Miguel Peiretti
(Comercioyjusticia) Setenta y siete por ciento de los argentinos piensa que es necesario aumentar penas para luchar contra la inseguridad y 73% estima que hay otorgarle más poder a la policía.
Los datos surgen de un informe sobre creencias sociales elaborado por el Observatorio Pulsar.UBA.
El relevamiento detectó diferencias en cuanto a la pérdida de libertades y derechos para combatir el narcotráfico, la participación de los militares y la portación legal de armas.
En ese sentido, consigna que los resultados reflejan “una preocupación generalizada por la seguridad y el combate al delito”, pero también una división en cuanto a los límites.
Además, indica que se advierte una “reticencia mayoritaria” hacia la idea de que cualquier persona pueda portar legalmente un arma.
En plena campaña electoral, el trabajo del Observatorio Pulsar.UBA traza un perfil ideológico de los argentinos y distingue cómo piensan programáticamente.
Para ello, se aplicó una técnica denominada “agrupamiento proyectivo de perfiles ideológicos”, para identificar y clasificar a las personas en grupos con creencias similares en base a variables o características.
Tomando en cuenta los posicionamientos de los entrevistados en las dimensiones de análisis “Público y privado” y “Libertad e igualdad”, construyen cuatro perfiles ideológicos desde los ejes complementarios económico y moral.
Del total de los 1.000 encuestados mayores de 18 años de ambos sexos, se llegó a la conclusión de que la sociedad se agrupa en cuatro segmentos y con asimetrías: privatistas, estatistas, progresistas y conservadores.
La investigación señala el principio de un cambio en las valoraciones de la sociedad argentina en cuanto mayor preferencia por la participación de empresas privadas en la economía y le da una explicación política. “Hay una base sólida, que reúne tanto a los votantes de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, que considera necesaria una mayor centralidad del sector privado en la vida pública. Hay una percepción generalizada de que ‘los privados’ tienen que tener mayor presencia en términos organizativos y en la provisión del empleo”, precisa.
En cuanto a importancia del Estado en materia de inclusión, defensa y promoción de derechos adquiridos, hay tres temas con consenso importante: la eutanasia (prohibida, 72%), la adopción homoparental (legislada y legalizada, 59%) y la subrogación de vientres (no legislada pero permitida, 58%) .
En lo que respecta a la ampliación de aquella agenda, que incluye legalizar el trabajo sexual, el consumo recreativo de marihuana y el lenguaje inclusivo, el estudio midió reparos a la hora de considerarlos como demandas sociales.
Al respecto, indicó que son cuestiones planteadas por porciones “más metropolitanas” que no tienen consenso suficiente.
Resalta la consideración sobre la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) como una política pública con apoyo “mayoritariamente urbano”, aclara que entre el resto de los estratos aflora “una demanda por la co-responsabilidad de la educación sexual”.
