Piden prisión para seis policías por torturas

Son por hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019, en la Comisaría Tercera de Sunchales contra dos jóvenes de esa ciudad cuando fueron detenidos.

Sucesos 23/04/2024 Redacción Regionalisimo Redacción Regionalisimo
Comisaria Sunchales
Edificio donde habrían ocurrido los hechos que son juzgados

(La Opinión) En los tribunales penales de Rafaela, dio inicio el juicio oral y público que se sigue a seis policías de Sunchales, por hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019, entre las 5:10 y las 6:00 de la mañana en la Comisaría Tercera de esa ciudad, por hechos calificados como “apremios ilegales calificados”, aunque la imputación inicial que cambió posteriormente fue por el delito de “torturas”.

Las presuntas víctimas fueron dos jóvenes de la ciudad de Sunchales, quienes -es justo decirlo- cuentan con abultados antecedentes en el mundo del delito, no obstante denunciaron haber sufrido este ilícito en momentos en que estaban detenidos, y cuya entidad es objeto del presente debate judicial.

Cabe recordar que este juicio tuvo un inicio trunco el 16 de abril pasado, momento en que por cuestiones técnicas referidas a la calificación penal de los policías juzgados, el debate debió pasar a un cuarto intermedio de casi una semana. Finalmente, ese día cambió la calificación penal de los hechos atribuidos a los imputados: del delito de “torturas” cambió a “apremios ilegales”.

Este cambio significa que del tipo penal original de “torturas” que contempla una pena en expectativa de entre 8 a 25 años de reclusión, se pasó a la figura más leve de “apremios ilegales” que reduce considerablemente el monto de la pena en expectativa a entre 2 a 6 años de prisión efectiva.

La instancia judicial oral, cuyo punto culminante fueron los alegatos de apertura, estuvo presidida por el tribunal colegiado presidido por el juez Gustavo Bumaguín, quien se hallaba secundado por los jueces Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez.

Representando a la Fiscalía Regional 5 Rafaela estuvo presente el fiscal Juan Manuel Puig; en tanto que por la contraparte, se comportaron como defensores particulares los Dres. Sebastián y Néstor Oroño y Raúl Sartori; en tanto que Aníbal Gerardo Caula, hizo lo propio por el Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP). 

Pedidos de la fiscalía

Cabe recordar que en la imputación inicial eran 8 los policías acusados, pero en los últimos meses los imputados oficial Juan Aurelio C., de 36 años, y subcomisario Federico Hernán M. de 43; optaron por acogerse a un juicio de procedimiento abreviado, donde todas las partes -imputados y sus defensores- aceptaron una condena a 3 años de prisión efectiva para ellos.

En tanto que los otros 6 efectivos prefirieron ir al juicio oral que nos ocupa actualmente. 

Para 5 de ellos, acusados del delito de “apremios ilegales calificados”, el fiscal Juan Manuel Puig solicitó una condena de 4 años de prisión efectiva. Ellos son los suboficiales María Itatí A. de 43 años actualmente; Mauricio Leonardo O. de 35; Brian Emanuel G. de 30; Carlos Agustín M. de 26 años; y la subinspectora Silvana S. de 47 años.

Por su parte, para el comisario Luciano Martín G., hoy de 41 años, en aquél momento jefe de la Comisaría Tercera de Sunchales, por el delito calificado penalmente como “encubrimiento agravado”, la Fiscalía pidió 3 años de prisión efectiva. Según la investigación penal, el comisario no se encontraba en la dependencia policial al momento de los hechos ilícitos.

En su alegato, el fiscal Puig, recalcó “la gravedad de esta cuestión que hoy tratamos, a pesar de que cambió la calificación penal” hacia una más morigerada.

Prisión preventiva

El 28 de octubre de 2019, por disposición de la jueza Cristina Fortunato, a raíz de los pedidos formulados por las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis que investigaban en esos momentos los hechos, siete de las personas investigadas fueron imputadas provisoriamente como coautoras del delito de “torturas”; y al comisario de la Seccional Tercera, se le atribuyó la autoría del delito de “encubrimiento agravado”.

