Miguel Peiretti
Lo que comenzó el pasado viernes como un inesperado siniestro vial a la vera de la Ruta Provincial 1 se transformó rápidamente en la crisis económica y productiva más comentada de la semana en el noreste cordobés. El desenganche de un acoplado cisterna que impactó de lleno contra una columna de hormigón de la línea de alta tensión de 66 kV no solo dejó al descubierto la fragilidad del sistema interconectado regional, sino que destapó un número escalofriante: al menos 100 millones de pesos costará reparar la estructura dañada.
La cifra, confirmada oficialmente por el gerente de CoopBrinkmann, Rafael Capello, contempla el valor de la columna (unos 20 millones de pesos) y la compleja logística de urgencia de las cuadrillas. Pero mientras la cooperativa activa los mecanismos legales contra el seguro del camión para recuperar el costo del poste, en la calle ruge otra discusión mucho más compleja: el vacío legal y la odisea burocrática que viven los productores y comerciantes para intentar demostrar judicialmente lo que perdieron.
El laberinto del tambero: ¿Cómo se mide la leche que no fue?
En el corazón de la cuenca lechera, el apagón de 17 horas paralizó los ordeñes, alteró las rutinas del rodeo y cortó la cadena de frío en los tanques. El daño está a la vista de cualquier productor, pero la odisea empieza a la hora de formular el reclamo legal.
¿Cómo comprueba un tambero ante los peritos del seguro los litros exactos de leche que debió descartar o que perdieron calidad comercial por falta de frío si el camión recolector ni siquiera llegó a pesarlos? ¿Cómo se certifica económicamente el "daño invisible" pero real, como el gasoil extra quemado a contrarreloj para alimentar generadores de emergencia, o las secuelas sanitarias a mediano plazo (como los brotes de mastitis en las vacas) causadas por el estrés y el retraso forzado en las fosas? Para los peritos de las aseguradoras, si no hay un remito o un ticket físico de descarte firmado por un profesional, la pérdida "no existe".
La impotencia del comerciante: El ticket que nadie emitió
En los cascos urbanos de Brinkmann, Seeber y Colonia Vignaud, los comerciantes minoristas sufrieron el mismo dolor de cabeza. Carnicerías, minifábricas de pastas y pequeños almacenes de barrio vieron cómo sus heladeras perdían temperatura hora tras hora.
Para un comercio familiar, el impacto se traduce en mercadería congelada que pierde la cadena de frío y debe ser tirada a la basura por una cuestión de salud pública. Sin embargo, comprobar ese lucro cesante es una trampa administrativa. Las compañías de seguros exigen un inventario milimétrico y actas notariales o de inspectores municipales que constaten la pérdida del stock en el momento exacto del corte. Para un almacenero independiente, pagar un escribano de urgencia un viernes a la noche para certificar tres freezers apagados es un costo inaccesible que termina saliendo más caro que la propia mercadería perdida.
La industria y las horas muertas
Por el lado de la industria láctea y metalúrgica regional, el freno total de motores durante casi dos turnos completos significó retrasos logísticos y compromisos caídos. Si bien las grandes plantas poseen registros de producción digitalizados que pueden respaldar las "horas muertas", la batalla legal por el lucro cesante contra terceros suele dilatarse por años en los tribunales, obligando a las empresas a absorber el golpe financiero en lo inmediato para no cortar la cadena de pagos.
Una región desprotegida
Mientras la infraestructura eléctrica se repara con relativa velocidad, el apagón dejó en evidencia la desprotección jurídica del motor productivo regional. Sin actas de constatación inmediatas, sin protocolos claros de las comunas para certificar los daños de los vecinos y ante la histórica inflexibilidad de las pólizas de seguro de transporte, la pesada factura de la Ruta 1 la terminarán pagando, una vez más, los eslabones más débiles de la cadena local.
