Pablo Riveros de ambiente provincial: “el cannabis es una gran oportunidad para Córdoba”

(Enfant Terrible) Pablo Riveros es el encargado de la Dirección General de Ordenamiento Territorial que se creó dentro del nuevo Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia conducido por Victoria Flores, la ex titular del ente municipal Córdoba Obras y Servicios (Coys) que levanta las banderas de la economía circular y el reciclado.

También es conocido por haber sido jefe comunal (2019-2023) de Villa Ciudad Parque (VCP), una comuna de casi 3000 habitantes ubicada en la región de Calamuchita, donde en 2022 se concretó la primera plantación cannabis para la investigación con fines medicinales en Córdoba con autorización del Ministerio de Salud de la Nación, que se encuentra en el "Polo Agroecológico" de la comuna.

A pesar de una marcada aprobación en la comuna, lo cual podría haber garantizado su reelección, la gestión que encabezó Riveros duró sólo un período debido a la impugnación de la jueza electoral Marta Vidal, quien le impidió presentarse en las últimas elecciones (2023) por pedido del Frente Cívico (Juntos por el Cambio).

Pero a pesar de la inhabilitación (que entonces alcanzó también al ex jefe comunal Héctor Polcan) el “Movimiento Verde Cordobés” se consolidó como el espacio político de preferencia en VCP, tal como quedó demostrado con la victoria de Diego Ruiz, quien obtuvo el 72% de los votos cuando se presentó por el espacio de Riveros (Unión Vecinal).

Además, en lugar de una derrota o desilusión por no continuar como jefe comunal, Riveros vió una oportunidad para “exportar el modelo de VCP” hacia otras localidades de Córdoba, motivo por el cual aceptó sumarse al Ministerio de Ambiente que creó Martín Llaryora y trabajar junto a Flores.

Los desafíos de implementar políticas ambientales en Córdoba son varios, sobre todo por ser un territorio atravesado por el lobby de los grupos económicos agroganaderos e inmobiliarios, que han dejado a la provincia prácticamente con porcentajes escasos de bosque nativo, con cuencas hídricas amenazadas por la urbanización desmedida y los incendios.

Incluso, en Córdoba hay actualmente 17 personas imputadas por oponerse a la mega autovía que atraviesa Punilla, siete de ellas con pedido de elevación a juicio por parte de la fiscal Paula Kelm, por lo que el prontuario "ambiental" cordobés no es muy positivo. En este sentido, no deja de generar contradicciones que el espacio político de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota promocione políticas ambientales.

En este marco, dialogamos con Riveros para conocer en qué está la agenda de la Dirección que encabeza, qué implica su idea de exportar el modelo de VCP al resto de Córdoba, cuáles son los desafíos de avanzar en políticas ambientales con un gobierno nacional que las niega y qué opina mantiene acerca de la criminalización de quienes se oponen a la destrucción ambiental.

-Empecemos por lo básico, ¿en qué está tu agenda?

-Tenemos una agenda muy grande. Ahora estamos trabajando con la ministra en la cuenca hídrica de Los Molinos donde estamos haciendo un trabajo particular de ordenamiento territorial. Hay una decisión política del gobernador y de la ministra, también fue la ley que se aprobó de cuenca hídrica, de preservar y proteger la cuenca hídrica en una provincia que, a pesar de tener muchos ríos, tiene bastantes problemas hídricos. Sobre todo en las Sierras de Córdoba donde hubo un crecimiento exponencial de población y no tienen la infraestructura necesaria para poder brindar un servicio de calidad para toda la gente.

-¿Cuáles son las principales líneas de acción en este sentido, sobre todo en los pueblos que no son la Capital?

-La creación de la dirección es un acierto político importante porque el ordenamiento territorial es un instrumento técnico político que trata de planificar el uso de suelo, que es uno de los grandes problemas que tiene la región serrana y también el norte cordobés. En esa planificación de uso de suelo hay dos cuestiones importantes a preservar, que es la cuenca hídrica y el bosque nativo, y nos parece que la posibilidad de tener una dirección y una política pública en base al ordenamiento territorial nos da una herramienta para trabajar con los gobiernos locales, con las instituciones, en articulación con gobiernos locales, comunidad y gobierno provincial a través del Ministerio de Ambiente.