Por ello, los ocho policías que prestaban funciones en la comisaría Tercera de la ciudad de Sunchales quedaron en prisión preventiva sin plazos en el marco de la investigación. Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, a raíz del pedido formulado por las fiscales en las audiencias de medidas cautelares.

“Solicitamos la prisión preventiva de los ocho imputados, y la jueza entendió que correspondía imponer la medida cautelar sin plazo”, señalaron las fiscales Lema y Korakis en aquellos días. “Más allá de la prisión preventiva impuesta, la investigación sigue su curso. Seguiremos trabajando y avanzando todo lo que podamos en el esclarecimiento de lo ocurrido” se mencionaba.

Cinco años después se llegó a la instancia procesal final de juicio oral y público.

Los hechos imputados

Según relataron las fiscales Lema y Korakis en el momento de aquellas audiencias imputativa y de medidas cautelares -según informó oficialmente Prensa del Ministerio Público de la Acusación- respecto de los hechos acontecidos en la Comisaría, señalaron lo que sigue.

“Los delitos que investigamos fueron cometidos el viernes de la semana pasada entre las 5:10 y las 6:00 de la mañana en la comisaría Tercera de la ciudad de Sunchales ubicada en avenida Belgrano 386”. 

“Las víctimas fueron dos hermanos que estaban legítimamente privados de su libertad en la sede policial, a los que le impusieron tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad”, sostuvieron. Las funcionarias del MPA argumentaron que “los siete imputados como coautores de torturas actuaron de común acuerdo, en forma conjunta y mediante el reparto de tareas”. 

De acuerdo a lo relatado por las fiscales en las audiencias, “los hermanos detenidos fueron llevados a la cocina–comedor de la dependencia policial, fueron obligados a arrodillarse –uno de ellos maniatado por la espalda con precintos y el otro esposado– y luego fueron golpeados en distintas partes del cuerpo”.

Las fiscales subrayaron que “a uno de los detenidos le bajaron el pantalón y lo amenazaron con abusarlo sexualmente. Además, utilizaron un palo de madera para golpear a uno de los detenidos en distintas partes del cuerpo, hasta que cayó al piso y comenzó a toser”. 

Detallaron también que “minutos más tarde, volvieron a propinarles golpes de puño y patadas a los detenidos”. “A uno de los detenidos también le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, mientras que al otro lo empujaron contra un ventanal de vidrio, el cual atravesó con las manos esposadas, lo que le provocó graves heridas en distintas partes del cuerpo”, precisaron. 

“Aproximadamente 15 minutos después, el comisario imputado llegó al lugar. Tomó conocimiento de los tormentos infligidos a los dos detenidos, insultó a uno de ellos y con el fin de procurar la impunidad de los delitos cometidos e incumpliendo los deberes a su cargo, no comunicó debidamente a la autoridad competente lo sucedido” remarcaron las fiscales.

“Además, ordenó al personal que limpiara el lugar y sacara los vidrios del ventanal roto. Sus subordinados realizaron la indicado, razón por la cual, alteraron la escena del hecho e hicieron desaparecer los rastros del delito cometido”, concluyeron.  

La investigación 

Luego de la audiencia de prisión preventiva, el fiscal regional de aquél momento, Dr. Diego Vigo, junto a las fiscales Korakis y Lema brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía Regional en Rafaela. 

“La tortura es un ilícito que deslegitima al Estado”, sostuvo Vigo. “Es deber funcional, legal y constitucional del MPA perseguir este aberrante delito que establece penas muy graves y que merece un abordaje muy claro y muy firme en la investigación”, afirmó. 

El Fiscal Regional también dijo estar “totalmente de acuerdo con el vecino que reclama seguridad y que no quiere que haya impunidad”, no obstante advirtió que “somos una República y no podemos permitir que cualquier circunstancia delictiva justifique que una persona salga de una comisaría en ambulancia y al borde de la muerte”. 

En relación a las investigaciones en las que los jóvenes son imputados por la autoría de distintos delitos, Vigo aclaró que “son investigaciones que siguen su curso y que, de ninguna manera, se excluyen con esta de lo que ocurrió en la sede de la comisaría. Es decir, tenemos dos investigaciones paralelas en las que los fiscales siguen trabajando”.

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