(LaVoz) Una casilla desmantelada, sin baño, agua potable ni conexión eléctrica. Era lo único que tenían ocho personas para guarecerse del frío invernal y vivir. Todo transcurrió en 2022 en zona rural de Miramar.

Al lugar llegaron ocho personas desde la ciudad de Morteros para trabajar en la tala de árboles dentro de un predio. En la casilla, solo había lugar para cuatro. Los demás debieron dormir varias noches a la intemperie, solo con una frazada que los tape.

Esto se desprende de una investigación que llevó adelante la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de María Marta Schianni, quien en los últimos días pidió el procesamiento de los dos presuntos responsables de esta situación, de apellidos Bono y Soria.

A ambos hombres se los acusa de captar con fines de explotación laboral a estas ocho personas, por lo que fueron imputados en 2022 por el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravada, cometida a través de engaño y de abuso de situaciones de vulnerabilidad”. Las víctimas sufrieron además jornadas laborales muy extensas y el sueldo que ganaban no era el prometido de antemano.

Ahora deberá decidir el juez federal, Pablo Montesi.

Según el expediente, quien se encargaba de contactar a las víctimas prometiendo un trabajo era Soria, en una propiedad de Bono. “Lo hicieron con falsas promesas de una jornada aboral determinada, un salario acorde al trabajo, supuestamente condiciones de labor que no fueron las que luego se detectó en la investigación”, contó Schianni.

La fiscal agregó que las víctimas de explotación tenían colchones a la intemperie en pleno julio, una casilla rodante desmantelada en una zona rural sin acceso a agua corriente ni electricidad. Tampoco contaban con un baño, una cocina ni medios para movilizarse. Definió a la situación vivida como “de abandono total”.

Asimismo no tenían medios para comunicarse y ni un vehículo para poder trasladarse al menos los 12 kilómetros que los separaban de un almacén, donde por su situación les fiaban. Solo llegaban caminando.

Sobrepasado por la situación, uno de los trabajadores contactó telefónicamente a la Policía y pidió ayuda, describiendo lo que estaban padeciendo: falta de alimentos, jornadas extensas de trabajo y vida a la intemperie.

Tras ello, un patrullero se acercó al lugar y los efectivos policiales constataron lo que sucedía. Luego se abrió la investigación judicial.

La imputación hacia lo Bono y Soria se encuentra agravada por la pluralidad de víctimas y por haber sido consumada la explotación, todo ello en calidad de coautores, se informó.