Miguel Peiretti
(La Arena) En una sociedad cruzada por ásperos enfrentamientos políticos, económicos, sociales y hasta deportivos, con frecuencia exacerbados a niveles inauditos por actores mediáticos más interesados en obtener puntos de rating que puntos de acuerdo, era inevitable que este traumático homicidio también terminara siendo pasto de aquellas fieras. Fue así que hubo voces que procuraron elevar la discusión pública abordando temas y problemas sensibles como el de los prejuicios de género presentes en el aparato judicial, las falencias de los organismos públicos a la hora de proteger a las infancias en riesgo o el sistema penitenciario como lugar de resocialización o de castigo. Pero también hubo un fuerte coro que buceo en las aguas de las emociones más violentas, que pretendió igualar conceptos de justicia y venganza y se posicionó en el lugar de las víctimas como si fuera el único que otorga autoridad para hablar de lo sucedido. Como si el ejercicio del derecho y de la administración de justicia no hubieran evolucionado históricamente en un proceso de institucionalización estatal para superar el estadio de la vendetta.
El informe sobre la visita a nuestra provincia del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, divulgado por este diario, muestra las falencias que tiene el sistema carcelario pampeano. Es un documento oportuno que -ojalá- pueda servir para ilustrar cómo son las condiciones de vida de los condenados y qué se puede esperar de su tránsito por esos recintos. Es cierto que La Pampa no es de las que peor está en la materia, pero aún así la demanda del CNPT fue taxativa: el Estado provincial debe crear su propio sistema penitenciario para no depender de otras jurisdicciones que condicionan el uso de sus instalaciones. Casos de maltrato, apremios, hacinamiento o traslados a otras provincias, tal como informa el Comité, son frecuentes y deberían sensibilizar a la sociedad a la hora de reclamar que caiga el peso de la fuerza punitiva del Estado sobre quienes han violado la ley. Hay una progresión de las penalidades en función de la gravedad del delito cometido, y nadie pretende que ningún crimen quede impune. Pero los prejuicios sociales, raciales o de género, junto a una demagogia punitivista presente en no pocos dirigentes políticos, periodistas y "expertos" de todo tipo han estimulado una suerte de competencia por ver quién exige más ensañamiento carcelario. El "que se pudran en la cárcel" parece avanzar a paso redoblado y en no pocos casos con independencia de la transgresión cometida. Muchos se consideran autorizados a hablar de "prisión perpetua" o de "reclusión por tiempo indeterminado" o de "agravantes" sin conocer estrictamente su significado y con el único fin de expresar un sentimiento de solidaridad con las víctimas.
No está mal esa identificación, esa muestra de empatía con el que sufre, el problema surge cuando se manipulan mediáticamente esas emociones por parte de quienes pretenden imponer su propia versión de la ley.
