La fecha se acerca y la incertidumbre aumenta. El 23 de marzo de 2025, se dará por finalizada una de las modalidades a través de las cuales se ejecutan las moratorias previsionales y el gobierno de Javier Milei ya informó que no piensa renovarlas, aunque por ley podría extenderlas dos años más.
Este Plan de Pago de Deuda Previsional -como se llaman oficialmente las conocidas como “moratorias para amas de casa”- ofrece a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres mayores de 65 la posibilidad de completar sus aportes mediante un plan de regularización en hasta 120 cuotas. Esto permitió que quienes tienen la edad jubilatoria y no han alcanzado los 20 años de aportes puedan realizar pagos adicionales para llegar a los 30 años requeridos y así evitar tener deudas previsionales al momento de retirarse. Cada mes adquirido cuesta $26.672,9 a febrero de este año, pero el valor se actualiza por inflación.
“Somos un sector social que está sobreviviendo con jubilaciones de indigencia, haciendo frente muchxs de nosotrxs al costo de alquileres de viviendas muy elevados. Afrontamos tarifas de servicios imposibles de pagar, sumado al costo de los alimentos. Nos exigen una vida laboral no menor a treinta años de aportes para que nos podamos jubilar, pero algunxs no llegamos y pudimos jubilarnos gracias a un sistema de seguridad social y previsional pensado desde su surgimiento como un sistema estatal solidario”, explicó en diálogo con este medio Nancy Yulán, docente jubilada e integrante del colectivo de Jubiladxs del Anexo del Congreso.
Ella hace énfasis en que muchas veces los aportes patronales no se cumplen y en la cantidad de personas que trabajan de manera informal, lo cual les afecta al momento de jubilarse. “Siempre hemos ganado mucho menos como jubilados, con cualquier color político del gobierno de turno. Aún siendo portadores de una memoria social histórica laboral que podemos seguir repensando y problematizando para transmitir no sólo oficios sino relatos y experiencias de vida que las jóvenes generaciones saben valorar y reciben con solidaridad y afecto”.
Las moratorias, que permitieron a cientos de miles de mujeres jubilarse, tuvieron tal caudal que en 2024 el 75% de las jubilaciones dadas de alta por la Anses fueron para personas que recurrieron a ese plan. Dentro de este gran grupo, hay diferentes situaciones: incluye personas que casi no tuvieron aportes y hay quienes contribuyeron durante más de 20 años. Todos ellos durante los primeros años deben pagar una cuota que se les descuenta de la jubilación mínima, actualmente cotizada en $343.086 bruto y de $334.894 en mano.
“Al eliminarse la moratoria, las compañeras mujeres deberán esperar hasta los 65 años para poder acceder a la PUAM, cuyo monto equivale al 80 % de la jubilación mínima. Y aunque lo escondan, también significa que se está aumentando la edad jubilatoria”, enfatizó Nancy. En ese sentido, los jubilados del Anexo del Congreso denuncian la pasividad cómplice de las conducciones de las tres centrales sindicales, la CGT y las dos CTAs, a través de lo que han dado en llamar un “genocidio de les viejxs, o gerontocidio”.
“Necesitamos conformar un espacio que coordine las luchas, un espacio que aglutine a todos los sectores golpeados por este plan económico criminal, como los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los estudiantes, los trabajadores desocupados y precarizados. El objetivo es poder impulsar un plan de lucha nacional con paros activos y movilizaciones”, subrayó. El miércoles 19 de febrero a las 17 horas, los jubilados marcharán al Congreso Nacional para visibilizar su situación.
Este sistema previsional no puede leerse escindido de su componente de género: entre las jubilaciones percibidas en 2024 por mujeres, el 79,4% tiene o tuvo plan de moratoria, mientras que entre las correspondientes a varones el 47,5% de las prestaciones jubilatorias tuvo planes de pago de aportes. Esto implica graves consecuencias, ya que -según las estadísticas que la Anses difunde cada cuatrimestre- una vez concluida la moratoria vigente, solo tres de cada diez hombres y una de cada diez mujeres estarán en condiciones de jubilarse.
