Compartimos la siguiente columna de opinión de Pedro Pianta que invita a reflexionar sobre la realidad histórica de las infancias en nuestro país y las urgentes deudas institucionales del Estado.
(APe).- El 20 de noviembre de 1989 la Argentina aprobó la Convención de los Derechos del Niño (Ley 23.849), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pasaron 36 años desde que esa sanción creó la indelegable obligación estatal de garantizar los derechos esenciales a nuestra niñez.
En su artículo 3° esa norma jurídica fundamental prescribe que en toda ocasión el Estado debe llevar adelante políticas públicas que prioricen el interés superior de las personas que, por ser niños, transitan por esa etapa de la vida que prácticamente define para siempre a la existencia humana.
Vale la pena tener presente qué ocurría en el país en esos años y, en definitiva, qué siguió ocurriendo desde ese punto de partida hasta hoy.
La Convención Sobre los Derechos del Niño fue consagrada como ley fundamental tras el fracaso rotundo de la promesa de que la recuperación formal de la democracia aseguraría educación, salud, y comida.
Como respuesta, el gobierno de Carlos Menem llevó adelante un impiadoso plan de entrega y feroz ajuste de letales consecuencias sociales para la clase laboriosa que produce la riqueza nacional.
Naturalmente, por ser junto a los ancianos pertenecientes a esa clase, el eslabón más débil de la injusta estructura social imperante, las pibas y pibes víctimas del desamparo siguieron pagando las consecuencias.
Es por esa razón que el 8 de junio de 1999 el Diario Clarín exponía en su portada un reconocimiento explícito del aludido gobierno.
Aproximadamente el 50 % de los niños argentinos eran pobres.
Es decir que, a 9 años de la sanción de la Convención creada para “proteger” a la niñez, esa era la realidad material que padecían prácticamente 1 de cada 2 niños y niñas argentinos.
Veamos ahora que ocurría en el año 2018.
El Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina señalaba que la pobreza infantil en la Argentina afectaba al 51,7% de los niños y adolescentes del país.
Se estableció que, de ese 51,7% de niños y adolescentes, un 29,3% tenía un déficit en sus comidas.
En ese marco un 13% pasaba hambre.
No solo la UCA exponía la tragedia.
El catastrófico nivel de desamparo surgía de las propias estadísticas oficiales.
Así, el INDEC nos hacía saber que en el año 2018 el 49, 6 % de los niños eran pobres en la Argentina. (Infocielo 6/8/2019).
Desde este mismo espacio, el 7 de diciembre de 2023, se denunciaba que convivíamos en una sociedad en la que más de ocho millonesde niños y adolescentes estaban pauperizados.
En ese entonces dos millones y medio de pibes y pibas vivían en la indigencia y padecían hambre.
Hacia fines de 2015 cerca de 3 millones de ellos vivía en la pobreza y 1,1 millón la sufría de un modo extremo.
Entre el año 2003 y 2007 la pobreza infantil general osciló entre el 45% y el 48% (INDEC y CEDLAS).
La magnitud de semejante desastre social, le quita sentido a los relatos de recuperación de la justicia social y los “empoderamientos emancipatorios” e implica despreciar los enormes padecimientos de los niños que forman parte de la creciente población sobrante.La niñez es la etapa crucial de la vida. En ella anida la potencialidad de los cambios que, porque dignifican, merecen ser intentados.
Para los niños el futuro debe ser un sueño a cumplir.
No un impedimento. No una acechanza.
También es por eso que el hambre es un crimen premeditado y alevoso.
El nivel de vida de los niños depende de las acciones y las omisiones de los adultos.
Frente a ellos, quienes las ejecutan o incumplen (y aquellos que los justifican) deberían avergonzarse de sostener tan livianamente relatos rimbombantes sin anclaje en la vida real.
Naturalmente, el nunca recuperado sistema educativo argentino, desmantelado durante las administraciones nacionales y provinciales de los años 90, cumple un rol decisivo en ese sentido.
