Cuando el peligro se paga en cuotas y la facturación es intocables

El episodio registrado este sábado a la madrugada en el Bulevar 25 de Mayo de Morteros trasciende los límites de un simple parte policial de fin de semana. Un conductor de 29 años, a la salida de un boliche bailable, aceleró su auto llevando a tres personas a bordo y terminó impactando contra el cantero central de la avenida. El test de alcoholemia posterior arrojó una cifra escalofriante: 2,17 gramos de alcohol por litro de sangre.
Afrontemos la realidad sin eufemismos: manejar con más de dos gramos de alcohol en el organismo no es una desatención ni un error de cálculo. Es una muestra de desprecio absoluto por la vida propia y, fundamentalmente, por la ajena. Desplazarse por la vía pública en esas condiciones equivale a manipular un arma cargada en medio de la ciudad.
Sin embargo, lo que verdaderamente alarma e indigna a habitantes que hicieron llegar su preocupación es la respuesta del sistema. Tras constatarse la monumental infracción y los daños materiales, las directivas estatales se limitaron al protocolo de manual: labrar el acta municipal, ordenar que el infractor deje el vehículo estacionado y permitir que se retire a su casa a pie.
El desprecio por las normas civiles que expone este caso no nace de un repollo, sino que cuenta con la complicidad de una cadena comercial que lucra a costa del peligro público. Al conductor se le detectaron 2,17 gramos de alcohol en sangre tras abandonar un establecimiento nocturno. Nadie llega a semejante nivel de intoxicación de forma mágica: minutos antes, hubo barras, cajeros y personal de un comercio que continuaron facturando y despachándole tragos a una persona que evidentemente ya no coordinaba sus acciones.
Conviene recordar que el expendio de alcohol a personas en estado de ebriedad está rigurosamente prohibido y penado por las leyes de convivencia vigentes. Quienes están al frente de los boliches y barras comerciales no pueden lavarse las manos como simples cobradores de entradas. Tienen una responsabilidad legal de detener el suministro cuando un cliente cruza los límites de la intoxicación. Mirar para otro lado para seguir abultando la caja de la noche es, contribuye directamente al caos que luego estalla en las calles de nuestra ciudad. ¿Qué intereses hacen que quienes tienen que aplicar la legislación miren hacia otro lado?
Aquí es donde el mecanismo cruje y pierde toda legitimidad moral. Si la sanción a una conducta criminal en potencia se reduce únicamente a una penalización monetaria, el mensaje implícito que el Estado le envía a la sociedad es nefasto. Se termina instalando la idea de que la seguridad vial tiene un precio, de que poner en riesgo la vida de los vecinos es un lujo que se puede pagar si la billetera lo permite, y de que el control municipal persigue un fin meramente recaudatorio en lugar de uno preventivo o educativo.
¿Por qué estos hechos no tienen consecuencias penales inmediatas? La ley provincial de Alcoholemia Cero en Córdoba es una herramienta administrativa valiosa, pero resulta insuficiente cuando se topa con niveles de temeridad tan explícitos. Con 2,17 g/l de alcohol en sangre y un vehículo fuera de control, no estamos ante una contravención de tránsito ordinaria. Estamos ante una conducta peligrosa que el Código Penal tipifica claramente en su artículo 193 bis para quienes crean una situación de peligro común.
Es imperioso que la Fiscalía de Instrucción local no espere la decisión política de denunciar rompiendo la inercia y comience a actuar de oficio en estos casos. La Justicia penal no puede seguir funcionando como un espectador pasivo que solo interviene cuando hay una ambulancia en el lugar o cuando ya es tarde y hay que contar víctimas fatales.
Si el conductor que chocó contra el cantero central de Morteros se va a su casa caminando sabiendo que su única preocupación será el pago de una multa —probablemente financiada en cuotas—, la batalla contra la violencia vial está perdida. La intervención judicial de oficio no es un capricho punitivo; es la única garantía de que manejar alcoholizado deje de ser un trámite económico y empiece a ser castigado como el delito que realmente es.