Un policía detenido por manejar juegos clandestinos en línea

(Infobae) Matías Gabriel Garcilazo fue detenido este martes por la tarde en una redada de más de 70 allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina. Lo acusan de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino adolescente, según constató la Justicia en una investigación encabezada por el fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI N°8 de Berazategui, especializada en delitos online contra menores. 
La causa contra él y sus cómplices se inició con una denuncia anónima que tenía como víctima a un chico de apenas 13 años. En este contexto, Ichazo ordenó el operativo en el que cayó tanto el presunto líder de la banda como su pareja, Paula Villafañe, y una decena de jóvenes acusados de ser sus “cajeros”, los recolectores del dinero de las víctimas. En las últimas horas, Garcilazo y su mujer se negaron a declarar ante el fiscal, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

El dato que sorprende es el lugar donde arrestaron a ambos: una mansión en un conocido country de la zona de Pilar. Allí, la PFA les encontró tres vehículos, un Audi A5, un MiniCooper y una camioneta Dogde RAM, de los que se podrá constatar su titularidad.

Garcilazo y Villafañe exhiben sus Rolex en Instagram
También sorprende semejante nivel de vida teniendo en cuenta los ingresos en blanco de Garcilazo, que es policía. Según descubrió Infobae, el acusado de ser un influencer de la ludopatía infantil, es un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Así lo demuestran registros previsionales consultados por este medio. Garcilazo, de 36 años, oriundo de Loma Hermosa, ex empleado de una conocida empresa de vinagres y condimentos, que el mes pasado conformó una empresa familiar dedicada al negocio de la ropa, cobró sus últimos aportes en septiembre.

Infobae consultó a fuentes de la PSA sobre la situación del acusado, sin recibir respuesta. Si bien su condición de empleado de la fuerza había sido revelada por este medio el martes pasado; hasta ahora se desconocía si se trataba de un policía o de un administrativo.

El fiscal Ichazo, por otra parte, recibió la confirmación del rango policial de Garcilazo y su lugar de destino: el Aeropuerto de San Fernando. También, que tramitaba su retiro de la fuerza. Frente a esta situación, el funcionario judicial también requirió su legajo al área de Asuntos Internos.

Paula Villafañe, pareja y cómplice de Garcilazo
Llamar influencers a Garcilazo y Villafañe -oriunda de Villa Ballester, sin un empleo en blanco hace años, ex beneficiaria de planes sociales- es bastante atinado: entre los dos, traccionaban más de 150 mil seguidores en Instagram.

En sus redes proyectaban un nivel de vida lujoso con Garcilazo al volante de una Ferrari y con un Rolex en su muñeca. Villafañe, por su parte, posteaba selfies de espejo desde su walk-in closet hecho a nuevo, con su cara y su figura alteradas por filtros de inteligencia artificial.

Ambos difundían en sus posts lo que llamaban “líneas”. Es decir, números para supuestamente apostar, con contactos de WhatsApp y Telegram.

Las apuestas en vivo ocurrían en “Banca Real”, un bizarro streaming transmitido por YouTube. En uno de sus reels, rodeado de motos de alta cilindrada, Garcilazo se decía “contento” por un “cliente” que había ganado “109 millones de pesos”.

La mansión allanada por la PFA
En el expediente, el fiscal Ichazo también incluyó una encuesta que apunta a definir la ludopatía infantil en su jurisdicción y que fue realizada por la Dirección de Enlace y Apoyo al Ministerio Público Fiscal con las respuestas de 2.933 estudiantes de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela

La encuesta reveló los siguientes datos:

El 15% de los jóvenes que respondió admitió haber apostado de manera online en algún momento.
Más del 80 por ciento aseguró haberlo hecho tras ver publicidades en redes o anuncios de influencers.
El 6 por ciento dijo haber ido a la escuela “muchas veces sin dormir”.
42% de los jóvenes que aceptaron haber apostado aseguraron que el potencial riesgo de adicción del juego online les “da igual”.
El 40% por ciento contó que sus padres no ejercen control sobre el contenido que consumen en su teléfono.
En paralelo, se incautaron 56 dispositivos electrónicos en los allanamientos del martes, que podrán ser peritados.