Es una razón clave por la que atravesamos esta etapa de profunda crueldad.
En ese aspecto, según UNICEF en la actualidad 5,1 millones de niños son pobres en la Argentina.
Ese escandaloso número muestra la realidad del país que ha sido considerado “Granero del Mundo”. Representa el 42,3% de la totalidad de pibes y pibas argentinos.
Todo lo anterior muestra con absoluta claridad que, desde la restauración de la democracia formal, postulados elementales de la Norma Universal de Garantía de los Derechos de la Niñez (como son la alimentación adecuada y la educación) nunca se han cumplido.
Existen más incumplimientos.
Recientemente, con enorme suceso, se llevó adelante la llamada “Expo Armas” en el predio de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Sociedad Rural Argentina.
Llevados por adultos, a
gran cantidad de niños se les brindó la posibilidad de manipular armas de guerra
Seguramente, algunos de esos adultos aprovecharon las muy tentadoras ofertas de venta de armas que, como pudo verse, se ofrecían por la celebración del día del niño.
Postura coherente con el Decreto 1081/24 que redujo la edad para ser Legítimo Usuario de los 21 a los 18 años.
Eso ocurrió en un marco de la proliferación en constante aumento de casos de alumnos que se presentan en las escuelas portando armas de fuego.
Lo concreto es que, sin turbación de ánimo, existen adultos que propician el contacto directo de los pibes y las pibas con armas de guerra.
Con absoluta naturalidad impulsan que las pibas y los pibes argentinos se familiaricen con ellas; que se vinculen estrechamente con las mismas.
Son los mismos que, ante el ingreso de armas de fuego en los establecimientos escolares, alzan escandalizados la voz.
Ante ello, la única respuesta es la de elaborar estrictos “protocolos de actuación”, que los adultos a cargo de los niños se limitan a consentir.
Más allá del descaro, esa actitud exterioriza una irrebatible contradicción con la observación que, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado Argentino efectuó con relación a su artículo 38.
Allí, la República Argentina textualmente declara que:
“… es su deseo que la Convención hubiese prohibido terminantemente la utilización de niños en los conflictos armados, tal como lo estipula su derecho interno” (artículo 2° último párrafo. Ley 23.849).
Insisto, lo que acabo de señalar no es una opinión.
Es lo que establece una norma que, de conformidad con el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional posee jerarquía constitucional.
Dato puro y duro como los índices de pobreza registrados desde 1983 hasta la fecha.
No todo termina allí.
Al mismo tiempo que se impulsa el contacto de los pibes y las pibas con el armamento de guerra y se flexibilizan los requisitos para ser Legítimo Usuario de las armas; mediante la sanción de la Ley 27.801 que reformó el llamado Régimen Penal Juvenil, sombríamente se estableció que la edad de punibilidad descienda de los 16 a los 14 años.
La conclusión jurídica elemental es la siguiente:
Violentando el principio de racionalidad y razonabilidad de las decisiones estatales, que es una derivación elemental del Sistema Republicano de Gobierno, que establece el artículo 1° de la Constitución Nacional, el Estado lleva adelante políticas absolutamente contradictorias sobre cuestiones esenciales de cualquier sociedad medianamente democrática civilizada.
Es decir que con sus decisiones el Estado retrocede a la etapa previa a la revolución del año 1789.
Existe otro corolario evidente:
El Estado decide exacerbar la criminalización de los niños a los que somete a la exclusión brutal del hambre.
No les da comida y establece que merecen una sanción penal a partir de los 14 años.
Para completar la criminalización, se los presenta toscamente como “pibes chorros”.
Complementariamente el Estado impulsa que los restantes niños se familiaricen y tengan la posibilidad cierta de utilizar armas de fuego.
De ese modo les envía un guiño para que, entre otras cosas, se sientan legitimados para usarlas contra sus semejantes desamparados.
Un espanto…
Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APe)
