Miguel Peiretti
El propio gobernador Martín Llaryora había encabezado la presentación del proyecto horas antes del debate legislativo. En dicho acto estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de Justicia y Trabajo, Julián López, junto al legislador Facundo Torres. Desde el Gobierno provincial enfatizaron que esta normativa constituye "una herramienta central" para profundizar la lucha contra el narcotráfico y reafirmaron que "Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico".
¿En qué consiste el nuevo régimen preventivo?
La ley crea un marco administrativo y judicial específico que habilita a actuar con rapidez sobre búnkeres de venta de estupefacientes, aguantaderos, guaridas o edificios abandonados y deteriorados que favorezcan el delito y afecten la convivencia vecinal.
Respetando siempre las competencias judiciales y el debido proceso, las autoridades podrán realizar inspecciones e informes técnicos para ejecutar de inmediato las siguientes medidas preventivas:
· Cerramientos y bloqueos de accesos.
· Clausuras provisorias y tapiados de las estructuras.
· Custodia o aseguramiento de los inmuebles.
El fin supremo de estas acciones es impedir que las propiedades utilizadas para fines ilícitos vuelvan a transformarse de forma reiterada en focos delictivos para los barrios. Para coordinar estas tareas, se creará la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, permitiendo articular el trabajo entre los ministerios, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los intendentes de los gobiernos locales.
Destino del dinero y bienes decomisados
Otro de los pilares centrales de la flamante ley establece un esquema claro y transparente para la administración de todos los recursos económicos y bienes que sean decomisados en causas judiciales vinculadas al narcotráfico:
· 60 por ciento: se destinará al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
· 40 por ciento: financiará los programas de prevención y abordaje integral de las adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
