Miguel Peiretti
El encuentro en la iglesia y referentes de barrios populares
Las familias de Morteros que fueron incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) podrían quedar incluidas en la ley que impulsa el gobierno nacional. En una declaración pública, el cardenal Ángel Rossi advirtió que la ley de «Inviolabilidad de la propiedad privada» pone en riesgo la integración de 40 mil familias cordobesas entre las que podrían encontrarse familias morterenses
En un clima de profunda inquietud por el futuro habitacional de los sectores más vulnerables, la Iglesia Católica de Córdoba, en conjunto con la Mesa de Barrios Populares, lanzó una fuerte advertencia contra el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la propiedad privada». Durante un encuentro con los medios realizado en la sede del Arzobispado de Córdoba, los referentes sociales y religiosos denunciaron que esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, representaría un grave retroceso en los derechos adquiridos y pondría en riesgo la supervivencia de miles de hogares.
En una conferencia de prensa encabezada por el cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba¿ con la participación de distintos referentes coincidieron en que el proyecto gubernamental pretende desmantelar los pilares de la Ley 27.453, una normativa clave que ha permitido avanzar en la regularización dominial y la integración socio-urbana en todo el territorio nacional. De aprobarse esta nueva ley, se verían debilitadas herramientas fundamentales como la suspensión de desalojos y el acceso progresivo a servicios esenciales como el agua potable, la energía eléctrica, el saneamiento y una vivienda digna.
Según se expuso en el encuentro, la actual Ley 27.453 es la que sostiene el andamiaje jurídico para que las comunidades en situación de pobreza puedan aspirar a un título de propiedad y a una urbanización real. En la provincia de Córdoba, se estima que más de 40 mil familias podrían verse directamente afectadas si se eliminan o debilitan estas protecciones. Actualmente, existen 318 barrios registrados dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en territorio cordobés entre ellos uno pertenecería a la ciudad de Morteros integrado por tres manzanas en barrio Arsenal, los cuales quedarían en una situación de vulnerabilidad jurídica extrema ante el nuevo escenario normativo.
Las tres manzanas de barrio Arsenal georeferenciadas en el Renabap
Un sector de barrio Arsenal fue inscripto en el Renabap por el municipio de Morteros con el propósito de sanear los títulos de un grupo de viviendas que fueron entregadas por Alfredo Bría en su intendencia de gobierno de facto en terrenos que tendría pendiente juicios sucesorios, nunca resuelto por el municipio
Los adjudicatarios de las referidas viviendas cuentan con un contrato pero no pueden lograr se les transfiera la propiedad, agravándose la situación por no contar con capacidad económica y al realizar reclamos verbales de alguna manera siempre lograron se dilate la situación hasta la actualidad.
El gobierno municipal en la intendencia de José Bría, hijo de quien adjudicó los terrenos sin contar con los títulos saneados por razones sucesorias y otras situaciones particulares de herederos inscribió a los mismos ante la entonces Sub secretaria de planificación Territorial de la Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, en el Renabap para sortear las dificultades legales que existirían para otorgar la escritura a cada uno de sus propietarios.
La georreferenciación y caracterización del sector de barrio Arsenal de Morteros registrado en el Ranabapn indica que más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo.
La Ley 27.453 aprobada en el gobierno de Mauricio Macri y actualizada en 2022 regula la integración socio-urbana de barrios populares en Argentina, declara de interés público la mejora de infraestructura y regularización dominial, incluyendo la prórroga de la suspensión de desalojos por 10 años (hasta 2032), y la expropiación de tierras
El gobierno nacional de Javier Milei impulsa la modificación de la Ley bajo el marco de la «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», en la que busca restringir los procesos de expropiación, eliminar la titularización de tierras en el Renabap y habilitar desalojos.
Frente a esto las organizaciones sociales y la Iglesia advierte que esta modificación elimina la titularización a quienes habitan el lugar habilitando a quienes tienen los títulos al desalojo, vulnerando el derecho a la vivienda y la seguridad de la tenencia.
El cardenal Ángel Rossi enfocó su discurso en la dimensión ética y humana de la crisis. Con una mirada pastoral, el arzobispo vinculó la carencia habitacional con el sufrimiento más profundo de la sociedad actual. En una de las frases más resonantes de la jornada, afirmó: «Probablemente no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’». Para Rossi, el acceso a la vivienda no es una cuestión de caridad, sino un imperativo de justicia que el Estado y la sociedad deben cumplir de forma prioritaria.
Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para que se comprometan a garantizar que «toda familia tenga un techo digno, acceso a agua potable y a servicios básicos». En su intervención, Rossi subrayó que el reconocimiento de los derechos de los más pobres es una obligación ineludible: «la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos». Esta postura refuerza el histórico compromiso de la Iglesia de Córdoba con los sectores excluidos, bajo la premisa de tener «un oído en el Evangelio y otro en el pueblo».
Para dar una magnitud técnica al problema, el padre Melchor López repasó los logros alcanzados gracias a las políticas públicas que hoy están bajo amenaza. Recordó que el Renabap permitió identificar 6.467 barrios populares en todo el país, donde residen más de 5 millones de argentinos. Según el vicario de los Pobres, es en estos territorios donde se concentra el núcleo duro de la pobreza e indigencia nacional. La implementación de la ley actual ha facilitado obras de integración en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante convenios con 130 municipios, 18 provincias y 160 organizaciones sociales y territoriales.
La jornada en el Arzobispado concluyó con un pedido unánime de las entidades convocantes: sostener y profundizar las políticas de integración urbana. El llamado final fue a continuar trabajando de manera conjunta por ciudades que no excluyan a sus habitantes más pobres, buscando asegurar oportunidades y condiciones dignas para todos los ciudadanos, sin distinción de su código postal.
