La denuncia penal que la Secretaría de Derechos Humanos presentó por la represión en Jujuy

El texto habla de “delitos que dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le solicitó a la Justicia Federal que inicie una investigación penal sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión llevada cabo en Jujuy contra quienes protestaban contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales.

La presentación judicial incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el propio secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.

“Vengo por el presente a formular denuncia penal por los hechos ilícitos que expondremos a continuación, con el fin de que se abra una investigación y se dispongan todas las medidas necesarias a efectos de determinar las posibles responsabilidades penales de los funcionarios públicos involucrados”, comienza reclamando Pietragalla en el texto.  

“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que -más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, subraya antes de comenzar a enumerar los delitos relevados.  
Sobre uso ilegal de armas no letales, la denuncia explicíta: “Una de las cuestiones que hemos podido constatar por diversos medios fue el uso indiscriminado, desproporcionado e irracional de la fuerza por parte de miembros de la policía provincial, a través de las denominadas “armas no letales”, que en realidad son menos letales. Especialmente, nos referimos a los disparos de perdigones de goma y de granadas o cartuchos de gas lacrimógeno”.

“Nos hemos entrevistado con personas que fueron heridas con perdigones de goma en el rostro. Tres de ellas que hemos podido constatar, han sufrido la pérdida de la visión en uno de sus ojos, lo que constituye una lesión gravísima en términos penales”, advierten.

“Según todas las recomendaciones internacionales –continúa la denuncia del funcionario-, las armas no letales utilizadas de forma incorrecta, como se ha constatado en Jujuy, pueden resultar letales o provocar lesiones gravísimas como la pérdida de ojos o la fractura de cráneo como ocurrió en este caso, Por eso, las armas denominadas como “menos letales” deben ser siempre disparadas al piso o a lugares donde no impacten directamente en las personas. En el caso específico de los perdigones de goma, jamás deben ser disparados en partes superiores del cuerpo, como el rostro y cabeza”.

“Disparar con munición “menos letal” de forma indiscriminada contra los manifestantes deja inferir de forma inequívoca el dolo de producir lesiones graves o gravísimas dado que cualquier agente policial sabe que no se deben accionar de esa manera cuando la finalidad es de dispersión de la protesta”, agregan.

Otro de los delitos detallados en la denuncia es el de las detenciones irregulares, sobre lo que advierten que “la gran mayoría de las personas privadas de libertad han sido detenidas de manera arbitraria, mientras pasaban por zonas cercanas al epicentro de la represión o, en algunos casos, ni siquiera en zonas cercanas”.

“Hemos entrevistado a personas detenidas en Alto Comedero –continúan- que se encontraban trabajando como vendedores ambulantes, andando en bicicleta, yendo a hacer trámites, a visitar familiares, etc., Y todos ellos, terminaron siendo subidos a camionetas y trasladadas primero a la comisaría y luego a la Unidad Penal”.

La denuncia cuenta con pruebas como fotos, videos, publicaciones etc., y describe casos particulares a modo de ejemplo. Uno de ellos es el de Cristian Oviedo, “un joven turista de la Ciudad de Buenos Aires, quien fue detenido por la policía y trasladado al penal de Alto Comedero mientras estaba paseando por Purmamarca”.

El reclamo legal del Gobierno nacional contra el gobierno provincial de Gerardo Morales continúa con pormenorizados detalles sobre apremios y vejaciones a personas detenidas, policías de civil infiltrados, inteligencia ilegal, allanamientos ilegales, móviles sin identificación o ajenos a la policía y publicación de antecedentes penales de personas detenidas.

“En función de todo lo expuesto, solicitamos se abra una investigación penal preparatoria a los fines de investigar las responsabilidades individuales de las conductas relatadas”, concluye Pietragalla.
 
Otros reclamos

La denuncia se suma al hábeas corpus presentado ante la justicia local ayer por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta.

A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que “se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes” y llamó al Gobierno de Morales “a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida”.

El titular de la Secretaría recorrió junto a sus funcionarios de su dependencia, del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) los lugares de las protestas y cortes de ruta, donde se entrevistó con manifestantes y visitó a los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención.

Pietragalla Corti también se acercó al hospital local Pablo Soria donde se encontraban los heridos y detenidos con estado de salud más grave por las agresiones, pero se le impidió el ingreso, según informaron fuentes de la Secretaria.