Miguel Peiretti
El megaproceso concursal de la láctea SanCor ha derivado en un severo conflicto institucional dentro del Poder Judicial santafesino. Marcelo Gelcich, el magistrado de Rafaela que coordina el millonario expediente de la cooperativa, fue denunciado ante la Corte Suprema provincial por diseñar una presunta red de irregularidades administrativas destinadas a centralizar el control operativo y bloquear las auditorías legales obligatorias.
La presentación, impulsada por uno de los profesionales a cargo de la sindicatura, señala que el juzgado alteró deliberadamente las reglas del concurso para apartar a los funcionarios judiciales independientes que no se alineaban a las directivas del tribunal.
El eje de la acusación radica en la incorporación de una figura de "coadministración", cargo que recayó sobre la contadora Lucila Inés Prono. Según el escrito judicial, el juez Gelcich evadió el procedimiento de sorteo público del registro de la Corte Suprema para nombrarla de manera directa.
Aunque el argumento inicial de su designación era brindar soporte técnico a la sindicatura ante la falta de balances por parte de la empresa láctea, el juzgado comenzó a derivarle de forma sistemática las competencias exclusivas de control. Este movimiento terminó por neutralizar al cuerpo colegiado original y fracturó su funcionamiento interno.Mientras el denunciante y el síndico Oscar Epstein mantenían una postura rígida de supervisión, un tercer integrante, Ignacio Pacheco, optó por acoplarse a la estrategia del magistrado y de la coadministradora. A partir de esa división, este bloque tripartito asumió el monopolio de las decisiones sobre la liquidación de bienes y la gestión de la firma, marginando por completo a los inspectores disidentes.
El misterio de los warrants: toneladas de queso evaporadas
El capítulo más complejo de la denuncia penal detalla anomalías económicas directas bajo la custodia del juzgado. El documento revela que la intervención de la sindicatura independiente evitó un perjuicio inicial al lograr que el valor de una transacción comercial se incrementara en u$s 635.000.
Sin embargo, el foco de la investigación se centra ahora en la pérdida de 24.640 kilogramos de queso que se encontraban inmovilizados como garantía judicial (warrants). El lote desaparecido cuenta con un valor de mercado base de u$s 209.440, divisas que jamás ingresaron a las cuentas bancarias del tribunal de Rafaela. La denuncia subraya que, ante las reiteradas alertas por este faltante de stock, el juez Gelcich decidió desestimar la investigación y aplicar apercibimientos y sanciones a los propios peritos que notificaron el presunto desfalco.
El texto presentado ante el Máximo Tribunal describe un escenario de asfixia profesional dentro del juzgado. Se acusa al magistrado de instrumentar plazos procesales de cumplimiento imposible con el único fin de "fabricar infracciones" ficticias, sancionar a los técnicos independientes y transferir sus expedientes a la coadministradora designada a dedo.
Esta dinámica de presión provocó la dimisión forzada del síndico Epstein, cuyo puesto tampoco fue cubierto por los canales legales de sorteo. Actualmente, el denunciante sostiene que opera bajo un contexto de aislamiento total y hostigamiento, habiendo sido excluido de las fases críticas de la quiebra, tales como el diseño de los pliegos de licitación para la venta de las plantas productivas de la empresa.
Debido a la magnitud del pasivo de SanCor y al impacto social sobre miles de familias trabajadoras, la presentación exige a la Corte Suprema la intervención inmediata del juzgado de Rafaela, la aplicación de medidas de resguardo y el inicio de un sumario administrativo para determinar la responsabilidad penal y funcional del juez denunciado.
