El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a 3 años de prisión a los empresarios Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, integrantes del directorio del ingenio azucarero La Trinidad, por el delito de contaminación de la cuenca de los ríos Salí y Dulce.
Los condenados fueron acusados de volcar residuos peligrosos (vinaza) en los ríos Medina y Gastona, mientras estaban a cargo del ingenio entre 2007 y 2009. El fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi habían solicitado al tribunal la imposición de penas de 4 años y 4 años y 6 meses de prisión para Drube y Gasep respectivamente.
La vinaza es un líquido derivado de la producción de etanol, resultante de la fermentación de jugos o mieles de la caña de azúcar. Si no se dispone y trata adecuadamente es altamente contaminante y es uno de los mayores factores de contaminación ambiental en una provincia que tiene a la industria azucarera como uno de los principales motores de su economía.

Este juicio se realizó tres veces

La sentencia llega luego de que en dos ocasiones el Ministerio Público Fiscal haya requerido una condena al mismo tribunal, con distintas conformaciones, y los acusados hayan recibido fallos absolutorios, posteriormente revocados y anulados en 2016 y 2019 por la Cámara Federal de Casación Penal.
La fiscalía consideró comprobado que los efluentes peligrosos eran conducidos por un canal a cielo abierto por distintas poblaciones y se volcaban a fincas vecinas y a una laguna de sacrificio que no cumplía con ninguna de las normas sobre seguridad e higiene. También precisó que tanto el canal como la laguna desbordaban y que los vertidos terminaban en el río Chico o Medina, y que al menos una vez durante 2009 se volcó directamente al río Gastona. Ambos ríos forman parte de la cuenca Salí-Dulce y terminan su trayecto en la laguna Mar Chiquita
En esta ocasión, el Tribunal estuvo integrado por la jueza María Noel Costa, quien lo presidió, y los jueces Abelardo Jorge Basbús y Federico Bothamley. «Es interesante que estos dos jueces son parte del tribunal que está juzgando un caso similar en el que está implicado Jorge Alberto Rocchia Ferro –dueño de la compañía azucarera Los Balcanes–, un caso mayor. El empresario está acusado de haber derramado más de 80 millones de litros de vinaza a los cursos de agua que luego llegan a la provincia de Santiago del Estero», comentó el fiscal General de Tucumán, Gustavo Gómez
La condena no es de prisión efectiva, «ni es la primera condena por una cuestión ambiental, pero es la primera por arrojar vinaza a los cursos de agua, algo que los empresarios lo consideran una costumbre. Esto va a tener una fuerte resistencia en el empresariado de la provincia pero quizás logre que se inicie un proceso de reconversión industrial y que estos residuos comiencen a ser tratados y reducido el impacto de esta actividad», concluyó Gómez.
El dictamen también solicitó que se investigue a Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente de la provincia que declaró como testigo en la causa, por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión del deber de denunciar, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

Las fotos de la denuncia

El 17 de diciembre de 2003 Santiago «Yaco» Barra toma fotografías testimoniando una masiva mortandad de peces, lo que dio origen a una nota publicada en Regionalísimo, posteriormente el periodista Fabián Garcia, actual director de EnRedacción, en aquel momento toma el tema, publicando una página en Clarín dando inicio en aquella época a un nuevo tratado interjurisdiccional y la creación de una comisión técnica para el manejo sustentable
Aquella mortandad de peces había sido adjudicada por distintos organismos gubernamentales a la reducción del caudal de agua por la sequía, alimentada por variaciones en la temperatura y el oxígeno del agua; pero Darío Alarcón, defensor del Pueblo de Santiago del Estero, no se quedó con esa explicación e investigó con mayor profundidad las causas.
Primero el Defensor santiagueño concreto encuentros con los defensores del pueblo de Tucumán, Córdoba y la Nación y al generarse una nueva mortandad esta vez en las Termas de Río Hondo en el 2005 denuncio contaminación ante la Justicia Federal santiagueña, y en 2006 hicieron la denuncia en Tucumán en conjunto con la Defensoría del Pueblo de esa provincia.
El defensor del Pueblo santiagueño denunciaba que «además de las papeleras, ingenios azucareros y empresas citrícolas tucumanas, el pico de contaminación se debe a desagües que llegan desde la minera Alumbrera, en Catamarca», logrando junto a su par de Tucumán y ONG Ambientales encontrar presencia de «plomo, cromo, mercurio y otros metales tóxicos» en las aguas del río Dulce
Los defensores del pueblo precisaban que «también las papeleras tucumanas, además de los ingenios y las citrícolas, arrojan sus desechos a la cuenca del Salí, que va a desembocar en el embalse de Río Hondo. Y, desde Catamarca, la minera Alumbrera manda metales tóxicos por el Canal DP 2, que también desemboca en el embalse». Todo desde ahí toma curso por el río Dulce para desembocar en Mar Chiquita
Después de 18 años lograron que dos empresarios sean condenados, mientras otras causas de similares características siguen en tribunales esperando tengan su fallo, pero hasta la actualidad no lograron que se cambiara el procedimiento de volcado de contaminantes al río, ya que a cada año la mortandad de peces se reitera en gran cantidad en la zona de Termas de Río Hondo