Según la ley, algún juez podría avanzar contra el máximo tribunal por cometer acciones que ponen “en peligro la vigencia de la Constitución”. Cantidad de integrantes de la banda, jerarquías y delitos claramente tipificados entre los requisitos cumplidos. Las elecciones en San Juan y Tucumán como ejemplo.
Opiniones24/05/2023 Néstor Espósito
Un tribunal de justicia puede sentenciar que un gobierno elegido por voluntad popular en tres oportunidades es una asociación ilícita. ¿Podría, en cambio, un tribunal de justicia ser una asociación ilícita?
La respuesta es “sí”, definitivamente. Pero con un condimento adicional que lo hace particularmente perverso: el Poder Judicial se juzga a sí mismo. Y se aprovecha de factores políticos generalmente circunstanciales para blindarse ante una acusación sólida en su contra.
¿La Corte Suprema argentina puede ser una asociación ilícita?
El artículo 210 del Código Penal establece penas de prisión o reclusión de tres a diez años para quien “tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. También precisa que “para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”. Y eleva las penas de cinco a 20 años “cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional”. Para este caso extremo es necesario que se conjuguen dos características de un menú de ocho opciones. Entre esas características figuran “estar integrada por diez o más individuos; operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país y recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”.
La Corte está integrada hoy por cuatro miembros, tres de los cuales conforman (para determinados temas sensibles, con connotaciones políticas) una nueva mayoría automática, como aquella que favorecía sistemáticamente al gobierno de Carlos Menem. Es decir que el primer requisito, tres o más integrantes, está cumplido.
Tiene una estructura jerárquica: hay un presidente, un vice y dos vocales. Pero además, cada juez de la Corte tiene sus colaboradores directos, de alta influencia y responsabilidad en sus decisiones, que integran su grupo de trabajo. Segundo requisito cumplido: jefe, organizador(es), miembros.
Ante las eventuales refutaciones sobre que la Corte es un cuerpo establecido en la Constitución Nacional, cabeza –además- de uno de los tres poderes de la República, la respuesta es la misma que fue aplicada por al menos un juez y dos fiscales a un gobierno nacional. Si un gobierno puede complotarse para delinquir, ¿por qué no podría hacerlo un tribunal? En uno y otro caso, son seres humanos (aunque en algunos casos no lo parezca) los que los integran y la misma corrupción que puede tener un presidente le puede caber a un juez. Podrían, eso sí, variar las figuras: en un caso llamarse peculado o administración fraudulenta, en el otro –además- prevaricato, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Tercer requisito cumplido: la organización, bajo el paraguas de la institucionalidad, se articula para cometer “delitos indeterminados”. Más de uno; la enumeración de los actos presuntamente delictivos que se le pueden reprochar a la Corte Suprema es incompleta.
Las acciones de la Corte proyectan sus alcances en todo el país. Incluso en aquellas jurisdicciones en las que la propia Procuración General de la Nación (a cargo del interino eterno Eduardo Casal) le advierte que no debería entrometerse. Los casos de las elecciones de San Juan y Tucumán son muestra evidente de ello. Y lo que podría hacer en relación con Formosa lo confirma.
Si bien se mira, esa multiplicidad geográfica bien se podría equiparar a aquello que establece el Código como agravante: “operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país”.
Está claro, además, que los fallos que viene adoptando la Corte tienen un permanente beneficiario. Más que eso, lo que se destaca es que esas resoluciones del máximo tribunal perjudican a una fuerza política en sus distintas formas y en sus diversos roles institucionales.
Uno de los principales colaboradores del presidente del tribunal daba consejos e indicaciones sobre temas que debía resolver la Corte a un funcionario de una de las partes. Así lo demuestran las filtraciones de chats que no se pueden usar judicialmente pero que existen. Más allá de algún cacareo vacuo, nada indica que lo que dicen esos chats sea falso. Ni siquiera sus protagonistas.
Otro requisito cumplido. “Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”.
La sumatoria de todos esos factores, puestos en la cabeza del Poder Judicial, ineludiblemente pone “en peligro la vigencia de la Constitución Nacional”.
Un juez que forzara la interpretación de la figura de la asociación ilícita con un diez por ciento de la enjundia y dedicación con que la corporación judicial ve corrupción sólo de un lado de la grieta podría perfectamente avanzar en una causa por asociación ilícita contra los magistrados de la Corte.
El problema no es la falta de buenos jueces, que los hay y son mayoría en el Poder Judicial. El problema real es que no se animan a hacer justicia cuando del otro lado está el poder real y sus patrocinantes y sostenedores.
Una década entera. Diez años desde aquella media maratón en Rosario en donde la vida se terminó imponiendo ante la muerte. Y entre medio terminar asumiendo como en aquel viejo principio taoísta que donde va la atención, va la energía. Para poner la cabeza donde pisan los pies.
Si la lucha son todas las luchas, hay una necesaria continuidad entre niñez, jubilados y pueblos originarios. La democracia fetiche necesita hacer negacionismo de todo origen. La cultura represora, el Gobierno de Ocupación, las derechas no toleran conocer ningún origen porque necesitan indultar los destinos. Por eso somos parte del nuevo malón de la justicia y de la paz.
Un decreto habilita a la Policía Federal a requisas y detenciones sin permiso judicial y ante la sola presunción de un delito. En los mismos días los efectivos de esa fuerza recibieron un aumento salarial y se les otorgaron casas del plan Procrear ya adjudicadas. Crecen las normativas represivas en tiempos de incremento de la protesta.
El gobierno liberó la tenencia de armas semiautomáticas. Sólo las usan las fuerzas de seguridad. ¿Para qué necesita una sociedad con violencias emergentes armas costosas y con alto nivel de daño? ¿Para qué armas que deberían estar en cuarteles y destacamentos mudan a las casas? Sin dudas alimentarán a los monstruos. Engordarán a las violencias crecientes.
El deporte es una herramienta efectiva en la prevención de adicciones al fomentar hábitos saludables. Significa un ámbito de contención cuando el espacio que se ofrece es seguro para el mejoramiento del bienestar emocional para la construcción de relaciones positivas. Para que esto ocurra es necesario que se instrumenten políticas públicas para que los campos de juego no se transformen en un ring
Patricia Bullrich anunció, en un contexto de aumento de la conflictividad social, la creación de un nuevo bureau de las fuerzas de seguridad -con la tecnología y los métodos del FBI y la eficiencia y la pericia locales. El objetivo: controlar la organización que viene creciendo por debajo, ahora desde las redes sociales.
Femucor quiere replicar en la provincia un acuerdo de financiamiento celebrado entre Mutual 9 de Julio de Morteros y la Municipalidad de Villa María. Se trata de un programa de microcréditos para conexiones domiciliarias
Procesaron a un morterense por transportar casi medio kilo de marihuana después de ser interceptado en un camino rural cercano a Marull. Investigan contactos en nuestra región.
Diputados se comprometieron a gestionar para que la Justicia evite el cierre y desmantelamiento de la firma Verónica y los trabajadores no descartan una denuncia a la ley penal tributaria y por retención de fondos.
El hecho que no fue prevenido ni esclarecido por la policía, tampoco fue informado. La víctima de un robo desarrolló su propia investigación logrando encontrar parte de los elementos que le llevaron.
Un joven de 22 años falleció al caer de su caballo cuando estaba enlazando animales en el Paraje Saladillo del Rosario en el departamento Salavina, Santiago del Estero
