


Prorrogan la prisión preventiva para un hombre investigado por narcomenudeo en San Guillermo
Miguel Peiretti


El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, resolvió que un hombre de 31 años —identificado por sus iniciales como DAB— continúe en prisión preventiva por un plazo de 90 días más. El sujeto está siendo investigado por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización al menudeo en la localidad de San Guillermo.
La medida fue dictada tras una audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en los tribunales de San Cristóbal, a partir de una solicitud formal del fiscal a cargo del caso, Emiliano Odriozola.
Chats incriminatorios y peligro procesal
Durante la audiencia, el fiscal Odriozola fundamentó la prórroga explicando que la investigación penal avanzó de manera significativa en las últimas semanas. El hallazgo más relevante surgió tras la apertura técnica de los dispositivos electrónicos secuestrados.
"Se realizó la apertura de los dispositivos secuestrados, entre ellos el del hombre investigado, y se descubrieron 15 conversaciones con 15 posibles consumidores, lo que estaría corroborando con más fuerza la tipificación de comercialización de estupefacientes", detalló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El fiscal argumentó que estas nuevas evidencias aumentan sustancialmente los riesgos procesales. Además, recordó que la semana pasada el camarista Sergio Alvira ya había confirmado la prisión preventiva original que en primera instancia dictó la jueza Cecilia Álamo.
Por su parte, el juez Peralta coincidió con el planteo fiscal, señalando que las pruebas presentadas acreditan con un alto grado de probabilidad la autoría del imputado. El magistrado también valoró que, en caso de ser hallado culpable, la pena en expectativa será de cumplimiento efectivo, y remarcó la necesidad de resguardar el proceso penal y proteger la declaración de los testigos.
El allanamiento y la calificación legal
La causa penal contra el investigado se inició tras un procedimiento de la autoridad policial en una vivienda ubicada en la calle Carlos Gardel al 400. En aquel allanamiento, los efectivos policiales lograron incautar elementos que resultan totalmente compatibles con el fraccionamiento y la venta de drogas en la región: 6 envoltorios de nailon con marihuana y un cigarrillo armado, 10 envoltorios de nailon con clorhidrato de cocaína, una balanza digital de precisión y recortes de nailon para fraccionamiento, 3 teléfonos celulares (de los cuales se extrajo la evidencia digital).
Actualmente, la causa penal está caratulada bajo la calificación legal de autoría de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.




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