Nadie discute ya los diagnósticos que definen a la violencia vial como una de las tragedias estructurales más persistentes y dolorosas de la Argentina. Sin embargo, las últimas estadísticas oficiales y sectoriales obligan a desplazar la mirada de la mera cuantificación del daño hacia un fenómeno técnico mucho más alarmante: los choques en nuestras calles y rutas son cada vez menos frecuentes pero sustancialmente más letales.
El informe unificado del área de Transporte, que reportó 4.060 muertes en el territorio nacional, expone que la desidia compartida entre un Estado en retirada de la obra pública y una ciudadanía blindada en la imprudencia se paga directamente con vidas humanas.
El dato provisto por los centros de investigación vial es lapidario: la relación de muertes por cada siniestro grave escaló de un 0,35 inicial a un escalofriante 0,49. Significa, lisa y llanamente, que cuando un vehículo impacta hoy en una ruta argentina, la probabilidad de un desenlace fatal ha aumentado casi un 40%. Este salto cualitativo hacia la gravedad extrema encuentra razones precisas: el envejecimiento de un parque automotor con disparidades en sus sistemas de seguridad pasiva, las velocidades de circulación que ignoran los límites técnicos del entorno y el deplorable estado de conservación de corredores nacionales que han quedado huérfanos de mantenimiento básico.
La geografía del dolor vial traza, además, una intolerable asimetría federal. Que la provincia de Misiones exhiba una tasa de 17,9 muertes cada 100.000 habitantes frente a los 2,7 que registra la Ciudad de Buenos Aires no hace más que patentizar cómo las deficiencias de infraestructura, la falta de controles policiales homogéneos y la ausencia de políticas locales de concientización condenan a determinadas regiones al desamparo vial. No es la geografía la que mata; son los caminos estrechos, las banquinas descalzadas y las encrucijadas sin semaforización las que transforman el error humano en una sentencia de muerte irreversible.
A este complejo panorama se acopla un profundo quiebre cultural, visible en la alarmante participación de conductores menores de 30 años y de usuarios de motovehículos dentro de las plantillas de decesos. El desprecio persistente por el uso del casco, la peligrosa distracción que representan las pantallas de los teléfonos celulares al volante y la conducción bajo los efectos de sustancias configuran un cuadro de preocupante anomia cívica. Las recientes medidas operativas tendientes a unificar los criterios de infracciones y el sistema de puntos a nivel país son pasos administrativos lógicos, pero resultarán estériles si no van acompañados de una fiscalización efectiva e incorruptible en el territorio.
Reducir la siniestralidad no puede ser una meta supeditada a las urgencias financieras o a las transiciones políticas de turno. Exige entender que cada traza vial destruida es una hipoteca social y que cada muerte evitable representa una pérdida irreparable de capital humano y de futuro. La Argentina no puede seguir habituándose a convivir con una epidemia sobre ruedas cuyas vacunas -educación rigurosa, infraestructura previsible y control estricto- siguen durmiendo en los anaqueles de las asignaturas pendientes.
