Miguel Peiretti
El juicio al exintendente de Ceres, Camilo Enzo Busquets (69), acusado por varios hechos de corrupción fue suspendido debido a un planteo de la defensa.
El abogado defensor Pablo Mosconi presentó un recurso de apelación contra el auto de apertura del juicio, por lo que el juez Gabriel Peralta decidió suspender el inicio del juicio para dar intervención a la Cámara de Apelaciones.
La acusación es impulsada por el fiscal Guillermo Loyola y el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone -que representa a la Municipalidad de Ceres-, los cuales anticiparon un pedido de pena de 5 años de prisión para Busquets y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, más el pago de una multa de $4.150.000 para el exintendente.
Busquets fue acusado por 14 hechos de corrupción, que fueron detallados en la audiencia preliminar del juicio; fuentes del caso explicaron que en el auto de apertura hay error de transcripción en tres de los hechos atribuidos. Cuando el fiscal advirtió estos errores, le solicitó al juez que rectifique el escrito. El magistrado admitió el error involuntario y rectificó el auto de apertura. Esto fue apelado por el defensor a las pocas horas del comienzo del juicio. Debido a que el inicio del debate era inminente, el juez determinó que correspondía postergarlo hasta que se obtenga una resolución de la segunda instancia sobre las cuestiones planteadas por la defensa.
Busquets está acusado como autor de los delitos malversación de caudales públicos agravada; falsificación ideológica de instrumento público; fraude a la administración pública; y nombramiento ilegal de cargo público. Todo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Junto al exmandatario, que ocupó el cargo de intendente entre 2003 y 2019, serán también juzgados dos exsecretarios de hacienda de la Municipalidad: Betiana Soledad Godoy (46); y Lucas Sebastián Cañete (47).
En el caso de Godoy, la exfuncionaria llega al juicio imputada como coautora de malversación de fondos. Mientras que Cañete fue acusado por los mismos delitos que Busquets y además por haber aceptado un cargo público de manera ilegal.
Los hechos por los que la Fiscalía y querella llevan a juicio a Busquets y sus dos exsecretarios se dieron durante un mandato que empezó en el año 2003 y que culminó en 2019.
Entre los más destacados, la acusación de la Fiscalía y querella apunta al desvío de un subsidio (proveniente del Fondo Federal Solidario 2017) que tenía como fin obras de infraestructura sanitaria y educativa pero que habría tenido otro destino, situación que generó cargos e intimaciones de parte del Tribunal de Cuentas.
Además, se les imputa la falta de depósito de los aportes retenidos de los sueldos del personal municipal destinados a entidades sindicales, entre 2013 y 2019, lo cual generó una deuda millonaria al final de la gestión.
Por otro lado, la investigación apuntó a Busquets y Cañete por haber realizado ocultado una deuda que tenía el Municipio (con la Asociación Mutual Pyme Rural de la ciudad de Rafaela) durante el traspaso de gestión. A su vez, la Fiscalía puso la lupa sobre el pase a planta permanente que hizo Busquets de Cañete y Godoy sin hacer un llamado a concurso.