“Argentina tiene un problema de altos niveles de informalidad laboral y estamos entrando en un sistema cada vez más perverso luego de que el Estado aprobó la Ley Bases. Esta ley le perdona a las empresas tener en la informalidad a sus empleados. Esto hace que las personas que tienen sus trayectorias laborales marcadas por la informalidad y que llegan a la edad jubilatoria los castiga dándoles una pensión que es el 80% de la jubilación”, explicó Luci Cavallero, socióloga e integrante de Ni Una Menos, quien junto con Verónica Gago escribió el libro “Una lectura feminista de la deuda”. “El Estado promueve el trabajo no registrado y no le da opción a los jubilados, ni que hablar a las amas de casa que trabajaron sin reconocimiento toda su vida”, continuó.
Mientras el kirchnerismo y la izquierda bregan por prorrogar las moratorias dos años más, el oficialismo y sus aliados buscan posibles opciones ante la perspectiva de una reforma previsional. De hecho, el Gobierno intentó una caída anticipada de la vigencia de la moratoria cuando se debatió en el Congreso la Ley Bases, aunque este artículo no fue aprobado.
La respuesta del Gobierno ante la falta de oportunidades es la PUAM (Prestación Básica Universal al Adulto Mayor), que representa el 80% del haber mínimo y se cobra a partir de los 65 años sin importar el género. En diciembre de 2024, la PUAM fue de $207.679 con un bono de $70.000, para completar un importe de $277.679. Además, este sistema no diferencia a quien no tiene ningún aporte de quien acumuló, por ejemplo, 20 años de contribuciones.
Nancy aseguró que el gobierno de Milei, envalentonado por la llegada de Trump y el guiño del FMI, viene por los recursos naturales. “Seremos testigos -si no salimos a frenarlo- del extractivismo más criminal que hayamos imaginado en nuestro territorio: ya lo demuestran las megamineras, las multinacionales que van por los incendios para los negocios inmobiliarios en la Patagonia, la deforestación de los bosques nativos en Chaco y Salta, el litio en Jujuy. En fin, vienen por nuestra cuenca acuífera y todas nuestras riquezas naturales”.
Actualmente, gracias a la moratoria convertida en ley durante el año 2023 por Alberto Fernández, el sistema previsional está compuesto de 7,1 millones de jubilaciones y pensiones. De ese total, el 60,2% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria. El 90,4% de estos beneficios cobra un haber mínimo o menos. La ley aprobada bajo el gobierno del Frente de Todos ofrecía dos opciones para jubilarse: una dirigida a personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria y otra para trabajadores en actividad. Para el primer caso, establecía una vigencia de 2 años, que es la que podría terminar el mes que viene. En el segundo caso, en cambio, la ley no establece ninguna fecha de vencimiento. Según explica la página del ANSES, gracias a la moratoria se pueden completar períodos de aportes faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive, que se descontarán mensualmente de la jubilación.
“Las consecuencias de la no renovación de las moratorias previsionales son terribles, especialmente para las mujeres que están sobrerrepresentadas en los sectores de informalidad laboral y que toda su vida se dedicaron a las tareas de cuidado. Éstas se van a endeudar más porque sabemos que a más trabajo precario, más grande es el nivel de deuda que van a tomar”, añadió Cavallero. “Hay que exigir que la moratoria se prorrogue pero además luchar por una ley para no depender del gobierno de turno”, justificó la integrante de Ni Una Menos.
“Estamos frente a un gobierno negacionista que se ensaña particularmente con las mujeres que son amas de casa o empleadas domésticas, cuyos patrones no realizan los aportes porque las hacen trabajar de manera informal o estuvieron toda la vida al cuidado de sus maridos, hijos y economía del hogar. Eso es todo un trabajo, es plusvalía robada a nuestros cuerpos y es explotación capitalista en su más cruel expresión”, retrató Nancy. “Las mujeres somos uno de los sectores más afectados y atacados y ni hablar de las vejeces, no hay políticas para la vejez, sólo se reduce a geriátricos donde esperar la muerte como propuesta de un Estado que ha sido destruido”, finalizó.
