(APe).- El superávit fiscal, esa zanahoria sagrada de la vileza gobernante, se ha vuelto incompatible con la vida de una porción considerable de la población. Es decir, de aquella que es sacrificable. Que es materia de descarte. Que no es productiva ni rentable y pretende que su vida sea financiada con políticas públicas de un estado con mediana sensibilidad. La discapacidad, la vejez, la enfermedad en sí misma son estados despreciables para quien llega a destruir el estado desde adentro y, por lo tanto, a poner en marcha el genocidio silencioso que dejará miles de víctimas por falta de atención sanitaria.
Una tragedia humanitaria producida con absoluta conciencia: la crisis sin precedentes generada en el PAMI –una caja inmensa junto con ANSeS para el buitrerío que ha gobernado este país y que se ha servido de ellas para financiarse- que deja a los viejos sin cobertura, sin medicamentos, sin prótesis, sin anteojos y sin médicos de cabecera.
Y a los que se atreven los miércoles frente al Congreso, escudos, palos, gases y gendarmes y policías para completar el tormento que han decidido infligirles con una saña inexplicable.
Un desastre en el futuro inmediato, cuando termine de caer el Plan Remediar, con una historia de 24 años, que proveyó –hasta el 1 de abril- medicamentos gratuitos a millones de personas que ahora tendrán otra orfandad sanitaria. Todos a bordo de un sistema público colapsado, listo para estallar en un invierno para el que no se ha previsto vacunación antigripal para todos los grupos de riesgo, entre otras cosas por mezquindad política: a la provincia de Buenos Aires apenas llegó un tercio de las vacunas que correspondían para los viejos bonaerenses. Que son una multitud.
Históricamente Pami fue una caja política para financiar campañas en la que metieron mano dirigentes de moral turbia e historia impune. La caída del trabajo registrado y la consecuente baja de los aportes al Pami hacen peligrar naturalmente a la obra social. Pero su derrumbe y la crisis actual dependen casi exclusivamente de la decisión de desfinanciarlo por parte del ministro de Economía, cuya preferencia para lograr el superávit fiscal es recortar violentamente a los más frágiles y proteger a los poderosos. A lo que se suma la interna feroz en el gabinete, donde la rapiña se disputa lo que queda de la caja de los jubilados.
A medida que siga aumentando la deuda de 500 mil millones de pesos que sostiene el PAMI con los prestadores y que Caputo decide no pagar, las prestaciones privadas irán cayendo. La deuda con las farmacias, por ejemplo, es de 270.000 millones de pesos.
Mientras tanto los viejos irán viviendo su agonía lenta, paseándose por clínicas y hospitales públicos que ya no tendrán lugar para atenderlos, buscando comedores comunitarios para acceder a alimentos porque en las farmacias queda en claro que se almuerza o se compra un medicamento, que se cena o se discontinúa el hipotensor o las estatinas para el colesterol.
El genocidio silencioso del que habla la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
“Los viejos se van a morir en los hospitales sin ningún tipo de dignidad. Esto va a ser peor que la pandemia cuando llegue el invierno”, le dijo un funcionario de Salud de un municipio del norte del conurbano al diario Perfil. Toda la estructura estatal que el topo destruye a nivel nacional cae como un alud sobre provincias y municipios. Y genera aumentos significativos en la demanda de sus centros de salud: atención médica, vacunas, medicamentos, urgencias.
Con seis millones de afiliados (5 millones y medio cobran menos de 400.000 pesos) la insensibilidad gobernante puso a la vejez y a la discapacidad al borde de una catástrofe sanitaria.
En el medio, en una demostración palmaria de brutalidad extrema, depositaron la cereza envenenada: la caída del Plan Remediar. Un programa surgido en 2002, cuando la mitad de la población no accedía a los medicamentos. Con una historia de 24 años, abastece a 8000 centros de salud y cubre el 85% de las enfermedades más frecuentes,tanto crónicas como agudas. Entre ellas, hipertensión, diabetes, anemia, hipotiroidismo, EPOC, asma, infecciones respiratorias y gastroenteritis, enumera Página 12. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dejó en claro que “hay lugares del interior donde no hay farmacias. El único acceso a medicamentos es a través del Estado. Estamos hablando de 20 millones de personas”.
En ese contexto, aparece la resolución 1107/2026 para modificar los ingresos de los médicos de cabecera del PAMI. La decisión eliminó los honorarios por consulta y dejó únicamente el pago por cápita, es decir un monto fijo por paciente: 2.100 pesos. La poda de todo adicional por consulta fue un golpe brutal en los ingresos, de hasta un 50%. A un médico que alcanzaba a cobrar $1.650.000 se le reduciría el ingreso a unos $800.000. Fue una medida repentina y retroactiva que generó el paro de 72 horas de los médicos. Que no les movió un pelo ni a Caputo ni a Lugones ni al presidente que hace la valija para irse a Israel. Pero que a los viejos los dejó tres días sin ese abrigo cada vez más endeble que es su médico de cabecera.
La vileza gobernante suele practicar medidas repentinas y retroactivas, como la modificación de la Resolución 802 del Banco Nación que permitió conceder créditos hipotecarios a la mejor tasa del mercado a funcionarios ricos que ya tenían viviendas, por hasta 340 mil dólares.
Mientras, más de 5 millones de jubilados cobrarán en abril 380.319,31 pesos más un bono de 70 mil polvoriento y deshilachado que no se actualiza desde hace dos años.
Y además se les detonó la obra social y no saben si en alguna parte les atenderán las caderas, los ojos, los huesos gastados, los corazones que no aguantan, los múltiples padecimientos de esos cuerpos obligados tantos años a responder a tanto trajín, a tanta lucha.
Y ahora a tanto castigo, a tanta condena, quién sabe por qué.
