El tribunal internacional determinó la responsabilidad del Estado argentino por la vulneración de los derechos a la imparcialidad, al plazo razonable y a la defensa en perjuicio de Carlos Alberto López de Belva y Arturo Jorge Podestá. El caso se originó en la década de 1990 en el partido bonaerense de La Matanza.
La Provincia y el municipio local firmaron un convenio para incorporar estas nuevas propuestas pedagógicas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje y enriquecer la educación de los más chicos.
El jefe y el subjefe de la dependencia, encargada de combatir el narcomenudeo, fueron arrestados en un operativo conjunto de la Justicia provincial y federal. Secuestraron los celulares de toda la división bajo un estricto secreto de sumario.