La directora de una institución educativa y una psicóloga lograron desenmascarar una situación que aparentemente llevaba años ocurriendo en el seno de una familia en Sunchales. Así quedó revelado en una audiencia judicial, según informa Rafaela Noticias.

Luis G., alias “El Chivo”, es jubilado, tiene 67 años y es oriundo de Tostado. Vivía hasta antes de ser detenido en la ciudad de Sunchales con su pareja desde hacía dos años, conviviendo con la hija de esta última: una menor con una “discapacidad severa”: síndrome de down. Sin poder estructurar frases, pero sí palabras sueltas, el testimonio de la víctima fue para el juez Dr. Stegmayer “contundente”, dado el contexto en que surgieron las mismas: ante un grupo de profesionales de una institución educativa que lograron darse cuenta y recabar información sobre lo que la joven estaba viviendo, actuando en consecuencia. Esto es, realizando la correspondiente denuncia policial y dando lugar a que actúen no solamente equipos interdisciplinarios de Sunchales, sino la propia Justicia.

El caso cayó en la fiscal Dra. Gabriela Lema del Ministerio Público de la Acusación, quien en la audiencia de este jueves le endilgó a Luis G. el delito de “Abuso sexual reiterado agravado por tener guarda de la víctima”, la cual -como se mencionó anteriormente- tenía una discapacidad. Según el relato de la Fiscal, el acusado abusó en varias oportunidades de la joven tocando sus partes íntimas, lo que surgió no solamente del testimonio de la víctima sino de una hermana de la misma que fue testigo presencial. La cual declaró incluso en la audiencia de este jueves mediante Zoom. La Dra. Lema además habló de un contexto de violencia de género dentro de la familia, no solo hacia la joven víctima, sino hacia su madre – la pareja del acusado-, a quien mantenía alejada de su entorno cercano.

En el allanamiento realizado donde vivía Luis G. con la víctima y su pareja, se encontró detrás de un ropero una escopeta con caños yuxtapuestos calibre 16 apta para el disparo, algo que la Fiscal sumó a la hora de hablar de las situaciones de violencia que había en el hogar. Por este hallazgo, la Dra. Lema le imputó otro delito, además del abuso sexual, el de “Tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”, dado que el acusado no tenía autorización para tener el arma.

La madre de la víctima defendió al acusado

La madre de la joven abusada, según se desprende de las testimoniales, no le creyó a su hija, asegurando que el abuso era un invento de sus otras hijas que influenciaron a la víctima para echar de la casa a su pareja. Pero en este punto el Juez Stegmayer fue contundente: la denuncia no vino de las hermanas de la víctima en primera instancia, sino de las profesionales de la institución educativa. Además el testimonio de la joven denunciante fue repetido en varias oportunidades ante diferentes personas, lo que habla -en esta instancia de la investigación- de la verosimilitud de su relato.

Los intentos de la abogada defensora pública, Dra. Georgina Alassia para que su defendido quede en libertad fueron en vano. La profesional dijo que Luis G. no tenía causas penales abiertas, que nunca intentó escaparse a pesar de que habían pasado dos meses de la denuncia de abuso sexual que se hizo en agosto. Agregó que su defendido ya era una persona de edad avanzada, que tenía un hijo en Córdoba donde podía ir a vivir para estar lejos de la víctima, que la escopeta que le secuestraron al momento del allanamiento no estaba cargada, y por supuesto, se valió del testimonio de la madre de la joven que favorecía a Luis G.

A pesar de todo esto, el Juez Dr. Stegmayer entendió que los hechos denunciados se encuentran acreditados en esta instancia del proceso, y que si liberaba a Luis G., éste podía entorpecer la causa dado que no tiene un lugar fijo donde vivir (residía antes de ser detenido con la víctima y su madre en Sunchales). Además el Magistrado hizo hincapié en la “ascendencia” (dominio) que tenía Luis G. sobre su pareja, la madre de la víctima, algo que sin dudas podía entorpecer la causa.

Todo lo relatado hasta aquí, terminó en un dictamen por parte del Dr. Stegmayer de prisión preventiva por 90 días para el acusado, mientras avanza la investigación. Pasado este plazo, la Fiscalía puede volver a pedir la extensión de la prisión preventiva si así lo considera necesario