Miguel Peiretti
La Knéset, el parlamento israelí, aprobó este lunes la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos que sean condenados por asesinatos terroristas. La propuesta del ministro de Seguridad Nacional, el fascista Itamar Ben Gvir, y su partido ultranacionalista, contó con el respaldo del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien estuvo presente en la asamblea en el momento de la votación.
La iniciativa obtuvo 62 votos a favor y 48 en contra y es una nueva expresión cabal del derrotero hacia el apartheid genocida de un Estado construido sobre las cenizas de Auschwitz y que como acto fundacional tiene a la Nakba (1948), la catástrofe de los palestinos desplazados de sus territorios y sus hogares, perseguidos, asesinados, que se agudizó desde el 7 de octubre de 2023 con la masacre en Gaza y el hostigamiento y los desalojos en toda Cisjordania.
La nueva ley crea dos marcos jurídicos para el uso de la pena de muerte en la Cisjordania ocupada —excluyendo a Jerusalén Oriental— y en Israel. Los tribunales militares de la Cisjordania ocupada tendrán competencia para imponer la pena capital a personas palestinas declaradas culpables de homicidios deliberados en acciones definidas como actos terroristas conforme a la ley antiterrorista de Israel de carácter absolutamente discriminatorio. En circunstancias especiales, no especificadas por el proyecto de ley, los tribunales podrán imponer la prisión perpetua -no penas menores- en lugar de la muerte.
Resumiendo, tribunales militares que obtengan confesiones a fuerza de tortura decidirán la muerte en la horca de palestinos que luchan por existir, o simplemente por existir. Por el contrario, los israelíes serán juzgados por tribunales civiles que no tendrán la obligación de aplicar la pena de muerte aunque éstos hayan asesinado.
La norma autoriza al ministro de Defensa a disponer si las personas acusadas de Cisjordania serán juzgadas ante tribunales militares o civiles. Los condenados a muerte no tienen derecho a solicitar el indulto, siendo así uno de los pocos países de los 55 en el mundo que aún aplican la pena capital, que cierran esta posibilidad. Cabe recordar que 144 estados abolieron o suspendieron la pena de muerte.
Otro factor que agrava la situación es que se faculta a tribunales militares, “célebres por no respetar el debido proceso y las garantías de un juicio justo, y cuya tasa de sentencias condenatorias supera el 99% cuando las personas acusadas son palestinas”, según sostiene Erika Guevara-Rosas de Amnistía Internacional España.
“Israel se está otorgando descaradamente carta blanca para ejecutar a personas palestinas al tiempo que elimina las garantías elementales de un juicio justo”, sostiene la directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de la ONG.
La pena capital no se aplica en el país desde 1962, cuando fue ejecutado el jerarca nazi Adolf Eichmann, capturado por un grupo comando del Mossad en Argentina -donde trabajaba como gerente de Mercedes Benz- en mayo de 1960 y trasladado a Israel para ser enjuiciado por sus crímenes.
A partir de la sanción de esta ley, alrededor de 10 mil palestinos corren el riesgo de ser ejecutados.
La Unión Europea (UE) expresó su “preocupación” por la sanción de esta ley que consideró discriminatoria y un “paso atrás”.
“El proyecto de ley sobre la pena de muerte en Israel nos preocupa mucho en la UE. La introducción de la pena de muerte, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás”, indicó Anouar El Anouni, portavoz de la Comisión Europea, en una rueda de prensa.
“Nos oponemos a la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, y así lo hemos manifestado desde el principio en lo que respecta a la ley, incluso antes de su aprobación en Israel”, declaró.
