El Gobierno se lleva puesta la Convención de los Derechos del Niño

Luego de una reunión en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), organizaciones de todo el país que se nuclean en la Mesa de Articulación de Niñez, definieron convocar a acciones en rechazo al mega DNU, a la Ley Ómnibus y al llamado protocolo Antipiquetes, como antesala al paro y movilización del 24 de enero convocado por todas las centrales sindicales.

En ese marco, además, lanzaron un documento conjunto que ya cosechó más de 400 adhesiones. “Este paquete de reformas propone una cantidad abrumadora de modificaciones contrarias a las garantías consagradas constitucionalmente y que afectan directamente los derechos de niñas, niños, niñes, adolescentes y sus familias”, denunciaron. Y, sin medias tintas, agregaron que “el gobierno de Milei se lleva puesta a la Convención de los Derechos del Niño  y la Ley 26.061 (de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes)”.

También señalaron que las reformas “niegan a niñas, niños, niñes y adolescentes derechos fundamentales, restableciendo viejas y derogadas concepciones en las que el Estado arbitrariamente puede separarles de sus familias”.
“Además, buscan prohibir su participación en manifestaciones para reclamar justamente por los derechos que se les arrebatan, desconociendo así el derecho a organizarse, a que se les escuche y a reclamar, como lo define la propia Convención de los Derechos del Niño”, indicaron en el documento.

El texto que cuenta con la adhesión de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, el Foro por la Niñez, la APDH,  el colectivo de infancias Ternura Revelde, Che Pibe, la Ronat (Red de Organizaciones Sociales de Niñeces y Adolescencias de Argentina), Niñez y Territorio, y la Rednaj (Red por los Derechos de la Niñez y Juventud), entre otras firmas, también denuncia los retrocesos en materia laboral que impactan en las familias y también en las y los jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral.

“Asimismo, estas reformas deterioran el derecho a la educación generando condiciones para su arancelamiento. Atacan los derechos de familias migrantes, al punto de criminalizarles cuando ejercen su derecho a protestar. Desfinancian el sistema salud con la derogación de leyes fundamentales para regular el mercado farmacéutico y el acceso a la medicación y cobertura integral. Deterioran el sistema de protección de derechos de la niñez reduciendo la planta de quienes trabajan en el mismo. Permiten la expulsión de infancias y adolescencias indígenas y sus familias de sus territorios. Asimismo, resultan regresivas respecto de los derechos reconocidos en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; mientras que, por otro lado, exponen a las personas embarazadas a verse obligadas a trabajar hasta último momento de la gestación, entre otros aspectos”, enumera el documento.

“En definitiva –sostienen las organizaciones- lejos de un avance de la libertad, al otorgarle poderes exorbitantes al Ejecutivo, se trata de un avance de la opresión económica y represiva. Por último y no menor, la implementación del DNU y el proyecto de Ley “Ómnibus”, sería conceder un poder extraordinario al poder ejecutivo, por dos años, con osibilidad de prórroga por dos años más”.

Pero al margen de la larga lista de derechos que se ven vulnerados, las niñas, niños y adolescentes que participaron en el debate hicieron hincapié en las consecuencias inmediatas de las medidas que impulsa la actual gestión. En ese sentido, las organizaciones alertaron por “la profundización de la pobreza y la estrepitosa subida de precios”.
“La edad que me gusta”
Como cada gobierno que busca echar mano a respuestas rápidas al problema de la inseguridad ante la falta de soluciones serias, ahora también el gobierno de La Libertad Avanza pretende avanzar con la baja de la edad de imputabilidad.

Este fin de semana, en declaraciones radiales, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona –uno de los tantos políticos de la casta menemista reciclados por Milei- ratificó que impulsaría esa medida, desde los 14 años.

“Al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta,  y es la que sostienen los casi 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio  que se han presentado y no han tenido acogida legislativa”, detalló sobre la reforma que quieren llevar adelante.

María José Cano, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, adelantó que desde la Mesa, que surgió en 2019 justamente en rechazo a una medida similar impulsada por el entonces ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, ya están en alerta ante la posibilidad de que prospere la medida.

“¿Cómo se explica la decisión de bajar la edad de punibilidad cuando los adultos son los que cometen el 96,5% de los delitos en nuestro país? Es falso Ministra Bullrich que es alta la incidencia de delitos violentos entre los más jóvenes; es falso que hay que bajar la edad de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a niñxs  para cometer delitos: si una organización criminal o las propias fuerzas de seguridad utilizan –u obligan– a un niñx a cometer un delito, el delito es de la persona adulta, el niñx es víctima y como tal debe ser abordado”, sostenía en aquel entonces el Foro por los Derechos de la Niñez.