Foro Permanente Discapacidad denuncia aumentos engañosos

La Agencia Nacional de Discapacidad anunció una actualización de los aranceles para los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. El incremento será del 29% o del 35%, según el tipo de prestación, y regirá para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2025.

Para la población en general, el aumento puede parecer significativo, pero en realidad no compensa el atraso acumulado desde el inicio de la actual gestión, en diciembre de 2023.

Los datos concretos muestran un retraso del 70% a agosto de 2025, en comparación con los valores que deberían haberse actualizado.

Es importante señalar que este desfasaje no comenzó con el gobierno actual, sino que se arrastra desde la gestión del presidente Alberto Fernández, período en el cual ya se había deteriorado la situación económica de los prestadores. Un atraso reconocido por la administración actual. 

Cabe señalar que las prestaciones se facturan a mes vencido. Esto significa que, aunque el aumento anunciado se complete recién en diciembre, se facturará en enero de 2026 y se cobrará entre 60 y 90 días después de brindada la prestación.

En consecuencia, los prestadores recién percibirán el incremento total, con suerte, entre marzo y abril de 2026.

El aumento otorgado representa solo la mitad de lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad para el mes de octubre y, además, se paga de manera fraccionada. 

Aun así, el Gobierno lo comunica como si se tratara de una respuesta a las necesidades reales de los prestadores, cuando en realidad no cumple con los parámetros fijados por la ley ni con los compromisos asumidos.

A esto se suma el incumplimiento del pago de la compensación prevista en la Ley 27.793, deuda que el Estado mantiene con el sector.

Por lo tanto, no puede considerarse este incremento como el inicio de un proceso de saneamiento de un sistema que se encuentra en una situación crítica de desfinanciamiento y abandono.

La destrucción del sistema prestacional, que garantiza el acceso al derecho a la salud y a la educación de más de 300.000 personas con discapacidad, se profundizó durante la actual gestión, que desde su inicio no ha otorgado aumentos acordes con los costos reales ni con los índices de inflación.

Las expresiones incluidas en el comunicado oficial resultan engañosas.

Se afirma que el aumento otorgado a las prestaciones supera la inflación proyectada para 2025, lo cual podría considerarse cierto solo si se analiza ese año de manera aislada.

Sin embargo, este incremento representa apenas la mitad del atraso arancelario acumulado —del 70% a agosto de 2025— que fue generado por la propia gestión del Gobierno nacional.
El aumento dispuesto es diferenciado: algunas prestaciones reciben un 29% y otras un 35%, cuando el atraso arancelario del 70% fue para todas.
También se afirma que, con este aumento, se verán beneficiados los profesionales, los prestadores institucionales y las propias personas con discapacidad, ya que permitiría “mantener la calidad y la continuidad de los servicios”. Esto no es así.

El incremento anunciado no compensa el atraso acumulado, por lo que los prestadores continúan sin poder cubrir los costos reales de funcionamiento, ni afrontar las deudas que los sucesivos retrasos arancelarios les han generado.

En estas condiciones, resulta inviable sostener la calidad y la continuidad de los servicios que se brindan a las personas con discapacidad.
También se sostiene que estas medidas brindan previsibilidad al sistema.

En todo caso, la previsibilidad radica en saber que los prestadores cobrarán un aumento insuficiente, que no alcanza para cubrir los costos actuales ni las deudas generadas por los reiterados atrasos arancelarios.

La única certeza que hoy tienen las instituciones y los profesionales es la continuidad del atraso y el riesgo creciente de cierre de servicios esenciales para las personas con discapacidad.
Se afirma que con esta medida se reconoce el trabajo y el compromiso diario de los prestadores. Sin embargo, no puede hablarse de reconocimiento cuando se paga menos de lo que corresponde.

Al hacerlo, el propio Estado desconoce en los hechos aquello que dice valorar.

El mensaje implícito es claro: “conténtense con esto, ¿qué más pretenden?”, una frase que refleja la falta de consideración hacia quienes sostienen, día a día, la atención y el acompañamiento de las personas con discapacidad.

Desde este Foro volvemos a insistir en la necesidad de que se cumpla plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, y que se haga hoy.
Solo así se estará cumpliendo con las palabras del propio Presidente: “Dentro de la ley, todo; fuera de ella, nada.”

Basta de engañar a la población.

Podrán intentar presentar este aumento como una respuesta, pero quienes sostienen esta tarea día a día saben que no lo es.

Un incremento que, con suerte, se cobrará recién entre marzo y abril de 2026, no representa una solución: al no cubrir los costos reales, solo profundiza el endeudamiento y la crisis del sistema prestacional.

Esperamos con expectativa la decisión judicial del Juez Federal de Campana, Dr. Adrián González Charvay, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 2° del Decreto 681/25, que suspende la aplicación plena de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.

Confiamos en que la Justicia garantice su inmediata ejecución.

Con la ley y la verdad, todo. Basta de engaños.