-A principio de año vos decías a La Tinta que había un desafío de trasladar el modelo de Villa Ciudad Parque a otras localidades, ¿cómo viene esto?

-El otro día inauguramos una Escuela de Ordenamiento Territorial en Nono, Traslasierra, donde participan equipos técnicos de muchos gobiernos locales de la región de San Alberto y San Javier. Venimos trabajando acá con siete comunas en la cuenca de Los Molinos y también con un proceso en la cuenca San Roque. Hemos estado en el norte, en el bañado de río Dulce.

Lo que yo comentaba en La Tinta es un poco la conversación que tuve con el gobernador Llaryora en su momento, antes de asumir, cuando la jueza Marta Vidal me imposibilitó mi primera reelección y en ese momento. Dije, bueno, las cosas no se dan y a lo mejor lo que viene es salir a exportar el modelo de Villa Ciudad Parque, que es un modelo virtuoso para las Sierras de Córdoba porque combina desarrollo sostenible con economía regional, promoción del turismo, y cuidado y preservación del ambiente.

-Una de las cosas que más resuena en relación a VCP es el tema del cannabis medicinal, donde hay una investigación continua en un contexto donde el gobierno nacional que genera retrocesos en la materia, con REPROCANN que no salen, por ejemplo, ¿cómo sigue este trabajo allá en esta materia?

-Lo del gobierno nacional es malo por todos lados que se lo mire. Con el tema del cannabis han puesto un freno de mano importante que se contradice con una supuesta ideología liberal y que no sólo le han puesto freno al cannabis industrial, sino también a las políticas públicas, fundamentalmente de salud pública, y del REPROCANN que es una herramienta muy importante para preservar a los cultivadores y a los pacientes que son usuarios del cannabis medicinal.

Después, en VCP se viene avanzando mucho. Creo que es la única comuna o municipio de la provincia de Córdoba que tiene un laboratorio propio y tiene autorización, con un cultivo y una política pública del cannabis medicinal, donde además estamos a muy poco de sacar el primer aceite de cannabis, con trazabilidad de la genética, hasta la elaboración del producto derivado de la flor para uso medicinal, también con un dispositivo público de cannabis medicinal en el dispensario. Hace poco tuvimos una reunión con el ministro de Salud (Ricardo Pieckenstainer) para ponerlo en situación de los avances que venimos teniendo.

-¿Hay alguna posibilidad de que se pueda trazar como una política pública provincial?

-Es un poco la intención y la necesidad que tenemos quienes estamos vinculados fundamentalmente a la gestión pública, a la salud pública y al tema del cannabis. El Estado tiene que hacerse cargo de la inmensa cantidad de usuarios que hoy en día no pueden conseguir un aceite de calidad, que tienen que entrar al mercado informal sin saber cuál es el producto que están consumiendo y en muchos casos con la imposibilidad económica de poder conseguirlo.

El cannabis tiene legitimación científica, legitimación social y hay que darle legitimidad política, y esa ha sido nuestra tarea. Pero fundamentalmente quienes están legitimando el uso del cannabis son los propios pacientes, porque cuando tienen algún tipo de patología y ven que les mejora la calidad de vida, en ese momento se produce un hecho de legitimación muy importante, que muchas veces se difunde o se promociona de familiar en familiar, de amigo en amigo, y que obviamente ya hay documentos científicos sobre el tema. Entonces se trata de romper la última barrera y también darle un impulso económico, porque el cannabis es una gran oportunidad para nuestra provincia.

-Te quería preguntar si estabas al tanto del juicio contra militantes por el conflicto de la autovía y en ese caso que opinabas sobre esta situación.

-Estoy al tanto. Yo creo que es una causa que no tiene mucho sentido en términos jurídicos y que de alguna manera tiende a disciplinar a la sociedad que se opone a la construcción de una autovía.

