Causa Aralí: Agravaron la imputación de 2 detenidos al comprobar abuso sexual

El fiscal de San Francisco, Oscar Gieco, dispuso agravar la imputación de dos de los detenidos por el asesinato de la niña Aralí Vivas, ocurrido en la localidad de Brinkmann, en el departamento San Justo.

Gieco dispuso que tanto el padrastro de la nena de 8 años, Ezequiel Simeone, como su amigo, Christian Varela, ahora sean acusados del delito de «homicidio criminis causa», es decir, que la mataron para ocultar un delito previo, lo que podría derivar en la condena a prisión perpetua.

La resolución de Gieco se fundamentó en el estudio forense, que arrojó la presencia de material genético masculino en el cuerpo de Aralí. Era lo que faltaba para ratificar el abuso sexual previo al asesinato.

A partir de esta nueva imputación, el fiscal Gieco entiende que Simeone y Varela mataron a Aralí para ocultar un delito previo, que en este caso sería el abuso sexual confirmado por la autopsia.

Cabe recordar que además del padrastro y su amigo, está también detenida la madre de la víctima. Rocío Milagros Rauch se encuentra imputada como partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo, por comisión por omisión, por más que no se la vincule materialmente con el asesinato de la pequeña.

Oscar Gieco quien dilucido en un breve plazo lo ocurrido tras el intencional incendio en la vivienda donde se encontraba la niña de 8 años con un profundo trabajo y atendiendo al mismo tiempo la conmoción sufrida por la comunidad, lamentablemente debe ahora dejar la investigación para pasar a manos de la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco.

Esta funcionaria judicial deberá determinar, en el marco del proceso, si hubo responsabilidad en los funcionarios de la Uder, la Unidad de Desarrollo Regional, que depende de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Senaf, en la decisión de restituir la niña a la tutela de Simeone y de la madre de la víctima, Rocío Rauch, también detenida y acusada de «omisión de cuidado». Algo que nunca se sabrá si realizará la investigación porque es práctica de la fiscalía de Morteros no brindar información, más aún cuando quienes deben ser investigados ocupan cargos políticos