Milei, de remate: pone a la venta un Sitio de Memoria de Córdoba

(La Tinta) “La Perla Chica”, “La Perlita”, “Escuelita”, son algunos de los eufemismos más usados para nombrar el centro clandestino que funcionó en la localidad de Malagueño, entre los años 1976 y 1979. Bajo las órdenes del Tercer Cuerpo de Ejército de Luciano Benjamín Menéndez, fue utilizado como anexo de «La Perla», el centro de detención, tortura y exterminio más emblemático del interior del país.

Hace apenas unos meses, en noviembre de 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó el lugar como Sitio de Memoria. Ahora, el mismo Estado nacional ―con otra gestión― intenta rematar el predio.

Este inmueble estatal es uno de los terrenos sujetos a enajenación en una primera etapa establecida en el Decreto 950/24, que se publicó el pasado 25 de octubre en el Boletín Oficial.

En total, son 309 los inmuebles próximos a ser traspasados, la mayoría ubicados en el AMBA, aunque también hay en Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, entre otras provincias.

A modo de desembozada operatoria inmobiliaria, acompaña al decreto un anexo con los planos y en número de orden de cada lote a comercializar, que, en Córdoba, incluye un inmueble céntrico de gran valor inmobiliario, pero, fundamentalmente, una lonja de terreno de 585 mil metros cuadrados.

Esa porción de terreno ubicada a la vera de la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz, en el ejido de Malagueño, está actualmente en pleno uso: además del Sitio de Memoria, alberga a la Sociedad Rural, el Mercado Cooperativo San Miguel y un puñado de viviendas familiares, algunas de ellas pertenecientes al Ejército Argentino.

Un pozo del terror

Cuenta la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que, entre 1976 y 1977, el acceso de los secuestrados al CCD La Perla «tenía paso obligado por La Perla Chica». Los dos centros clandestinos estaban unidos por un camino de tierra interno y fue la autopista a Carlos Paz, inaugurada para el Mundial 78, la que separó dos centros hermanados por el terror. Justamente, durante la cita mayor del fútbol mundial, “La Perla Chica tuvo un rol central como lugar de cautiverio transitorio de los secuestrados que estaban en otros CCDTyE”, precisa la CPM, lo mismo que durante la visita que la Cruz Roja Internacional hizo ese mismo año.

Con la Rural al lado, los secuestrados “escuchaban el rumiar de las vacas”, puntualizan desde la Comisión. Fue ese uno de los indicios que permitió identificar luego al lugar, con presos vendados y en las más denigrantes condiciones de cautiverio.

Las dependencias constaban de casas sobre la ruta vieja, oficina y una cuadra para el alojamiento de presos políticos. Apenas recuperada la democracia, los sobrevivientes dieron cuenta de la existencia del centro clandestino y fue en 1984 que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) realizó un primer reconocimiento del sitio. Situación que se repetiría en 2013, cuando, ya sin las leyes de impunidad vigentes, el juicio por la megacausa La Perla-La Ribera condenó a represores que pasaron por ese centro del terror.

La Memoria, ¡afuera!

De parte de un gobierno que se jacta de que “se privatizará todo lo que se pueda privatizar”, la noticia no sorprende. El decreto autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “disponer, enajenar y/o transferir los inmuebles del ESTADO NACIONAL que se detallan en el ANEXO”. El que sí se sorprendió fue el intendente de Malagueño, Marcos Fey: “Me llama la atención que, por lo menos, en los mapas publicados que no han tenido en cuenta”, está el Sitio de Memoria, dijo a La Voz y adelantó que intentará retomar contacto con la AABE. El plan municipal es tener injerencia en lo que se decida sobre ese predio ubicado en su ejido y utilizar, al menos, parte de esa tierra para un proyecto tecnológico-industrial junto a la UNC.

Mientras, en el campo de los derechos humanos, la noticia solo trajo preocupación. La Comisión Provincial de la Memoria ya analiza el tema y no falta quien evalúa la posibilidad de interponer un recurso de amparo, que objete la enajenación. En teoría, el terreno está protegido por la Ley nacional de Sitios de Memoria, pero la gestión actual de la Secretaría de DD. HH. no se destaca por su proactividad y, de hecho, la Dirección Nacional de Sitios de Memoria está acéfala desde diciembre.

 Desde hace años, se intenta que el Congreso apruebe el traspaso de La Perla a la órbita provincial, entre otros argumentos, para facilitar obras que Córdoba no puede hacer allí, en orden a cuestiones de jurisdicción. La Perla Chica, empero, no está incluida en ese proyecto de ley, que, de reimpulsarse, podría abarcarla. El inminente trazado de un plan de ordenamiento territorial incluiría no solo al predio de la actual Reserva Natural de la Defensa, sino al centro clandestino anexo, más pequeño. De hecho, las amenazas por los desmanejos en la zona, léase recurrentes incendios, afectan a ambos espacios por igual y, enfrente de La Perla Chica, hay nada menos que una estación de servicios.

El biólogo Emiliano Salguero señaló que “más allá del valor patrimonial y para los Derechos Humanos de esa lonja de terreno, tiene ese inmueble una función geoestratégica en el desarrollo de la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba. En su momento lo planteamos ante la creación de la Reserva Natural de la Defensa La Calera: son tierras de dominio público nacional que tienen que pensarse en un ordenamiento territorial que garantice calidad de vida a quienes están viviendo o pretenden vivir en este territorio”, señaló. Salguero, coordinador además de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, dijo que “hay que evitar la megalopolización de la ciudad de Córdoba. Venderlas así solo generará problemas a vecinos; el municipio de Malagueño y la provincia deben poner restricciones al uso del suelo”, completó.

A nivel nacional, hay antecedentes similares al caso de enajenación de La Perla Chica, aunque más ligado al crecimiento demográfico: cuarteles activos o inactivos inicialmente construidos en las periferias de las ciudades van quedando pegados a los cascos urbanos y, en ese marco, el Estado se ha desprendido de cientos de hectáreas para favorecer la construcción de barrios abiertos y cerrados. En esos casos, mayormente, se decidió desafectar de la venta a la porción del inmueble protegida por la Ley de Sitios de Memoria.

Lo único que, por el momento, no corre riesgo es el cartel de Memoria, Verdad y Justicia: la señalización oficial fue colocada fuera del polígono a rematar, en un terreno municipal.