Redacción Regionalisimo
Las víctimas relataron que el calvario comenzó cuando regresaban de comprar mercadería para sus negocios, a bordo de un vehículo particular, por la Ruta Nacional 34. A la altura del puesto de control La Tijera, conocido como «La Balanza», una patrulla de Gendarmería les ordenó detenerse.
Según la denuncia, los gendarmes les informaron que habían evadido un control anterior (situación que las víctimas negaron) y les exigieron descender del vehículo. Sin autorización judicial, procedieron a revisar el rodado y la mercadería, y posteriormente, sus pertenencias personales.
Las comerciantes denunciaron que los gendarmes, tras revisar sus pertenencias, les exigieron dinero para permitirles continuar su viaje. Ante la negativa, los efectivos les arrebataron las carteras y sustrajeron $30.000 de la billetera de una de las víctimas. Además, impidieron que una de ellas grabara el procedimiento, confiscándole su teléfono celular.
La Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Pedro Simón y su secretario Martín Basbús Turk, inició una exhaustiva investigación con la colaboración de la Policía Federal y la Uniprojud de Gendarmería Nacional. Tras identificar a los gendarmes involucrados, se descubrió que no habían registrado el control en el libro de novedades, lo que sugiere la existencia de una «patrulla fantasma».
Tras una investigación determinaron que se trataba de tres jefes de patrullas. Una de las irregularidades detectadas fue que nunca se “denunció” ninguna novedad en el libro de novedades. Según se supo, los jefes de patrulla están obligados a registrar la salida de esa patrulla, el control que realizaron, todos los vehículos que interceptaron y si vuelven con secuestros o no. Todo esto no figuraría ese día. Allí se determinó que se trataba de una supuesta “patrulla fantasma”, ya que tales recorridos y operativos no los hacían figurar. Con el testimonio de las víctimas y un reconocimiento fotográfico de ellas se pudo identificar a los gendarmes.
Con todas las evidencias el Dr. Simón solicitó la detención de los tres funcionarios. El Dr. Sebastián Argibay —del Juzgado Federal Nº2— dio luz verde al operativo. Así fue que uno de los efectivos cayó en el Destacamento Movil 5, en ciudad Capital, otro en la Sección Quimilí, mientras que la tercera detención se llevó a cabo durante un allanamiento en una casa de La Banda. El acusado se encontraba con carpeta médica y los otros dos, activos en funciones.
Este caso pone de manifiesto la gravedad de la corrupción y el abuso de poder dentro de las fuerzas de seguridad, y la importancia de la denuncia para que estos hechos no queden impunes.
