia municipal, es provincial".
“Habrá que explicar todo de nuevo”, se leyó también por las redes sociales. Quizás no, hay ciudadanos que no quieren explicaciones, quieren acciones. Les quisieron explicar para qué servía todo, mientras no podían acceder a nada. De igual modo tampoco pareciera ser la respuesta dejar todo librado al azar, a la vez que quienes ponen los precios, están apostando a cuánto más pueden acumular.
Entonces bajo este panorama ¿qué se entiende por salud?