Me parece que la discusión de la autovía es mucho más profunda, que cruza el tema de ordenamiento territorial. Cuando uno hace una obra de magnitud siempre hay un perjuicio importante para el ambiente, por lo tanto siempre hay que intentar de ver que las obras tengan el menor impacto en una región, sobre todo en las regiones serranas de la provincia. Yo no creo que la prioridad hoy en día para Calamuchita sea la autovía, me parece que es mucho más prioritario construir infraestructura de salud, de educación y de servicios para la cantidad de gente que hay, y después sí discutir la conectividad, que también es importante.

Lo único que hace una autovía es fomentar el tránsito en vehículos, con lo que significa hoy la huella de carbono, pero también en muchos casos, ante el crecimiento que han tenido las comunidades, evidentemente se tornan bastante peligrosas las rutas. Por ejemplo, la ruta que une Mina Clavero con Villa Las Rosas, donde pasan camiones de construcción y al mismo tiempo chicos que salen de la escuela, madres con bebés en un carrito al costado de la calle. Pero hacer una autovía permite que se trasladen muchísimas más personas hacia un lugar que a lo mejor no tienen las condiciones y los servicios necesarios para poder brindarle calidad, tanto a lo turistas como a las personas que van a vivir. Creo que es un tema de planificación, además de lo que tiene que ver con el impacto ambiental.

-¿Qué implicaría que haya condenados por defender el monte?

-Sería un golpe fuerte a la posibilidad de que la gente se manifieste. Sería un fallo totalmente complejo en términos de la democracia y que la gente se manifieste en contra de algo que a lo mejor va en detrimento del ambiente. Desconozco cuál es el argumento jurídico, la cuestión penal, pero en términos del planteo que vos me haces, de que condenen a una persona que defiende el monte, yo estoy en contra de eso, porque aparte yo soy una persona que también lo defiendo.

-Recién mencionaste tu participación en las audiencias públicas (AP). En el 2022 se modificó la Ley General de Ambiente de la Provincia donde se eliminaron las exigencias de presentación de las Estudios de Impacto Ambiental y flexibilizó las convocatorias a las audiencias públicas. En su momento, con la autovía las AP eran instancias importantes para participar y manifestarse a favor o en contra de algo, pero fue perdiendo fuerza, ¿cómo se piensa la participación desde la gestión en relación a estos temas?

-Yo creo que Córdoba es una provincia que tiene una defensa importante del ambiente. Me parece que inclusive Córdoba tiene un sujeto político socioambiental que le ha dado una importancia muy grande a la provincia con respecto a la defensa del ambiente, con el juicio a las fumigaciones en el 2008, barrio Ituzaingó, en 2016 la movilización por el bosque nativo, la expulsión de Monsanto, la creación de las brigadas forestales. Me parece que Córdoba ha generado un posicionamiento muy fuerte con respecto a la defensa del ambiente y si uno lo compara con otras provincias, como puede ser Chaco o Santiago del Estero, me parece que la conciencia ambiental que ha generado la sociedad cordobesa con todas estas luchas también ha generado una atención particular por parte de las autoridades. De hecho, Córdoba no tenía Ministerio de Ambiente y en el marco de que el Gobierno Nacional pasó de tener un Ministerio de Ambiente a tener una Subsecretaría, Córdoba hizo al revés e incluso creó una Dirección de Ordenamiento Territorial que antes no existía, y eso generó un capital político importante para el ambiente.

-¿Qué desafíos ves ante un contexto de crisis ambiental que se profundiza con políticas como el RIGI?

-Yo veo que el ambiente un problema político, no es un tema new age ni de fetiche. Estamos ante un problema complejo de la vida y de cómo habitamos nuestros territorios. Nosotros entendemos el ambiente como una militancia política donde forma parte transversal de un proyecto político. Entonces creo que hay un tema de correlación de fuerzas y es fundamental poner el tema ambiental en la agenda política, me parece que es un tema importante. Creo que Córdoba lo viene logrando de alguna manera y viene a avanzar en política pública, en concientización de la comunidades, y como todo, las transformaciones y los cambios son de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, y que los gobiernos locales son muy importantes.