Nueva tensión con el campo: Más controles para el uso de semillas

El Gobierno argentino, a través de una Resolución del Instituto Nacional de Semillas (Inase), dependiente de la Secretaría de Bioeconomía -que tras el despido de su responsable Fernando Vilella, vuelve a llamarse de Agricultura, Ganadería y Pesca-, dispuso cambios en el uso propio de las semillas para evitar la venta ilegal, lo que en la jerga del agro se denomina “bolsa blanca”: los productores deberán documentar el origen de la semilla que utilizarán en la próxima campaña.
“La Ley de Semillas del año 1973 plantea la generación de un mercado de semillas que protege a los obtentores, todos aquellos que producen semillas. Estos se inscriben en el registro del Instituto Nacional de Semillas (INASE) -en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA)- y de esa forma pueden comercializar las semillas que producen. La ley plantea un acuerdo de qué tipo de semillas se pueden utilizar para la producción y cuáles no y cómo se lleva adelante esto: a través de un registro, quienes van a comprar las semillas, los productores agropecuarios, se comprometen a explicar para qué van a utilizar la semilla”, explica a Canal Abierto Carla Poth, investigadora y docente de las universidades de General Sarmiento y Luján. 
“La ley también habilita lo que se llama el ‘uso propio’”, continúa Poth, “que le permite a los productores agropecuarios utilizar la semilla pero no para cualquier uso. Pueden utilizarla para reproducirla dos, tres, cuatro campañas. No pueden utilizarla para guardarla; sí para intercambiarla siempre y cuando el intercambio no suponga una relación comercial. Poner semillas para la comercialización no puede hacerse salvo explícita aceptación de quién es el obtentor de esa semilla, esto es lo que se denomina la ’bolsa blanca’. Por ejemplo: yo le compré a Syngenta y quiero comercializar la semilla que obtuve de esas semillas, le puedo pedir a la firma permiso para comercializar esas otras semillas. Eso en la producción agropecuaria es lo que se llama ‘la bolsa blanca’, es una bolsa de semillas de segunda y por lo tanto es más barata. Es productiva pero tiende a tener menos rendimiento que la semilla original”.
La Resolución 245/2024, con la firma de Claudio Dunan, titular del Inase, impone mayores controles sobre el origen de la semilla que los productores van a sembrar en la próxima campaña.
Los productores que siembren las especies comprendidas en el SISA deberán comunicar -a través de una plataforma electrónica- los volúmenes por variedad de la semilla utilizada o por utilizar en la siembra de la respectiva campaña y acreditar el origen legal de la semilla declarada, independientemente de si la variedad cuenta o no con propiedad vigente.
Por su parte, quienes hagan uso de la excepción del agricultor -uso propio- deben conservar la documentación que acredite el origen legal de la semilla utilizada hasta que dejen de utilizar este beneficio.

Bolsa blanca

“La soja RR del 96, de Monsanto, la primera transgénica que se aprueba en Argentina, se esparce tan rápido por el territorio porque se vuelve una semilla muy barata porque se la comercializaba por la bolsa blanca. Monsanto aprovecha ese mecanismo, que los productores tienen muy aceitado, independientemente de que había una aceptación de flexibilidad en términos de legalidad porque Monsanto después les vende los agrotóxicos, porque el principal negocio de Monsanto en ese momento eran los agrotóxicos, no tanto la semilla. Cuando cae la patente del glifosato, Monsanto empieza a presionar para que le habiliten el patentamiento de la semilla, algo que en Argentina, aún, no se permite”, explica Poth. 
“Lo que hace esta nueva resolución es profundizar los controles de esta generación de bolsas blancas. La resolución exige con mucho más poder punitivo que quienes van a generar las bolsas blancas registren esa generación. Si un productor va a reutilizar la semilla para lo que sea va a tener que, sí o sí tener el registro en el Inase y tener el certificado de compra de la semilla original. Si no tiene eso, si lo descubren con esas semillas podrían ser plausibles de apercibimiento económico”, describe la experta.
Según Poth el INASE no cuenta con instancias de control ni capacidad de generar un mecanismo de policía, por lo que estima que la instancia de contralor dependerá de las acopiadoras y las agroexportadoras, a las que los productores acuden para comercializar su producción. “Les pedirán que cuando hagan el acopio exijan este registro y si no lo tienen declaren en el Inase”, especula.

El “Campo” qué opina

“Si bien hay un montón de cuestiones ideológicas que parecieran ir en consonancia entre la dinámica del gobierno y la Mesa de Enlace, en términos pragmáticos la relación está siendo bastante conflictiva”, opina Poth. “Las retenciones no se tocan a corto plazo, el dólar sigue siendo poco competitivo para el campo porque no le genera ganancias, entonces están presionando en el tema de los costos: a principios de este año negociaron que se redujeran los costos de importación de agrotóxicos”. 
La mayoría de las productoras semilleras en Argentina comercializan semillas desarrolladas por grandes empresas extranjeras, entonces el precio de la semilla está dolarizado. “Para los productores agropecuarios, que no están pudiendo tener las ganancias que quieren, el aumento del costo de la semillas para la próxima campaña no los beneficia, por eso desde hace bastante tiempo vienen rechazando la reforma de la Ley de semillas porque lo que entienden es que si se reforma y se profundizan los derechos de propiedad intelectual, las semillas van a pasar a ser más caras, y no están dispuestos a negociar un aumento de costos, si no tienen un aumento de ganancias”. 
“Lo que pasa muchas veces es que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores que tienen menos acceso al lobby estatal. Los más grandes se sientan y negocian, y los más débiles de la cadena son los perdedores”, concluye.