Miguel Peiretti
Esta normativa, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina tras ser aprobada el pasado mes de febrero en el Congreso de la Nación, tiene fijada su fecha de entrada en vigencia para el próximo 5 de septiembre.
La presentación judicial fue anunciada de manera oficial durante una extensa conferencia de prensa realizada en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en la ciudad de La Plata. Allí, los referentes de las distintas organizaciones firmantes advirtieron que la nueva legislación representa un retroceso democrático y calificaron la iniciativa como una muestra de "demagogia punitiva" que pone en riesgo las garantías fundamentales de las infancias en todo el territorio nacional.
Los argumentos técnicos y científicos del rechazo
El encargado de exponer los principales lineamientos jurídicos y técnicos del pedido de inconstitucionalidad fue Ricardo Berenguer, referente del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata. El especialista detalló que existen múltiples incompatibilidades insalvables entre el nuevo texto legal, la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
· Baja de la edad de punibilidad: Berenguer advirtió que la reducción de la edad penal contradice de forma directa las recomendaciones explícitas del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
· Multiplicación de causas por delitos menores: La nueva ley incluye dentro de la órbita penal una gran cantidad de contravenciones y faltas menores que no generan un impacto social real. Bajo el decreto-ley 22.278 (todavía vigente), estas conductas no eran sancionables, por lo que la reforma provocará una saturación y multiplicación de casos sometidos a los tribunales.
· Prioridad del encierro: A pesar de los discursos oficiales, el defensor alertó que, al leer "entre líneas" el articulado de la ley, se evidencia una clara priorización de las penas de prisión por sobre cualquier otra alternativa socioeducativa.
· Equiparación con los adultos: La normativa no contempla escalas de reducción de pena específicas para menores de edad. Al aplicar los mismos criterios que para los adultos, la ley entra en conflicto directo con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el principio de especialidad ginebrina.
· Presión psicológica: Los firmantes expresaron su profunda preocupación por la inclusión de mecanismos que promueven formalmente el "arrepentimiento" de los jóvenes en el proceso penal.
Asimismo, Berenguer sumó a la discusión argumentos provenientes de la neurociencia. Explicó que esta disciplina científica demostró con creces que los adolescentes no cuentan con el desarrollo madurativo ni la capacidad suficiente para responder penalmente de la misma forma que un adulto, especialmente al momento de manejar sus conductas en situaciones extremas de crisis o altos niveles de estrés.
Voces de peso: Pérez Esquivel y Dora Barrancos en pie de guerra
La mesa de la conferencia contó con la participación de figuras de relevancia internacional. El Premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, fue uno de los oradores más categóricos de la jornada: "No toda ley es justa, y las leyes injustas deben ser resistidas hasta su total nulidad", afirmó.
Haciendo un paralelismo histórico con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el país, Pérez Esquivel denunció un "desguace" generalizado que golpea a los sectores sociales más desprotegidos. "Estamos frente a un escenario gravísimo. Los niños y las niñas no son un peligro para la sociedad, ellos están en un peligro permanente", sentenció el Nobel de la Paz.
Por su parte, la reconocida socióloga e historiadora Dora Barrancos, copresidenta de la CPM, advirtió que el país se encuentra "al borde del quiebre del Estado de derecho". Según su análisis, las autoridades nacionales avanzaron con esta ley inconstitucional, anticonvencional y regresiva aprovechando una "atmósfera social prediseñada" para erosionar y hacer retroceder la condición humana fundamental.
Estrategia política y articulación en las provincias
Desde el ámbito sindical, la secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires y coordinadora nacional del Foro por los Derechos de la Niñez, Rosario Hasperué, vinculó directamente el tratamiento de esta reforma con la agenda económica general. "Esta ley la aprobaron el mismo día que la reforma laboral, la estrategia política es muy clarita", denunció.
Hasperué criticó el avance de discursos efectistas que buscan solucionar problemáticas sociales complejas mediante el endurecimiento punitivo del Estado. Recordó, además, que los datos estadísticos históricos demuestran que los menores de edad nunca alcanzaron siquiera el 3% de la totalidad de los delitos graves cometidos en el país. "Tenemos que tener una estrategia clara y ser muy astutos; vamos a pelear esta presentación judicial hasta el final", remarcó.
Hacia el cierre del encuentro, Graciela Pérez Dubrez, integrante del Observatorio Internacional de Prisiones, anticipó que la presentación judicial busca transformarse en una "cruzada federal". Informó que ya se establecieron comunicaciones con delegaciones, colegios profesionales y organismos de las provincias de Córdoba, Misiones y Tucumán para que se sumen activamente a la causa penal bajo la figura jurídica de amicus curiae (amigos del tribunal).
Finalmente, Alcira Daroqui, miembro de la CPM y especialista del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH), dejó una preocupante advertencia de cara al futuro cercano: "Esto es la muestra de un poder ilimitado; es la demostración de hasta dónde pueden llegar: hoy son los 14 años, pero después serán los 13 o los 12. A lo que tenemos que resistir firmemente es a ese poder ilimitado, cuyas consecuencias finales hoy no podemos dimensionar".
De la convocatoria participaron y brindaron su respaldo un amplio abanico de organizaciones, entre las que se destacaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Argentina), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), Defensa de los Niños Internacional (DNI Sección Argentina), el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y los históricos dirigentes sindicales Víctor De Gennaro y Víctor Mendibil.
