Había coca y morfina

La principal crítica que ha recibido es por criminalizar a los consumidores, al prohibir que se guarden semillas, el cultivo, la tenencia, y hasta el consumo “con ostentación y trascendencia al público”. Incluso, en el ya famoso caso “Arriola”, el 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema ha declarado inconstitucional el artículo 14 de esta ley, que es el que considera delito la tenencia para consumo personal.
La ley 23.737 ha seguido a rajatabla la política de la ONU sobre drogas, expuesta en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que tiene como objetivo declarado limitar la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos, exclusivamente.
Además, los organismos de la ONU sostienen y fomentan la imagen que vincula directamente a las drogas con la delincuencia. De hecho, la entidad que se encarga de la cuestión no es la Organización Mundial de la Salud, sino la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nótese, también, que la Oficina es contra la Droga, y no sobre la Droga.
Las Directrices para la Cooperación y la Asistencia Técnica en la Esfera de la Prevención de la Delincuencia Urbana, del Consejo Económico y Social de la ONU, de 1995, aconsejan que “para que el plan de acción integrado para la prevención del delito sea amplio y eficaz, sus autores deberán definir la naturaleza y los tipos de problemas delictivos que se vayan a abordar, como el hurto, el robo, el robo con escalamiento, los ataques raciales, los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia de menores y la posesión ilegal de armas de fuego, teniendo en cuenta todos los factores que puedan generar directa o indirectamente esos problemas o contribuir a ellos”.
Por otra parte, en el Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito, editado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011, se señala que “la delincuencia organizada internacional a menudo se aprovecha de las estructuras e instituciones de gobierno débiles, y el aumento del tráfico de drogas, armas o personas puede empeorar en gran medida los niveles de delito y violencia”. Más adelante, se indica que “a nivel local, las deficiencias de la infraestructura y las autoridades fiscales y administrativas, las precarias condiciones de vivienda y vecindad, la falta de buenos servicios de educación y sanidad, el alto desempleo y el fácil acceso a las drogas o las armas pequeñas son elementos capaces de aumentar los riesgos”.
Ni el Consejo Económico y Social, ni la Oficina contra la Droga y el Delito, presentan un solo dato concreto que ejemplifique o avale sus afirmaciones.
El fallecido criminólogo italiano Alessandro Baratta, señalaba en 1988 que la política de drogas en nuestras sociedades parte de una imagen “inicial” basada en cuatro elementos:
a) vínculo necesario entre consumo y dependencia (así como la evolución necesaria de la dependencia de drogas livianas a la de drogas duras); b) la pertenencia de los adictos a una subcultura que no comparte el sentido de la realidad de la mayoría “normal”; c) el comportamiento asocial o delictivo de los adictos, que los aísla de la vida productiva y los inserta en carreras criminales; d) el estado física o psíquicamente patológico de los dependientes y la irreversibilidad de la dependencia.
Sin embargo, indica Baratta, esta imagen no corresponde a la realidad, y los elementos que la componen representan la excepción más bien que la regla, respecto de lo que ocurre cuando se consumen drogas ilícitas. Aún hoy, en una fase posterior a la “inicial”, la gran mayoría de los consumidores de drogas ilícitas no son dependientes, no hacen parte de una subcultura desviada, no son asociales o delincuentes, no son enfermos (hay incomparablemente más enfermos y muertos por drogas permitidas, como tabaco y alcohol, que por drogas prohibidas); y, finalmente, la dependencia de las drogas es, desde el punto de vista clínico y social, curable. Pero la distancia entre la realidad y la imagen se acorta hoy.
¿Qué hay detrás, entonces, de esta obstinación?
Tomo las palabras de Antonio Escohotado en su “Historia General de las Drogas”:
“Quinto jinete del Apocalipsis, enemigo público número uno, el estrépito exterior generado por el «uso indebido» de ciertas drogas no puede ocultar la estrategia de poder que al mismo tiempo está en juego. Como medios para sentir y pensar de forma desacostumbrada, los vehículos ilícitos de ebriedad son cosas capaces de afectar la vida cotidiana, y en un mundo donde la esfera privada se encuentra cada vez más teledirigida, cualquier cambio en la vida cotidiana constituye potencialmente una revolución. Por lo mismo, el conflicto sanitario es también un destacado problema político, donde para el hombre contemporáneo no sólo está en juego la salud propia, sino un determinado sistema de garantías jurídicas. En una reciente investigación presentada por uno de los organismos vinculados con el sistema de Naciones Unidas, se señala la tendencia general de las legislaciones penales sobre drogas a «apartarse de los principios generales del derecho». En efecto, como vienen declarando reiteradamente sus principales paladines, desde Nixon a Bush, una guerra eficaz contra las drogas no se concilia con el cuadro tradicional de derechos, ni con la separación de funciones constitucionalmente consagrada, porque requiere intervención del ejército en tareas civiles, presunción de culpa en vez de inocencia, validez para mecanismos de inducción al delito, suspensión de la inviolabilidad del domicilio sin orden de registro, fin del secreto bancario para las cuentas de sospechosos, etc. Sin lugar a dudas, la cruzada farmacológica es el «desafío» más ostensible que asume el Estado norteamericano contemporáneo y, subsiguientemente, los demás Estados.
Al mismo tiempo, en contraste con actos como el homicidio, el robo, la violación o la estafa, donde ha de existir un daño preciso y una víctima que denuncia por sí o a través de sus vecinos, la dimensión política del crimen relacionado con drogas se muestra en su tipificación penal: es un delito de puro riesgo o «consumación anticipada», que se cumple sin necesidad de probar un perjuicio concreto seguido para alguien determinado. Como tal delito de riesgo no admite la graduación de responsabilidad que se sigue de distinguir entre autores, cómplices y encubridores, ni entre acto consumado, tentativa y frustración; quienes infrinjan las normas vigentes en esta materia serán siempre autores de un delito consumado, sean cuales sean Las circunstancias precisas del caso, y estos precisos rasgos —típicos, por ejemplo, del delito de propaganda ilegal— distinguen los crímenes de desobediencia a una autoridad de los crímenes con víctima física.
La especialísima naturaleza de semejantes delitos se observa en el hecho de que delincuente y víctima pueden (y suelen) ser una idéntica persona, pues la orientación del derecho aquí es proteger al sujeto de sí mismo, de grado o por fuerza, como cuando exige el uso del cinturón de seguridad en los conductores de automóviles. Quizá por eso, la delincuencia ligada directa o indirectamente a drogas ilícitas constituye el capítulo penal singular más importante en gran parte de los países del mundo y, desde luego, en los que se llaman avanzados, donde alcanza cotas próximas a tres cuartas partes de todos los reclusos. En los siglos XVIII y XIX lo equivalente a esta proporción correspondía a disidencia política, y del XIV al XVII a disidencia religiosa.”
Mientras tanto, como denunciaba en 2011 el entonces juez de la Corte Eugenio Zaffaroni en La Cuestión Criminal: “la pretendida guerra a la cocaína provocó 40.000 muertos en México en los últimos cuatro años, buena parte de ellos decapitados y castrados, cuando la cocaína hubiese demorado casi un siglo en cargarse la misma cantidad por efecto de sobredosis”.
Las razones de esta guerra las expuso en 1992 el entonces presidente de EE.UU., George Bush (padre): “La guerra contra las drogas es vital para la economía, la competitividad internacional y la seguridad de nuestro país”.