(el periódico) La cárcel de San Francisco viene siendo escenario del funcionamiento de bandas de presos que cometen todo tipo de estafas mediante el uso de celulares. También hechos delictivos vinculados al negocio de la venta de drogas.

Y, pese a que los teléfonos están prohibidos por ley dentro del Servicio Penitenciario, en los últimos días, producto de operativos del mismo personal que trabaja en el lugar, se secuestraron 93 celulares en algunos pabellones.

El dato fue confirmado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del que depende el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).

Por el momento no hay personal de San Francisco involucrado, aunque hay una investigación en curso ya que habría guardiacárceles bajo la lupa.

Complicidad

Mientras hay varios detenidos que buscan encerrados la forma de resocializarse para cuando les toque volver a una vida en libertad, otros convictos mueven los hilos de adentro hacia afuera y siguen vinculados a la delincuencia.

Para poder hacerlo acceden a herramientas clave, como los teléfonos celulares: “Si vos le sacás el celular y la droga, adentro de la población carcelaria se pudre”, afirmó sin ningún tapujo una fuente policial.

Este escenario lleva a plantearse la posible complicidad entre los detenidos y un sector del servicio penitenciario. Pero también explica que los presos que afuera tenían poder, una vez tras las rejas necesitan mantener su estructura delictiva sin importar que ya tengan una condena.

Claro que esto no sucede solo en la cárcel de San Francisco. Esta semana, publicó La Voz del Interior, que tres guardiacárceles quedaron en situación pasiva sospechados de integrar una banda que se dedicaba presuntamente a introducir celulares a pabellones de la Cárcel de Cruz del Eje, en el norte provincial.

Preocupación

Aunque no sea algo nuevo, que grupos operen desde las sombras de un penal genera mucha inquietud en la Justicia. “Preocupa el tema, en los procedimientos que hemos hecho se lograron secuestros de celulares. Esto genera una operatoria difícil de investigar porque están a nombre de terceras personas, operan de manera clandestina, de forma intensa y eso trae complicaciones en temas como estafas y narcomenudeo”, señaló tiempo atrás el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, ante la consulta de El Periódico.

Alberione indicaba en ese momento que existe un centro de monitoreo dentro del servicio penitenciario, pero remarcó: “No se entiende cómo puede haber tanta operatividad dentro de una cárcel, es un tema a resolver y de manera urgente”.

Call center

En julio del año pasado, la Policía Federal (PFA) desarticuló una banda criminal dedicada a las estafas telefónicas que operaba desde la cárcel de San Francisco, con más de 30 personas involucradas, entre detenidos y otros. También se secuestraron armas y dinero, entre otros elementos.

Desde la fuerza precisaron que las investigaciones comenzaron en mayo del 2020, cuando por medio de llamados telefónicos diferentes reclusos se hacían pasar como integrantes de una empresa de cobro mediante Posnet o Lapos, solicitando en forma diaria la devolución de crédito por las ventas producidas a diferentes estaciones de servicio de la firma YPF.

Así, agregaron que la investigación exhaustiva demostró que utilizaban tarjetas del Plan Alimentar que pertenecían a dos mujeres oriundas de la ciudad de Córdoba y que los llamados provenían desde el interior de la cárcel de San Francisco, donde ya otras instancias judiciales de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires habían ordenado allanamientos y detenciones por estafas telefónicas.

"Se estableció que los internos de la unidad carcelaria en cuestión poseían una especie de 'call center' armado dentro del penal, y que a su vez recababan cuentas en las que dirigían el botín de los hechos a través de transferencias bancarias", explicó la Federal en un comunicado.