Miguel Peiretti
Un profundo sismo institucional sacude a la fuerza policial de la provincia de Santa Fe tras confirmarse la detención de los máximos responsables de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) con sede en Venado Tuerto. Los oficiales arrestados son el comisario Danilo Grossi (jefe del área) y el subinspector Brian Duclo (subjefe). La paradoja golpea de lleno al sistema de seguridad, ya que ambos funcionarios tenían la tarea estratégica de erradicar los búnkers y la comercialización de estupefacientes a pequeña escala en el sur provincial.
El caso es manejado bajo un hermetismo absoluto mediante un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Esta estructura unifica los esfuerzos del fuero provincial, representado por los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia (de la Tercera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación), junto con los fiscales de la Justicia Federal de Venado Tuerto, Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.
El operativo: Seis allanamientos simultáneos
La caída de la cúpula se ejecutó durante las primeras horas de este martes 25 de agosto de 2026. Los agentes de la Agencia de Control Policial (ACP) desplegaron seis órdenes de allanamiento simultáneas que abarcaron tres localidades clave:
Venado Tuerto: Cuatro procedimientos en domicilios particulares y bases operativas.
General Lagos: Un operativo en el departamento Rosario.
Carreras: Una inspección en el departamento General López.
Los agentes de control no solo procedieron a la inmediata captura de Grossi y Duclo, sino que extendieron las requisas a las propiedades de otros integrantes de la misma división.
Teléfonos bajo la lupa: La clave de la investigación
La sospecha en las altas esferas judiciales es de carácter sistémico. Por este motivo, el Equipo Conjunto de Investigación ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de absolutamente todos los miembros que integran la División Microtráfico de Venado Tuerto, además del retiro de documentación sensible y soportes informáticos. El peritaje tecnológico de estos dispositivos será crucial para determinar el nivel de connivencia, la filtración de datos de operativos y el posible desvío de estupefacientes secuestrados.
Hasta el momento, los delitos específicos que se les imputarán a los dos jefes policiales permanecen bajo estricta reserva judicial. El impacto de la noticia obligó a las autoridades a convocar a una conferencia de prensa de urgencia en la sede de la Fiscalía Regional 3, encabezada por el fiscal regional Mauricio Clavero y el secretario de Gestión del Gobierno de Santa Fe, Federico Angelini, para esclarecer la gravedad de la situación institucional.
