Organismos de derechos humanos rechazan el fallo de la Corte para liberar represores

En un duro comunicado, organismos de derechos humanos repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló la prórroga de la prisión preventiva del represor Carlos “Indio” Castillo, y advirtieron que la decisión constituye un nuevo retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La decisión del máximo tribunal limita en tres años las preventivas. Otros defensores de represores y genocidas ya elevaron planteos en el mismo sentido. Es la propia Corte en muchos casos la que demora las condenas definitivas.

La declaración comienza señalando: “El Poder Judicial tiene el deber de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden impunes, que los juicios sean realizados e impedir que los genocidas obstaculicen las investigaciones. Los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en la clandestinidad, valiéndose del aparato del Estado y con la participación de muchas personas, la mayoría de las cuales aún no fueron identificadas. De allí se deriva una gran complejidad para juzgar a sus responsables, que se refleja en el reclamo de Justicia que lleva más de 40 años”.

El pronunciamiento lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, la Asociación Buena Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, la APDH-La Matanza y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

“Los genocidas y partícipes civiles siguen obstaculizando las investigaciones a través de los pactos de silencio con los que se niegan a aportar información sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y de las 300 víctimas del Plan Sistemático de robo de bebés que siguen sin conocer su verdadera identidad. El pacto de silencio es un entorpecimiento de la investigación. No es una alusión genérica: es un hecho cierto y concreto, como lo es que desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. Desaparecer a testigos amedrenta a otros. En ambos casos se obstaculiza la investigación”, agregan como marco contextual histórico, para luego denunciar:

“Desde que se reinició el proceso histórico de juicio y castigo, más de 100 genocidas identificados se fugaron de la Justicia, muchos de ellos aún permanecen prófugos hasta el día de la fecha. Por este motivo debió crearse un programa específico para buscarlos, que fue desmantelado por Patricia Bullrich. Mientras la Corte se preocupa por limitar la prisión preventiva de los genocidas, casi la mitad de la población privada de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal está detenida bajo esta modalidad y en condiciones de hacinamiento”
Los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, más dos aliados circunstanciales, -el camarista de Mar del Plata Alejandro Tazza y su colega de Córdoba Abel Sánchez— aceptaron un planteo de la defensa de Castillo, integrante de la patota de la CNU, para limitar su prisión preventiva y abrieron la ventana para que otros genocidas queden en libertad. Ricardo Lorenzetti, en tanto, se pronunció en contra.

El fallo beneficia a represores con preventivas por no haber sido condenados aún o no contar con condena firme. Sin embargo, muchas condenas no están firmes porque la propia Corte no expidió aun su veredicto.

Castillo está detenido desde diciembre de 2013. Actualmente está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo. 

“El deber de afianzar la justicia y de castigar los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos en el país no autoriza per se a prorrogar la prisión preventiva por más de tres años”, dice el texto del cuarto piso de Talcahuano 550.

Por su parte, los organismos responden que “la prisión preventiva de los genocidas se extiende por el tiempo que insume investigar la gran cantidad de crímenes que cometieron, por la demora en la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad y en la confirmación de las condenas. Esto es responsabilidad del Poder Judicial que la Corte encabeza”.
“Específicamente –aclaran-, la confirmación de las condenas depende de la Corte, que elige discrecionalmente qué casos tratar y cuándo hacerlo, sin rendir cuentas a nadie. Entre otras, la Corte tiene pendiente la confirmación de la condena a perpetua de Castillo, por eso sigue en prisión preventiva”.

Finalmente, la Mesa de Organismos advierte que “el fallo reciente de la Corte sobre la preventiva de Castillo está en sintonía con el plan del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel sostenida por un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza, personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el ex juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi y la Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, para conseguir distintos beneficios para personas investigadas y/o juzgadas por crímenes de lesa humanidad y poner fin a los juicios. Implica un nuevo retroceso inadmisible”.

“A casi 50 años de la comisión de los crímenes de lesa humanidad, exigimos un Poder Judicial que esté a la altura y se tome con responsabilidad la investigación, juzgamiento y sanción de todos los genocidas y partícipes civiles”, concluyen.